Luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) diera a conocer los resultados de la investigación del dictamen sobre el colapso de un tramo de la Línea 12 del metro capitalino, el abogado de un grupo de 20 víctimas pidió acceso inmediato a la carpeta de investigación “para poder proceder con la acción civil ante tribunales de Estados Unidos de Norteamérica contra las empresas involucradas en el diseño, construcción y mantenimiento”.
A través de un comunicado, el asesor y representante legal de las víctimas del colapso de la Línea 12, Cristopher Estupiñan, lamentó que la Fiscalía y su titular, Ernestina Godoy, “no hayan involucrado a las víctimas en todo este proceso de investigación”, y que, hasta este momento, no se les haya acceso a las carpetas cuando es un derecho constitucional.
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El abogado afirmó que no hay ninguna razón ni excusa para que la Fiscalía siga negando el acceso, ya que es un derecho de la víctimas y se necesita para demandar civilmente a las empresas “y conseguir indemnizaciones justas, medidas compensatorias y daños punitivos para los lesionados y para los familiares de las víctimas mortales”.
“No se nos había informado que ayer saldría el dictamen y nos han mantenido fuera de todo este proceso de investigación y dictaminación. Pero aunque nos quieran mantener al margen, a nombre de las víctimas les queremos dejar muy en claro que no vamos a aceptar cualquier compensación”, señaló.
Estupiñan aseveró que el reporte presentado por la Fiscalía ayer “reitera lo que ya había adelantado el peritaje de Carbino Legal”, que el colapso había sido la consecuencia de fallas de origen y vicios en la construcción.
“Una de las empresas responsables directas es Grupo Carso de Carlos Slim, consorcio que tendrá que pagar por los irreparables daño causados (la muerte de 27 personas) y recibir sanciones ejemplares, así como todos los funcionarios responsables de la verificación y supervisión del diseño y de la construcción de la Línea Dorada”, declaró el abogado.
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Durante la presentación del dictamen, la fiscal Godoy afirmó que se presentarán imputaciones penales por los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad en contra de los posibles responsables del colapso, a personas físicas y morales.
En este sentido, Estupiñan pidió que “esas personas morales realmente enfrenten la justicia y tengan la obligación de reparar el daño. También los funcionarios, culpables de la verificación de un diseño que no era el adecuado”.
“Este diseño no fue supervisado y esto es inexcusable. Lo que ocurrió es una monumental negligencia, sobretodo considerando la enorme cantidad de recursos que fueron destinados a la obra”, enuncia el comunicado del despacho Carbino Legal.
Las víctimas también exigieron, a través de su abogado, que dentro de esta reparación del daño se contemplen sanciones por concepto de daños punitivos, a fin de que se imponga una sanción ejemplar a las empresas y que sea un hecho sin precedentes en la industria de la contratación pública en nuestro país”.
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Finalmente Cristopher Estupiñan indicó que las víctimas “de ninguna manera van a aceptar que se haga un fondo para reparar los daños, pues indicó que esto no se trata de dádivas o limosnas, sino de una reparación integral de los innumerables daños causados por el engranaje de corrupción, ineficiencia y negligencia de las empresas constructoras y de los funcionarios de la Ciudad de México, que culminó una de las peores tragedias que ha ocurrido en el Sistema de transporte más importante del país”.
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