Un tribunal en Venezuela ha dictado una medida privativa de libertad en contra de Javier Tarazona, su hermano Rafael y Juan de Dios García, miembros de la ONG Fundaredes. Los activistas civiles están acusados de terrorismo, traición a la patria e instigación al odio y deben enfrentar a partir de ahora un proceso judicial. Johhny Romero, otro de los voluntarios de la organización, fue liberado poco después sin cargos.
En los últimos dos años, Fundaredes se ha especializado en denunciar la situación política y social de la frontera venezolana con Colombia. También ha hecho señalamientos específicos en torno a las operaciones políticas de la guerrilla colombiana en pueblos fronterizos, como escuelas, centros sociales y estaciones de radio financiadas por la guerrilla, con la anuencia de los efectivos y jefes militares venezolanos, particularmente en el Estado andino de Táchira.
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Fundaredes hizo un trabajo de contraloría e información durante la operación militar que el Ejército venezolano hizo en el municipio Páez del Estado de Apure, también en la frontera colombiana, en contra de facciones disidentes de las FARC.
Muchos políticos y activistas opositores han denunciado que las operaciones políticas y de captación de la guerrilla colombiana van más de las zonas fronterizas, muy particularmente en las zonas mineras del sur del país, en la cual abundan reportes sobre la presencia de cuadros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en actividades extractivas, y que también han sido naturalizadas por el Gobierno de Maduro con un silencio sobre el tema. La Administración chavista no se ha pronunciado sobre la medida contra los miembros de Fundaredes.
Durante el episodio de la embestida antiguerrillera del Ejército venezolano en Apure, en la cual hubo un número indeterminado de bajas y varios militares venezolanos fueron secuestrados temporalmente por los irregulares, Fundaredes cuestionó la opacidad informativa de las autoridades y criticó al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, por el manifiesto descuido y la ausencia del Estado venezolano en resguardo de la soberanía nacional, poniendo en duda los reportes oficiales que registraban una exitosa misión militar en la zona.
El pasado viernes, mes y medio después del episodio de Apure, Javier y Rafael Tarazona, junto a García, se presentaron en la sede de la Fiscalía General de la República en la ciudad occidental de Coro, a unos 600 kilómetros de Caracas, para denunciar que venían siendo objeto de seguimientos, hostigamientos y amenazas por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), la policía política del chavismo.
Una vez que se presentaron en la oficina, fueron detenidos, las presentaron sus cargos y su paradero se desconoce. Se ha informado que permanecen en La Planta, en Caracas, una prisión que entró en desuso, hoy destinada para prisioneros internacionales. De acuerdo con las fuentes consultadas, Tarazona era un frecuente visitante de las oficinas del Ministerio Público para consignar denuncias y hacer seguimiento a los planteamientos de Fundaredes ante las autoridades.
Marino Alvarado, director de la ONG de Derechos Humanos Provea, también amenazada por el régimen de Maduro en el pasado, pidió a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, que interceda por Tarazona y sus compañeros. “Tres nuevos presos políticos en Venezuela: los integrantes Fundaredes. Víctimas de un generalizado y sistemático ataque en contra de la población y persecución selectiva a las organizaciones de derechos humanos” ha declarado Provea en un comunicado.
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