Los principales partidos de oposición en Venezuela informaron este lunes que no reconocerán el resultado de las elecciones parlamentarias que deben realizarse este año, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designara unilateralmente a las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE).
El anuncio anticipa una nueva escalada del conflicto de poderes que envuelve al país desde enero de 2019, cuando la Asamblea Nacional (AN, parlamento), con holgada mayoría opositora, desconoció el nuevo mandato del presidente Nicolás Maduro y designó un gobierno interino encabezado por su titular, Juan Guaidó.
La decisión del TSJ incurrió en “gravísimas irregularidades” y “da al traste con la necesidad que tiene el país de contar con un árbitro electoral imparcial y equilibrado”, dijeron 11 fuerzas opositoras en un comunicado conjunto.
“Violando las competencias establecidas en la Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Electoral, los juristas del horror dictatorial volvieron a usurpar las atribuciones de la legítima AN, pretendiendo ahora imponer unos supuestos rectores (directores) del CNE”, sostiene el documento.
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Los firmantes rechazaron “de manera firme y categórica la pretensión” del oficialismo de “convocar una farsa electoral parlamentaria que, sin contar con las condiciones mínimas de transparencia, confianza y libertades públicas, solamente servirá para agravar la actual crisis política y humanitaria” que vive el país.
“Queremos dejar claro ante el país y el mundo que los partidos democráticos venezolanos no convalidaremos ni reconoceremos ninguna farsa electoral” ni “mucho menos los resultados dados por unos supuestos rectores elegidos a dedo”, subraya la nota, publicada en las cuentas de los partidos firmantes en redes sociales.
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Suscriben el texto los mayores partidos opositores, nucleados en el Grupo de los Cuatro (G4): Voluntad Popular (VP, de Guaidó y Leopoldo López), Primero Justicia (PJ, de Henrique Capriles y Julio Borges), Un Nuevo Tiempo (UNT, de Manuel Rosales) y Acción Democrática (AD, de Henry Ramos Allup).
También lo hacen Encuentro Ciudadano, el Comité de Acción Política Electoral Independiente (Copei), La Causa R, Proyecto Venezuela, Movimiento Progresista de Venezuela y Nueva Visión Para mi País (Nuvipa).
El nuevo conflicto
El TSJ designó el viernes pasado directores titulares y suplentes del CNE, que sigue teniendo mayoría chavista entre sus autoridades, después de declarar la “omisión inconstitucional de la AN en desacato”, según informó la propia corte en un comunicado.
El oficialismo quedó representado por la nueva presidente, Indira Alfonzo -hasta el viernes, primera vicepresidenta del TSJ-, la ex presidenta del TSJ y hasta el viernes jueza de esa corte Gladys Gutiérrez y Tania D’Amelio, la única integrante de la anterior conducción del CNE que permaneció en el cargo.
El directorio se completa con el ex diputado Rafael Jiménez, que militó en UNT, y el abogado José Luis Gutiérrez, hermano de un dirigente de un sector de AD enfrentado con la conducción partidaria.
La Constitución de Venezuela establece que las autoridades del CNE deben ser nombradas por la AN, pero este poder -integrado por una holgada mayoría opositora- se encuentra inmerso en un conflicto institucional.
El 5 de enero pasado, cuando debían elegirse las autoridades de la AN para el presente año legislativo, un grupo de diputados chavistas y antiguos opositores designó una conducción encabezada por Luis Parra en una sesión sin quórum y a la que la policía impidió el acceso de la mayoría de los legisladores.
Paralelamente, en otra sesión con quórum efectuada en instalaciones del diario El Nacional, televisada y con la lista de asistentes publicada, la mayoría reeligió a Guaidó para la presidencia de la AN.
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Casi cinco meses después, el 28 de mayo, el TSJ declaró nula la elección de las autoridades encabezadas por Guaidó y reconoció a la conducción presidida por Parra.
La elección de un nuevo CNE formó parte de la última mesa de diálogo entre el chavismo y la oposición, celebrada el año pasado bajo el auspicio del gobierno de Noruega y suspendida al cabo de varios encuentros.
El asunto es clave con vista a las elecciones que deben realizarse a fin de año para renovar la totalidad de la AN, después de los cuestionamientos a la anterior conducción del CNE, acusado de parcialidad a favor del chavismo, y de los comicios presidenciales de 2018, en los que fue reelecto Maduro sin reconocimiento de la oposición y de 59 países.
Fuente: agencia Télam
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