Por Carlos Manuel Juárez
Un juez federal vinculó a proceso a 6 elementos de la Secretaría de Marina (Semar) que presuntamente participaron en la desaparición forzada de 45 personas en el marco del operativo especial Nuevo Laredo en 2018.
El Consejo de la Judicatura Federal informó que por la causa penal 155/2020, la audiencia inicial se realizó este miércoles, y el juez decidió vincular a proceso a 6 imputados y fijó un plazo de investigación complementaria de 6 meses. A su vez, por la causa 307/2020, la audiencia inicial contra 13 marinos, inició a las 20:30 horas del miércoles y, al cierre de este reporte, seguía en proceso. Este jueves se llevará a cabo la audiencia de la causa penal 308/2020, donde se presentarán 11 elementos.
La Fiscalía General de la República (FGR) tiene 12 órdenes de aprehensión pendientes de ejecutar contra elementos de la Secretaría de Marina (Semar), entre ellos dos mandos que presuntamente participaron en la desaparición forzada de 45 en el marco del operativo especial Nuevo Laredo en 2018.
“Tenemos conocimiento que hay cuando menos 12 órdenes de aprehensión que involucran a dos oficiales de alto rango de la Semar. Quisiéramos pedirle al gobierno federal que lo esclarezca, que son los responsables de la investigación”, reveló el presidente del Comité de Derechos Humanos, Raymundo Ramos Vázquez.
El pasado viernes, la Semar informó que entregó a 30 elementos al personal de la Fiscalía General de la República por su presunta participación en la desaparición forzada de 45 personas, entre ellas un menor de edad. Las aprehensiones corresponden a la judialización de 3 carpetas de investigación.
“Había tanta evidencia contra la Semar, como los vehículos clonados a disposición del presidente municipal de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar. Esas camionetas estaban ocultas en el edificio del C4, es decir, es muy probable que estos vehículos hayan participado en las desapariciones y que el propio presidente municipal usaba vehículos clonados; es una investigación que hasta ahorita no ha avanzado”, destacó Ramos Vázquez.
Al cierre de este reporte hay 34 carpetas de investigación por 45 personas desaparecidas, de las cuales se localizaron sin vida a 21. Además, hay 2 testigos sobrevivientes de los operativos de la Marina en Nuevo Laredo. Sin embargo, continúan sin ser localizados 22 personas y las familias piden garantías para retomar la búsqueda en campo.
“Tuvimos una reunión con las familias para informar y queremos pedirle a las personas detenidas que colaboren con las autoridades y digan dónde dejaron a las 22 personas que no localizamos. De nada sirve tener personas detenidas si no sabemos el paradero de las personas desaparecidas, entre ellos un menor de edad, entre febrero y mayo de 2018”, enfatizó.
En mayo de 2018, el defensor tamaulipeco Ramos Vázquez reveló que había denuncias por desapariciones forzadas cometidas de enero a abril del 2018. El 9 de mayo, familiares de las víctimas protestaron en el palacio municipal y responsabilizaron a la Marina. Doce días después, un grupo de mujeres y hombres con los rostros cubiertos bloquearon el puente internacional III de Nuevo Laredo a Laredo, Texas. Las personas impidieron el tráfico y exigieron a la Semar entregara a los desaparecidos.
El 30 de mayo, la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) informó de la documentación de 23 desapariciones supuestamente cometidas por miembros de “una fuerza de seguridad federal”. El mismo día, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) comunicó que tenía 21 quejas por la desaparición de 31 personas sucedidas de febrero a mayo de 2018.
El 1 de junio la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la Procuraduría General de la República (PGR) abrió 20 carpetas de investigación por las denuncias documentadas por la ONU. Tras la primeras indagatorias, las denuncias aumentaron a 26 carpetas con 36 víctimas. Ya con las investigaciones en curso, la Semar ordenó la suspensión y concentración de los elementos de las Bases de Operaciones de la Región Norte de Tamaulipas y Nuevo León, acusados de desapariciones forzadas.
Las familias representadas por el Comité de Derechos Humanos exigieron que las medidas de la recomendación 36VG-2020, emitida por la CNDH, se cumplan, específicamente la disculpa pública de la Semar, el proceso de indemnización del gobierno federal y la construcción de un memorial responsabilidad del gobierno de Nuevo Laredo.
Al respecto del comunicado difundido por la Semar que mencionaba que las desapariciones ocurrieron en 2014, Raymundo Ramos dijo: “Si ya aceptaron que pusieron a disposición a 30 elementos, tiene que aceptar la realidad de que hubo un operativo de alta nivel en Nuevo Laredo, que involucra a autoridades del gobierno de Tamaulipas, al ayuntamiento y al gobierno federal, que esas fuerzas operativas se salieron de control, que utilizaron los cuarteles para detener y torturar a las personas que estamos buscando y que hay evidencia suficiente para judicializar el caso”.
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