Víctimas de la represión en las protestas en Perú denuncian intentos de destrucción de pruebas

El presidente interino de Perú, Francisco Sagasti, durante su intervención en el Congreso peruano, este martes.
El presidente interino de Perú, Francisco Sagasti, durante su intervención en el Congreso peruano, este martes.EFE

El cuarto presidente de Perú en menos de cinco años, Francisco Sagasti, ha tomado posesión este martes y ofreció como tarea inmediata buscar un equilibrio entre la salud y la recuperación económica en medio de la pandemia de la covid-19. El país es, después de Venezuela, el más afectado económicamente por el virus en Sudamérica a consecuencia de una larga cuarentena entre marzo y junio que paralizó la mayoría de actividades económicas, salvo las esenciales, y también a que el 70% de la fuerza laboral era informal antes de que fuera declarada la emergencia sanitaria. En el segundo trimestre, 6.7 millones de personas perdieron el empleo y Lima registraba un 15% de desempleo, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática.

El ingeniero industrial ha llegado al cargo una semana después de su predecesor, Manuel Merino quien había reemplazado —también interinamente— al depuesto Martín Vizcarra, investigado por la presunta recepción de sobornos —por más de 634.000 dólares— cuando era presidente regional en 2014. Merino era el presidente del Parlamento y, desde septiembre, fue uno de los promotores de la destitución de Vizcarra argumentando “permanente incapacidad moral”.

Sagasti ha propuesto reducir el incremento de los contagios de la covid-19, “buscando un justo medio, un balance sin afectar severamente la economía, tomando medidas diferenciadas por cada región, y con medidas de emergencia para mejorar la atención de los servicios de salud y de prevención”, expresó en su mensaje de investidura en el Congreso. Otra prioridad del mandatario interino será la estabilidad económica y el equilibrio fiscal, que han estado amenazadas por proyectos de ley que el Parlamento ha aprobado durante la emergencia sanitaria, para que los ciudadanos dispongan de dinero en efectivo retirándolo de fondos de pensiones públicos o privados.

Sagasti añadió que “hay claras y justísimas demandas de sectores del país”, pero que el Estado se enfrenta a “la dura realidad de las arcas públicas disminuidas” debido a que la recaudación fiscal ha caído 30%. Durante la ceremonia de investidura, pidió disculpas a nombre del Estado a los padres de los jóvenes que murieron la noche del sábado en la represión policial de una protesta pacífica contra el Gobierno interino de Merino y contra el Congreso. ”Sean mis primeras palabras para recordar a los jóvenes ciudadanos Jack Bryan Pintado Sánchez y Jordan Inti Sotelo Camargo, lamentablemente fallecidos durante las últimas jornadas de movilización ciudadana realizadas en ejercicio legítimo del derecho fundamental a la protesta”, dijo. “No podemos devolver la vida a estos jóvenes, pero sí evitar que vuelva a suceder, y apoyar decididamente a los heridos. En nombre del Estado pido perdón a sus familiares y a todos los jóvenes que marcharon por la democracia y nos hicieron recordar la importancia que tiene la vocación de servicio”, manifestó.

El Ministerio de Salud informó la noche del martes que atendieron a más de 200 personas por lesiones y, de los 63 heridos hospitalizados entre el sábado y el domingo, aún permanecen internados 22. Sagasti dijo que fortalecerá las entidades que estuvieron en peligro en los seis días del Gobierno transitorio de Merino la semana pasada. Por ejemplo, la entonces ministra de Justicia pidió la renuncia del Procurador General, Daniel Soria, una medida que habría tenido serias consecuencias en la lucha anticorrupción, dado que los principales políticos en actividad en Perú están presos o bajo investigación fiscal. “Promoveremos el fortalecimiento y la autonomía de instituciones clave cuyo accionar independiente debe ser protegido de los vaivenes políticos. Consideramos entre ellas a la Superintendencia Nacional de Educación Superior, a la Procuraduría General del Estado y al Instituto de Radio y Televisión del Perú”, aseguró.

La superintendencia de calidad de la educación universitaria ha sido la entidad más amenazada por el conjunto de partidos políticos que promovió la destitución de Vizcarra, pues querían quitarle atribuciones y obligarla a reabrir universidades clausuradas por no cumplir con estándares mínimos. Varios congresistas y los líderes de sus grupos políticos eran dueños de dichos centros de estudio clausurados. Por otro lado, durante los días de mandato de Merino, sus asesores dieron órdenes a los gerentes de prensa de los medios de comunicación del Estado, para pedirles que no transmitieran las protestas contra el régimen que los jóvenes manifestantes consideraban ilegítimo. Incluso, quien fue el primer ministro criticó las marchas en una entrevista a la televisora estatal. “Tienen que transmitir noticias, pero no se debe exagerar. Hay que tener mucho cuidado en que esa información no se interprete como las cosas que pueden ser nocivas para el país”, señaló Antero Flores Araoz. Perú celebrará sus elecciones presidenciales el próximo 11 de abril en medio de un clima de alta tensión política.


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