El Gobierno de Venezuela aseguró este sábado que la inhabilitación política de la líder opositora María Corina Machado, ratificada el viernes por el Supremo y que le impide competir en las elecciones presidenciales de este año, es “cosa juzgada”, por lo que “ya no hay absolutamente nada que debatir al respecto”.
“Es cosa juzgada, ya no hay absolutamente nada que debatir al respecto (…) quienes no cumplan con las leyes venezolanas no podrán ser candidatos”, dijo en conferencia de prensa el gobernador chavista Héctor Rodríguez, en nombre de la delegación del Gobierno en las negociaciones con la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia ratificó el pasado viernes las medidas administrativas -ambas con 15 años de duración- en contra del dos veces candidato presidencial Henrique Capriles y de Machado, que el pasado 22 de octubre arrasó en unas primarias organizadas por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) con el 92.35 % de los votos.
Rodríguez dijo que el pronunciamiento del TSJ fue hecho tras una solicitud de la oposición, en el marco de los acuerdos de Barbados del pasado mes de octubre, cuando la PUD y el Gobierno pactaron un conjunto de garantías electorales.
“Lo que pasó, pasó, es cosa juzgada, ahora miremos hacia el futuro, avancemos con fuerza. Convocamos a todos los actores de la sociedad venezolana a que sumemos voluntades para seguir consolidando el tiempo de paz (…) Quienes apostaron a la violencia han fracasado y tienen que asumir sus consecuencias”, señaló el gobernador.
Foto: Archivo Reuters
Además, aseguró que, tras haber cumplido con la revisión de las inhabilitaciones -que derivaron en el levantamiento de las sanciones para cinco opositores y, en cambio, las ratificaron para Machado y para el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles- el Gobierno “está listo” para la instalación de la comisión de verificación de los acuerdos pactados.
Mientras Capriles -uno de los políticos antichavistas mejor valorados, según encuestas- fue castigado por supuestas “irregularidades administrativas” detectadas durante su período como gobernador, Machado está impedida para competir en comicios por haber “sido partícipe de la trama de corrupción orquestada” por el exjefe del Parlamento Juán Guaidó.
Las sentencias dicen que sus solicitudes “no cumplen con lo exigido” en los acuerdos de Barbados.
Oposición pide que se revierta la inhabilitación
La delegación de la PUD para el diálogo pidió este sábado la conformación de una comisión de seguimiento y verificación que evalúe el estatus de los acuerdos firmados en Barbados, pues considera que el Gobierno ha violado parcialmente lo firmado con la ratificación de la sanción a Machado.
El jefe de la delegación antichavista, Gerardo Blyde, explicó en rueda de prensa este sábado que, en este momento, ya debería estar conformado un grupo que evalúe “la verdad y la verdadera ejecución de lo acordado”, tal como se pautó, pero que ambas partes están “en mora” por no haber nombrado a las personas que la conformarán.
Foto: EFE
Blyde pidió que se revierta la sentencia en contra de Machado: “Debe revertirse y volverse de nuevo al estatus anterior (de negociación política)”.
La sentencia, consideró, constituye una “violación del debido proceso y del derecho a la defensa”, al tratarse del final de un “juicio” por el que nunca fue notificada la exdiputada, elegida en unas primarias como candidata de la PUD para las presidenciales previstas para el segundo semestre de este año.
Blyde denunció que la sanción contra Machado está cargada de irregularidades y viola lo pactado con el Gobierno en octubre pasado, cuando las partes firmaron un acuerdo de garantías electorales que establece, entre otras cuestiones, que cada bando escogerá libremente a su candidato para las presidenciales.
El Tribunal Supremo de Justicia aclaró que la medida contra Machado, que se conoció en junio de 2023, empezó a contar en septiembre de 2021, luego de una investigación que comenzó en 2014 y cuyo dictamen fue hecho público este viernes.
La exdiputada ya había sido sancionada en 2015 por un período de un año, que venció en 2016, por lo que, según la información oficial, se mantuvo habilitada durante cinco años, hasta que, en 2021, recibió una nueva sanción, pese a que ella insiste en que no le fue comunicada en ningún momento esta decisión de la Contraloría.
La PUD reiteró hoy en que, pese a la inhabilitación, Machado será su candidata en los comicios de este año, aún sin fecha definida.
Expresidentes iberoamericanos apoyan a Machado
Casi una treintena de expresidentes iberoamericanos, miembros de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), respaldaron a la opositora María Corina Machado en una carta.
En la misiva, publicada por el expresidente colombiano Iván Duque en X, los exjefes de Estado aseguraron que “María Corina Machado, de acuerdo con las reglas de la democracia, sigue siendo la legítima representante de la oposición en Venezuela y su candidata presidencial ante la comunidad internacional”.
IDEA pidió a “los países garantes” de los acuerdos de Barbados “actuar en consecuencia” a lo que dijo el Gobierno de Nicolás Maduro al suscribir estos documentos, que fue “respetar ‘el derecho a cada actor político de seleccionar su candidato’”.
Igualmente instó a la Unión Europea (UE) a “hacer valer su compromiso de velar por ‘el retorno de Venezuela a la senda democrática’”.
La carta fue firmada también por el expresidente del gobierno español José María Aznar y por los exmandatarios de Colombia Andrés Pastrana y Álvaro Uribe; de Chile Eduardo Frei y Sebastián Piñera; de Ecuador Guillermo Lasso, Lenin Moreno, Lucio Gutiérrez, Osvaldo Hurtado y Jamil Mahuad, y de Bolivia Jorge Quiroga y Carlos Mesa.
La suscribieron además los expresidentes de Paraguay Mario Abdo, Federico Franco y Juan Carlos Wasmosy; de Costa Rica Óscar Arias, Laura Chinchilla, Rafael Ángel Calderón, Miguel Ángel Rodríguez y Luis Guillermo Solís; de Panamá Nicolás Ardito, Ernesto Pérez y Mireya Moscoso, y de México Vicente Fox.
Igualmente fue firmada por el exmandatario salvadoreño Alfredo Cristiani y el expresidente uruguayo Luis Alberto Lacalle.
(Con información de EFE)
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