La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves, de manera unánime, la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Organizaciones Sociales que prevé la disolución judicial de estas agrupaciones que violen la normativa.
Durante la sesión, el Legislativo acordó incluir en el texto, a petición del diputado Diosdado Cabello, que se prohíba a las ONG recibir aportes para el financiamiento al “terrorismo” porque, aseguró, hay organizaciones que reciben fondos y luego patrocinan “guarimbas” (protestas violentas).
“Estas ONG reciben fondos y las vemos financiando guarimbas, financiando hechos de terrorismo en el territorio nacional y esto serviría para ponerle freno y coto a esa posibilidad”.
Te puede interesar > Biden no entendió pregunta sobre nuevas elecciones en Venezuela; la Casa Blanca aclara
ONG tienen prohibido promover el “fascismo, la intolerancia o el odio”
Las ONG, de acuerdo a la nueva ley, tienen prohibido recibir aportes económicos destinados a organizaciones políticas o realizar aportes económicos a dichas formaciones, así como promover el “fascismo, la intolerancia o el odio”.
Asimismo, establece como causales de disolución de estas asociaciones el incumplimiento de estas prohibiciones, declarado por decisión judicial, así como la falta de pago de cualquier multa impuesta “de conformidad con esta ley, una vez agotados los recursos judiciales disponibles”.
El texto indica que los tribunales de primera instancia en materia civil serán los competentes para acordar la “disolución de una organización social sin fines de lucro”, a la que “deberá garantizarse el derecho a la defensa y el debido proceso”.
Deberán notificar “el financiamiento o donaciones” que reciban
Las ONG deberán, por ley, notificar “el financiamiento o donaciones” que reciban, a fin de “asegurar la licitud de los fondos”, además de declarar las “donaciones recibidas con plena identificación de los donantes, indicando si son nacionales o extranjeros, accidentales o permanentes”.
Por otra parte, según el texto, corresponde al Ejecutivo el “seguimiento y control del cumplimiento” de los “deberes y prohibiciones” establecidos en la nueva legislación, para lo que, entre otras medidas, implementará y evaluará mecanismos que sirvan para estos fines.
La Asamblea Nacional retomó la discusión de esta ley tres meses después de su último debate al respecto, el pasado mayo, pese a las advertencias de numerosas ONG, que alertan de una “supresión del espacio cívico y del derecho de asociación”.
La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves, de manera unánime, la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y Organizaciones Sociales que prevé la disolución judicial de estas agrupaciones que violen la normativa.
ONU y ONG expresan preocupación
El martes, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, pidió al gobierno de Venezuela que rechace este texto legislativo, así como el de un proyecto de ley para regular las redes sociales, por el impacto negativo que tendrían en los derechos humanos y en la democracia.
“Al final lo que se quiere es reprimir a las ONG con este proyecto de ley que se une a la ola represiva luego del 28 de julio y que lo que busca es cerrar definitivamente el espacio cívico”, dijo el abogado Ali Daniels, codirector de Acceso a la Justicia, una asociación civil que monitorea el sistema legal.
Es preocupante “por el discurso estigmatizador utilizado, según el cual se asocia la acción de las ONG y otras organizaciones con servir de ‘fachada para el terrorismo’; así como la difusión de ‘expresiones de odio social y ideas fascistas’”, dijo esta semana Gina Romero, Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación.
Asimismo, Jorge Alejandro Rodriguez Moreno, diputado en el exilio, expresó su rechazo a la ley aprobada y señaló que representa un “grave atentado” contra las libertades fundamentales y la autonomía de la sociedad civil venezolana.
“Las ONG y organizaciones sociales sin fines de lucro han sido pilares esenciales en la defensa de los derechos humanos, el alivio humanitario y la promoción del desarrollo sostenible en el país, en medio de una de las crisis más devastadoras de nuestra historia.
“Sin embargo, con la implementación de esta ley, se busca someter a estas organizaciones a un control estatal excesivo, limitando su capacidad de actuar de manera independiente y en beneficio de las comunidades más vulnerables”. (EFE y Reuters)
Source link