Un juez federal vinculó a proceso a José Antolino Orozco Martínez, excolaborador de Rosario Robles en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
Orozco, quien se desempeñó como director General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios de la Sedesol, fue detenido en Pachuca, Hidalgo, el pasado 25 de septiembre por elementos de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República.
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Durante la audiencia de vinculación a proceso, agentes de la FGR acusaron al exfuncionario de haber contratado ilícitamente, con recursos públicos, diversos servicios a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, por 77 mil 847 millones 014.40 pesos.
De acuerdo con las investigaciones de la FGR, con esa operación el Estado no obtuvo las mejores condiciones en la contratación del servicio, ya que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos subcontrató el 93.98% del importe recibido y ni siquiera prestó el servicio acordado.
Las acusaciones de la Fiscalía son consistentes con la descripción del modus operandi que mantuvo Rosario Robles para desviar recursos públicos para fines político-electorales, y que fue revelado por Emilio Zebadúa González, exoficial mayor de la Sedesol y Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con un documento en poder de Aristegui Noticias, Zebadúa tuvo conocimiento directo de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó a Robles de los pliegos de observaciones, dictámenes técnicos y demás análisis sobre las secretarías que tuvo a su cargo.
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“En particular, destaco que me consta que María del Rosario Robles Berlanga, recibió y conoció las observaciones de irregularidades que realizó la Auditoría Superior de la Federación, con respecto a la modalidad de contratación denominada “Convenios de Colaboración con entidades públicas”, señala el documento.
Zebadúa afirmó que estas observaciones “versaron sistemáticamente sobre el señalamiento por parte de la Auditoría Superior de la Federación de la falta de verificación de las unidades contratantes de la Sedesol y Sedatu”. Las observaciones fueron hechas por la ASF en el período de Juan Manuel Portal como presidente y posteriormente, en un segundo período, cuando la encabezó David Colmenares.
De acuerdo con la información vertida por Zebadúa durante una comparecencia, fue necesario desarrollar todo un mecanismo operativo para desviar recursos públicos por medio de las universidades y organismos públicos descentralizados.
De inicio, el jefe de la Oficina de la Secretaria, Ramón Sosamontes, tenía el encargo de buscar el acercamiento con rectores y directivos de las señaladas universidades y organismos descentralizados, para plantear las empresas y montos de contratación, así como las participaciones que ellos se quedarían.
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“Se tiene conocimiento que en dichas reuniones, y dependiendo de las necesidades de la secretaria, se establecían los conceptos y montos que podía soportar el convenio, de esta forma Ramón Sosamontes exigía y les establecía, una vez pagados los recursos, a qué empresas tenían que subcontratar para simular la prestación de los servicios descritos en dichos convenios”.
Zebadúa explicó que dichas negociaciones “marcaban la ruta del dinero que se iba a seguir, así como los tiempos de entrega. Generalmente se definían los tiempos, de acuerdo a las necesidades de la agenda de la secretaria Robles, para poder cumplir con las necesidades de las actividades político-electorales y proselitistas”.
De acuerdo con la investigación Operación Entregables, publicada por Aristegui Noticias, Zebadúa firmó al menos cinco de los 27 convenios generales que ambas dependencias suscribieron con las universidades públicas y sistemas estatales de televisión que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha vinculado con el esquema para desviar 5 mil 73 millones de pesos del erario.
Denominada “La Estafa Maestra” por el grupo de periodistas que profundizó en los informes de la ASF, el desvío se realizó a través de la firma de convenios entre Sedesol y Sedatu con universidades públicas y televisoras públicas estatales para la subcontratación de empresas fachada que simulaban compras o servicios, compañías que a su vez transferían el dinero a cuentas bancarias de otras empresas que eran totalmente ajenas a los contratos asignados, con el fin de que las autoridades perdieran el rastro del dinero.
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De acuerdo con el ex jefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional de Sedesol y Sedatu, José Antolino Orozco Martínez; así como de la ex jefa de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace Institucional en esas mismas dependencias, María del Carmen Gutiérrez Medina, cuando ambos alertaron a Rosario Robles de los presuntos desvíos, los remitió con Emilio Zebadúa, pese a que estaba vinculado con las irregularidades que ellos estaban denunciando.
Durante la audiencia en la que Robles fue imputada por el delito de ejercicio indebido del servicio público, en calidad de autora directa por su omisión en frenar una conducta cometida con dolo y de manera continuada, la FGR reveló los testimonios de Orozco y de Gutiérrez, en los que ambos afirman que alertaron a Robles Berlanga, primero de manera verbal y posteriormente mediante oficios, de los presuntos desvíos que estaban sufriendo las finanzas de Sedesol y Sedatu a través de los convenios con universidades públicas.
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