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El juez de Madrid Jaime Serret, que instruye la causa contra los seis policías que el 21 de marzo irrumpieron, sin autorización judicial y tirando la puerta abajo, en una fiesta ilegal en una vivienda durante el estado de alarma por la pandemia, ha incorporado a la causa las imágenes que los agentes grabaron con sus cámaras de vídeo. La grabación, de algo más de media hora, da una visión distinta de la que registró uno de los ocupantes de la vivienda con su móvil y que eran las únicas conocidas hasta ahora. En el nuevo vídeo, del que EL PAÍS reproduce varios fragmentos, se ve cómo los agentes intentan convencer a los participantes en la fiesta de que salgan y se identifiquen, para sancionarlos, y, ante la negativa de estos, cómo los agentes intentan en vano abrir la puerta sin dañarla introduciendo un plástico entre el marco y la cerradura, para posteriormente intentarlo también, sin éxito, con una herramienta. Finalmente, los agentes utilizan un ariete para derribar la puerta. “Era la única forma de poner fin al delito”, ha asegurado este viernes uno de los agentes en su declaración como imputado ante el juez.
En el vídeo grabado por uno de los ocupantes de la vivienda se veía a una joven negarse a abrir si los agentes no llevaban un mandamiento judicial. Tras un intercambio de palabras, los policías derribaron la puerta. Posteriormente, nueve de las 14 personas que participaban en la fiesta fueron detenidas y acusadas de un delito de desobediencia grave a la autoridad, aunque quedaron horas después en libertad. En su informe, los policías recalcaban que su actuación había estado amparada, entre otros preceptos legales, por la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza y que fue avalada por el Tribunal Constitucional el pasado enero. En primera instancia, un juez acordó abrir diligencias contra los nueve detenidos por los delitos de resistencia o desobediencia a la autoridad y coacciones.
Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid archivó esta causa en un auto en el que se apuntaba que los policías podían haber cometido “un exceso en el ejercicio de la autoridad”. La querella presentada por el joven que había arrendado la vivienda y que participaba en la fiesta dio pie a la imputación de los agentes. Cuando saltó la polémica días después del suceso, el Ministerio del Interior defendió que los agentes habían intervenido dentro de la legalidad y esgrimió que la vivienda “no constituiría morada” al tratarse supuestamente de un inmueble turístico y que, por tanto, no era necesaria la autorización judicial para entrar. Este argumento fue rechazado públicamente por numerosos juristas.
En el vídeo aportado por la policía al juzgado a petición del magistrado se ve a los agentes llamar insistentemente al timbre de la vivienda a la una de la madrugada mientras del otro lado de la puerta se escucha música y gritos. Ante la falta de respuesta, uno de los agentes golpea la puerta con su defensa —la porra—. Solo en ese momento cesan los ruidos. “Policía, abran la puerta”, piden sin respuesta antes de insistir. “Sabemos que están dentro, hemos escuchado la música y las risas”, insisten.
Uno de los agentes señala en esos primeros momentos su sospecha de que se trata de un piso turístico y vuelve a pedir que abran la puerta, esta vez en inglés. “Por favor, no queremos usar la fuerza, abran la puerta”, reiteran en varias ocasiones. En ese momento, el jefe del operativo, en el que participan seis agentes, lanza la primera advertencia: “Señores, les habla la Policía Nacional, […] si no abren la puerta, estarán cometiendo un delito de desobediencia a la autoridad. Tienen que salir e identificarse”, les advierte antes de anunciarles que si no lo hacen utilizarán la fuerza para entrar “para comprobar que no se están incumpliendo las medidas anticovid dictadas por el estado de alarma”.
El agente añade que, si finalmente tienen que entrar por la fuerza, se trataría de un delito grave y que procederían a detenerlos. “Es un tema serio”, les insiste. Se inicia, poco después, el diálogo entre una de las jóvenes que se encuentra en el interior, y que se niega a franquear a los policías la puerta si no van con una orden judicial, y los agentes, que comienzan a intentar forzar la puerta. “La que están liando por no abrir la puerta. Están en un piso turístico no es un domicilio, así que no tienen derecho a estar dentro si están incumpliendo las medidas anticovid”, añade el agente. Al no lograr abrir por otros medios, los policías recurren finalmente a un ariete. “Aléjense de la puerta no sea que les golpee a alguien”, les pide el jefe del operativo. Han pasado 15 minutos desde que los agentes llegaran al lugar.
Tras golpear 17 veces con el ariete, la puerta se vence y los agentes entran en la vivienda. “Todo el mundo con las manos a la vista, por seguridad”, les exige uno de los agentes, mientras otros les aseguran que no hay problema de que graben con sus móviles la actuación policial: “Le hemos contado la legalidad de la misma”. A la vez, los agentes exigen a las 14 personas que se encontraban en ese momento en el interior, ninguno conviviente, que se pusieran “inmediatamente las mascarillas”. Poco después, el responsable del operativo les informa de que están todos detenidos por un delito de desobediencia grave a la autoridad y les informan sobre sus derechos. Tras ser registrados, las imágenes muestran cómo los agentes ponen las esposas a varios de los participantes en la fiesta —no fueron detenidos los cinco que alegaron que ellos querían salir de la casa e identificarse, pero que el resto no les dejó— y cómo la joven que discutió con ellos a través de la puerta seguía poniendo en duda la legalidad de la actuación policial. La grabación remitida al juez finaliza a las 1.54 de la madrugada, casi una hora después de que los policías llamaran por primera vez al timbre.
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