En Quinta Crespo, uno de los principales mercados de Caracas, pueden cruzarse en un mismo día Beatriz, que lleva un brócoli que le costó un dólar y será lo que coma durante dos días; el exvigilante Cruz, con unos pocos tomates, un pimentón estropeado y una cebolla por los que pagó lo mismo que Beatriz; y Petra, que trabajó toda su vida como auxiliar de docente en un preescolar y ese viernes compró unos cuantos huevos por el doble de lo que pagaron Beatriz y Cruz por los vegetales. Son pensionistas venezolanos y se les ha ido casi un tercio de su pensión mensual, equivalente al salario mínimo, en esas compras que estirarán para comer unos pocos días.
Un mujer cuenta bolívares para realizar compras en un mercado de Caracas.Gabriela Oráa
El ingreso mínimo vital en Venezuela está fijado en 130 bolívares, que equivalen a unos 5,4 dólares, vuelve a rozar niveles de miseria, tras una voraz devaluación de la moneda en los últimos meses, y se ubica como el más bajo de América Latina, seguido por los de Haití y Cuba que este 2023 están más cerca de los 100 dólares, por encima de los 57 dólares mensuales que según Naciones Unidas marca el umbral de la pobreza extrema. El salario que una parte de los venezolanos percibe en un mes alcanza para una bolsa de pan y un litro de leche, para apenas para un paquete de cuatro rollos de papel higiénico o una caja de 30 pastillas de un antihipertensivo genérico. No alcanza para pagar las tarifas de los servicios de luz, agua y teléfono en una vivienda.
La exigencia del aumento del salario mínimo y, con ello el consecuente empuje de toda la escala salarial de la administración pública, ha impulsado más de un millar de protestas en lo que va de 2023 en toda Venezuela. Los maestros, profesores universitarios, trabajadores del sector salud y de las industrias básicas han liderado las manifestaciones que se repiten a diario sin que el Gobierno de Nicolás Maduro termine de anunciar medidas. La semana pasada volvieron a salir a la calle y los docentes universitario hicieron un paro de 48 horas. “Pariremos los recursos”, dijo el mandatario hace días tras asegurar que su administración vive una fase de “parto y resistencia” por las sanciones internacionales de Estados Unidos. Este mes de marzo se cumple un año del último ajuste del salario mínimo que se ha vuelto nada.
Hace unos días, en una protesta de los docentes, dirigentes del gremio exigieron que se usen los recursos producto de la explotación del Arco Minero del Orinoco, en donde se ha refugiado el Gobierno venezolano para suplir la merma de los ingresos petroleros, para aumentarles el sueldo, cancelar lo que les adeuda el Estado desde 2018 y restituir otros derechos laborales. Los docentes pidieron a la Inspectoría del Trabajo intervenir en el conflicto que los ha mantenido en la calle y los ha obligado a reducir las jornadas de clases como manera de presión.
Personas hacen fila para comprar en una tienda de Caracas. Gabriela Oráa
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La manifestación no llegaba a 100 personas, pero estuvo fuertemente vigilada por funcionarios policiales y de inteligencia del Gobierno. Allí estaba Jorge Guerra, profesor de matemáticas y física, que percibe casi cuatro salarios mínimos de sueldo (480 bolívares, unos 20 dólares) y se lo gasta enteramente en el transporte para trasladarse hasta el trabajo. Como muchos docentes, Jorge busca otros trabajos. “Un día trabajé como caletero y me gané lo que gano todo un mes como docente, también he trabajado como ayudante de pintura y gano mucho más”, dice. “He pensado en dedicarme a eso y no volver a la docencia”.
La familia la sostiene su esposa que trabaja en el sector privado y obtiene bonificaciones en dólares que le permiten pagar el alquiler de la vivienda. Ese día, Jorge llevaba en su mochila los productos del Clap, el programa a través del cual el Gobierno vende alimentos subsidiados que son parte de la dieta de gran parte de los venezolanos. En muchas comunidades, estos productos se intercambian por otros, un negocio de trueque que recicla los alimentos que compra el Gobierno, bajo un esquema que ha sido señalado de corrupción. El maestro sacaba bolsas y bolsas de harina para encontrar una lata de sardinas y otra de jamón, las únicas proteínas que ese mes incluía su asignación.
Jorge Guerra, muestra productos que recibe a través del CLAP, el programa de venta de alimentos a precios subsidiados del Gobierno de Venezuela.Gabriela Oráa
Noris, de 56 años, es funcionaria del Ministerio del Trabajo, y tras casi 25 años de servicio devenga un poco más que el salario mínimo. Con ayuda de su hijo mayor sostiene a sus dos hijos más pequeños con algunas estrategias de supervivencia: rendir el pollo y la carne que pueden comer dos veces al mes con calabacines y otros vegetales y no ha vuelto a comprarse ropa en años. En Carnaval, el Gobierno repartió un llamado “bono de guerra” de 88 bolívares que le permitió comprar un trozo de queso. “Esto es horrible, el dinero no alcanza y no veo mejora”, dice la mujer.
