Eran las 4:00 p.m. del 29 de julio cuando cayó el indio Coromoto. Una multitud protestaba desde la mañana en Guanare en oposición a los resultados de la elección presidencial emitidos por el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso.
En cada intersección vial de la ciudad había quema de neumáticos y gente diversa en las calles. Cientos de motorizados avivaban banderas tricolor y tocaban cornetas en el momento en que se desplazaban en caravana.
En la redoma Indio Coromoto, donde coinciden las avenidas José María Vargas, José Vicente de Unda y Simón Bolívar, se congregaron cientos de personas para manifestar su descontento y exigir transparencia electoral. «¿Si ganamos ampliamente con Edmundo, cómo es que el Gobierno dice que ganó Maduro?», se preguntaban los manifestantes.
La protesta de la redoma se calentó a partir de las 3:00 p.m. A ninguna hora se observó a los cuerpos de seguridad del estado vigilar preventivamente ni ejercer un patrullaje por la zona. «La policía y la Guardia llegaron después de que el indio había caído», señalaron vecinos del Maturín, un barrio popular asentado en el perímetro del monumento.
El indio fue derribado y arrastrado en una caravana motorizada por las principales calles del centro de Guanare sin que los manifestantes consiguieran oposición a este evento. Finalmente, luego de tres horas de paseo, el amasijo de hierro forjado fue dejado frente a la sede del Ejecutivo estadal, ante la mirada e inacción de un contingente antimotín de la policía. Todo parecía indicar que los uniformados estaban conformes.
En su pedestal fue colocada un asta improvisada e izada la bandera nacional. El monumento fue rebautizado por los manifestantes como redoma de la Libertad. Así lo dejaron expreso en grafitis estampados en el redondel amarillo.
Un montaje
Johana González (madre), Albimar Niño (hija), Emma Mendoza (hermana) y Andreína Hinojosa (madre), familiares de los jóvenes apresados, coinciden en asegurar que «la detención fue un procedimiento montado». Argumentan que son jóvenes trabajadores que se desplazaban por las calles para llegar a sus hogares.
«Ninguno de los muchachos actuó en un clan, como quiere hacer creer el fiscal. No son terroristas. No fueron apresados durante la quema del indio. Fueron apresados la noche del 29 en barrios diferentes. Ellos no se conocen. Tampoco figuran en los videos que circularon por redes sociales con las incidencias de la protesta, sostienen las mujeres a El Pitazo al exigir una investigación sería y sin sesgos.
Audiencia colectiva
Zambrano González, Niño Torin, Mendoza Castillo y Peñaloza Inojosa están recluidos en la Comandancia General de la Policía Estadal. Para la celebración de los actos judiciales iniciales fueron trasladados al destacamento 311 de la Guardia Nacional.
A ese cuartel militar de Guanare fueron trasladados los jóvenes para la audiencia oral de presentación durante la medianoche del martes 30 de julio. «El acto no fue más que una formalidad de ley para cumplir con el lapso legal de presentación de los detenidos, el cual se establece hasta las 48 horas luego de la aprehensión», informó la abogada Yelin Soto, a quien no le permitieron juramentarse como defensora privada.
La jueza natural de Zambrano González, Niño Torin, Mendoza Castillo y Peñaloza Inojosa, Lisbeth Karina Díaz —titular del tribunal de control 1—, junto al fiscal 1 del Ministerio Público, Javier Uzcátegui, declinó la competencia para conocer de sus casos.
«Las causas judiciales no fueron individualizadas. Fueron sumadas en un solo procedimiento. Había órdenes previas del fiscal Saab de que esta fuese llevada por un tribunal del Área Metropolitana de Caracas especializado en delitos de terrorismo», denunció José Torres, coordinador regional de la organización no gubernamental Foro Penal.
Así, a las 3:51 p.m. del 1 de agosto se constituyó el tribunal caraqueño para, mediante una videollamada, celebrar la audiencia oral de presentación declinada. El juez Ángel Betancourt y la fiscal 48 nacional María Ojeda, con el acompañamiento del defensor público 41 Samuel Serrano, concluyeron que los jóvenes serán investigados bajo privación de libertad.
A los jóvenes se les imputaron los delitos obstrucción de vías públicas (artículo 357 del Código Penal), incendio de estructura de uso público (artículo 343 del Código Penal), incitación al odio (artículo 20 de la Ley contra el Odio, la Intolerancia y por la Convivencia Pacífica) y terrorismo (artículo 52 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo ) .
A los imputados se les otorgó asistencia técnica legal de la Defensoria Pública con competencia en responsabilidad penal, contrario a las exigencias de los familiares, que solicitaban defensores privados. El tribunal ratificó a la Comandancia General de Policía Estadal, con sede en Guanare, como sitio de reclusión.
Cortesía de Conectas
¿Dónde estaba la policía?
“Mamá, soy inocente. ¡Ayúdame a salir de aquí!”, fue lo primero que le dijo Yhoanderson Zambrano a su mamá, Johana González, cuando ella pudo verlo por 5 minutos en la Comandancia de la Policía Estadal antes de que lo trasladaran al destacamento 311 de la Guardia Nacional.
«Ese lamento no sale de mi cabeza, me aumenta el llanto, la desesperación. El indio no cayó por mi hijo. Él salía de su barbería en el barrio El Cambio. Al indio Coromoto lo tumbaron otros, que actuaron sin que la policía los detuviera», cuenta entre lágrimas Johana González.
“¿Dónde estaba la policía en ese momento, señor fiscal?”, le pregunta la madre a Tarek William Saab.
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