Un socio de la empresa Balam, que le vendió a la PGR el malware espía, fue uno de los cinco casos de perdón fiscal en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Por Zorayda Gallegos y Daniel Lizárraga/MCCI
Rodrigo Ruiz de Teresa Treviño, socio de Balam, una de las empresas relacionadas con la venta del programa espía Pegasus a la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR), fue acusado de defraudación fiscal en 2014 por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), durante la administración de Enrique Peña Nieto, pero dos años después la misma dependencia lo perdonó.
El 23 de octubre de 2014 la SHCP presentó una querella porque Ruiz de Teresa consignó en su declaración anual del Impuesto Sobre la Renta (ISR), ingresos menores a los realmente obtenidos en el ejercicio fiscal 2011, y provocó con ello un daño al erario de 1 millón 35 mil 555 pesos.
En los documentos entregados a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), tras solicitudes de información hechas a la SHCP y al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), quedó evidenciado que el empresario de 36 años fue uno de los cinco casos en los que Hacienda solicitó el sobreseimiento (un desistimiento de la acción penal) ante el Poder Judicial.
El entonces subprocurador fiscal, José Ulises Gómez Nolasco, envió al juzgado un oficio para solicitar el sobreseimiento. En el documento puede leerse que Ruiz de Teresa se comprometió a repartir volantes en restaurantes y bares para concientizar a los jóvenes de que paguen sus impuestos.
Justamente entre 213 y 2015, cuando Hacienda perdonó ese adeudo, algunas revistas del corazón y de espectáculos ubican a Ruiz de Teresa como uno de los dueños de la franquicia de restaurantes El Costeñito. En el sitio web de esta cadena, se anuncian con sucursales en 14 estados incluyendo la ciudad de México.
El malware espía Pegasus fue comprado por la desaparecida PGR en 32 millones de dólares al Grupo Tech Bull. El contrato lo firmaron Tomás Zerón, ex director de la Agencia de Investigación Criminal, y Luis Armando Pérez Herrero como apoderado legal de la compañía, como lo reveló MCCI el 28 de julio del 2017.
Según documentos del Registro Público de la Propiedad, Pérez Herrero vivió en el pueblo de Santa Lucía, municipio de Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. Esa dirección corresponde a comercios y viviendas en las que se rentan habitaciones. Los vecinos no conocían al representante la empresa. Los dueños legales, Carlos Cayetano Miguel, 27 años de edad, contador público egresado del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y Jorge de Jesús Sánchez, 30 años de edad, técnico en informática por el Conalep no tenían antecedentes en la iniciativa privada, ni experiencia en seguridad nacional. Los tres residían en asentamientos irregulares.
Grupo Tech Bull se constituyó el 10 de octubre de 2013 en la ciudad de México y apenas un año después, el 29 de octubre de 2014, vendió Pegasus a la PGR. De acuerdo con una red de correos electrónicos filtrados por la organización Wikileaks, esa empresa es una filial de Balam Seguridad Privada creada el 15 de mayo de 2012 por Asaf Zanzuri y Rodrigo Ruiz de Teresa Treviño.
En esos mensajes se identifica a Rodrigo Ruiz como el director de Balam. Uno de los remitentes de esas comunicaciones es Pérez Herrero, quien firmó los contratos con la PGR.
En una charla con MMCI, Rodrigo Ruiz de Teresa Treviño aseguró que la empresa Tech Bull nunca ha pertenecido a Balam Seguridad Privada y dijo que sus datos personales, así como sus catálogos, fueron usados ilegalmente. En julio del 2017, MCCI pidió una entrevista grabada sobre este tema con el empresario, sin embargo, no aceptó argumentado razones de seguridad.
Rodrigo Ruiz ha difundido parte de sus actividades personales y como empresario en redes sociales. Su tío es Guillermo Ruiz de Teresa, quien se desempeñó como coordinador de Puertos y Marina de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en el pasado Gobierno.
El controvertido perdón fiscal
El perdón fiscal es una figura prevista en el Código Fiscal de la Federación, pero poco se sabe sobre quiénes son los absueltos tras defraudar al fisco o por qué motivo se les otorga este selectivo beneficio, ya que la SHCP se ha negado a transparentar quiénes son los favorecidos.
Ruiz de Teresa no es el único beneficiado con el perdón fiscal. En el sexenio de Peña nieto cinco expedientes fueron sobreseídos, pero la SHCP, amparada en una resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), se negó a informar la identidad de las personas beneficiadas.
El Poder Judicial entregó a MCCI uno de los cinco expedientes en los cuales se revela que Rodrígo Ruiz de Teresa fue uno a de los favorecidos. El 8 de octubre de 2015 él presentó un escrito ante la SHCP:
“Si bien la petición de sobreseimiento constituye una facultad discrecional de esta autoridad fiscal, considero que en el caso que nos ocupa la solicitud del suscrito para que dicha petición se formule es plenamente atendible tomando en consideración los antecedentes del suscrito y las circunstancias en que se dieron los hechos”.
José Ulises Gómez Nolasco, y el ex director general de Delitos Fiscales, José Miguel Contreras Saldívar, calificaron como procedente detener el proceso contra el empresario que se desahogaba en un juzgado federal tras verificar el pago de los adeudos fiscales correspondientes al año 2011 -hecho que detonó la investigación-.
Pero hubo algo más, una peculiar propuesta por parte del joven empresario. De acuerdo con los documentos en poder de MCCI, uno de los elementos tomado en cuenta para el perdón fiscal fue que el propio Rodrigo Ruiz contribuiría con la campaña oficial llamada, por aquellos días, “Ponte el día en tus impuestos”.
Su propuesta fue que se apoyaría en restaurantes y bares de la Ciudad de México y Monterrey así como en una discoteca de Querétaro para concientizar a los jóvenes sobre los impuestos.
“El objetivo es poner volantes de cada una de las cuentas y un tríptico al centro de las mesas, junto con las sugerencias del día o del menú con frases concretas como ‘Ponte al día, paga el IVA’”, se lee en el escrito presentado ante las autoridades hacendarias.
La investigación en contra del empresario comenzó en septiembre de 2014. El 30 de ese mes los contadores públicos de la SHCP se percataron que el contribuyente había declarado ingresos menores a los realmente obtenidos. El 23 de octubre de ese año el director de Delitos Fiscales, Josué Miguel Contreras Saldívar, presentó una querella por el delito de defraudación fiscal.
El 5 de noviembre de 2014 la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación de Moneda, inició la averiguación previa. Justamente ese mismo año, unos cuantos días antes, el 29 de octubre se había concretado la compra de Pegasus en PGR.
Casi un año después, el 2 de septiembre de 2015 el ministerio público logró consignar la averiguación ante el Juzgado Noveno de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México y el 21 de septiembre de 2015 se ordenó la aprehensión de Ruiz de Teresa.
El 3 de octubre, ya detenido, él hizo su declaración ministerial y fue liberado bajo caución. En la resolución de la causa penal 427/2015 se lee que el 30 de marzo de 2016 el entonces subprocurador fiscal de investigaciones, José Ulises Gómez Nolasco, y el director general de delitos fiscales de la SHCP, Josué Miguel Contreras Saldívar, comparecieron ante el juzgado para ratificar el sobreseimiento del proceso penal que ya se había solicitado mediante un escrito.
El 4 de abril de 2016 el juzgado emitió una resolución tras la petición hecha por la SHCP y otorgó el sobreseimiento con efectos de sentencia absolutoria. “Por consecuencia se declara extinguida la acción penal”, se lee en la resolución judicial.
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