Datos oficiales señalan que en Venezuela hay 5,5 millones de trabajadores que pertenecen a la administración pública, a los que se suman otros cinco millones de pensionistas, que perciben salario mínimo o sueldos que por mucho no cubren la canasta alimentaria de una familia en Venezuela, que algunas organizaciones calculan en 400 dólares mensuales. “Ganar ocho o diez salarios mínimos en Venezuela aún te mantiene en pobreza”, dice el economista José Manuel Puente.
“El problema de fondo es la devaluación y la inflación que ha devastado el salario de los venezolanos. La inflación de enero fue de 39% y la anualizada llega al 440%. Eso destruye la capacidad de compra de los salarios y estar cerca del 50% mensual indica que la hiperinflación podría regresar después de haber vivido el segundo episodio más largo de la historia”, advierte el profesor del Instituto de Estudios Superiores Avanzados en Venezuela y de la IE University y la Universidad de Salamanca en España.
La presión de la masa laboral ha llegado incluso a instancias de la Organización Internacional del Trabajo. Hace unas semanas se logró la instalación de una mesa técnica para discutir entre distintas organizaciones sindicales un método de fijación del salario mínimo que resista mejor los embates de una economía quebrada. Un año atrás, Nicolás Maduro subió el salario de unos dos dólares mensuales a casi 30 dólares. Un alza gigantesca nominalmente, pero que a la vuelta de un año se volvió insignificante porque el tipo de cambio se multiplicó por cinco. El salario mínimo es tan bajo que hace tiempo dejó de ser referencia para el sector privado, que en promedio paga 126 dólares mensuales a sus trabajadores de menor rango.
Para llegar a un método para fijar el salario mínimo se necesitan datos, pero el Gobierno no publica información sobre las finanzas públicas desde hace más de una década. En Venezuela se desconocen los ingresos y gastos y el presupuesto de la Nación no es público. “La contención salarial es una política de Estado para ahorrarse gastos, no entendemos por qué motivos, pero no tiene ninguna justificación”, agrega Hermes Pérez, economista y exfuncionario del Banco Central de Venezuela.
Pérez destaca que pese a la opacidad sobre la gestión gubernamental, los reportes de exportaciones de la OPEP señalan que durante 2022 el Gobierno recibió unos 18.000 millones de dólares de ingresos por venta de petróleo, casi 200% más de lo que generó en 2020 cuando llegaron a 6.000 millones de dólares. Un incremento, aun con las sanciones, producto del aumento de los precios de los crudo tras la guerra de Rusia en Ucrania. “El Gobierno tiene ingresos para pagar salarios superiores a los que paga”, afirma. Además, durante 2022, Maduro incorporó un impuesto a las transacciones en dólares y el Gobierno aumentó su recaudación en 86% con respecto al año anterior, unos 4.700 millones de dólares adicionales, según ha dicho el organismo tributario.
Docentes protestan por un salario digno frente a la inspectoría de trabajo.Gabriela Oráa
El aumento del salario mínimo ha sido considerado durante años como combustible para el alza de precios. Pero hoy, hasta el sector empresarial integrado en la patronal Fedecámaras, se ha sumado al clamor de los sindicatos por aumentarlo, para que esto redunde en un mayor poder adquisitivo que pueda estimular el crecimiento. “La economía es 30% de lo que era hace una década, se quedó enana, y cualquier cosa se hace sal y agua cuando no hay una coordinación entre la política fiscal y la política monetaria. La única manera en que los salarios tengan capacidad de compra es con aumentos de la producción y la productividad”, advierte Puente.
La firma Ecoanalítica registró una caída de más del 23% en el volumen de ventas en Caracas —que se comporta como una burbuja— con respecto a diciembre. Este indicador da cuenta del frenazo que vive la economía y que acelera la conflictividad por demandas salariales y el alza de los precios. Una situación totalmente opuesta a la que se vivió a comienzos de 2022, cuando Maduro comenzó con buen pie el año.
Esta semana la Universidad Católica Andrés Bello presentó una encuesta sobre la situación psicosocial en el país que encontró que para 6 de cada 10 venezolanos consultados la principal fuente de estrés son los problemas económicos. Y en el interior del país la situación puede ser aún más devastadora. Del oriente del país, del pueblo de Güiria, Miguel, de 27 años, emigró a la capital hace cuatro meses. Cuatro años antes ya se había retirado de las Fuerzas Armadas, donde ganaba salario mínimo, para intentar sobrevivir como agricultor.
“Uno trabaja y no alcanza para nada. Aquí uno no tiene ninguna clase de futuro”, dice desalentado. Desde que llegó a Caracas, todos los días comparte una acera bajo el sol con otros vendedores informales de verduras de Quinta Crespo. Así intenta generar ingresos que le permitan costearse la vida en capital y enviar dinero a su esposa, una docente que gana el sueldo mínimo, y las dos hijas que dejó en su pueblo.
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