Por ejemplo, en Haití el Ministerio de la Condición de la Mujer y los Derechos de la Mujer en el periodo 2020-2021 solo recibió el 0,6 por ciento del presupuesto nacional (alrededor de 2.400.000 dólares, lo que significa 0,4 dólares por haitiana). Por eso, la mayor parte de las iniciativas de género en esa nación caribeña se realizan a través de oenegés que reciben cooperación extranjera.
En el caso de Colombia, el presupuesto para temas de género este año fue solo 0,2 por ciento del Presupuesto General de la Nación, una disminución del 15 por ciento frente a lo destinado en 2020. La Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, entidad encargada desde el gobierno central de estos temas, ha sido muy cuestionada por sus bajos resultados y recién este año el Gobierno anunció que crearía un Ministerio de la Mujer (aunque el actual presidente Gustavo Petro dijo en campaña que se llamaría Ministerio de la Igualdad).
Países donde existe Ministerio de la Mujer y donde no
Solo la mitad de los países latinoamericanos cuenta actualmente con instituciones encargadas de género con rango ministerial.
Al contrario de Colombia, Haití o Brasil, en Perú la inversión en programas de prevención de la violencia de género, incluyendo todas las instituciones estatales, crece sostenidamente. De 15 millones de dólares en 2018 pasó a 175 millones de dólares en 2021. Sin embargo, en 2018 se contabilizaron 150 feminicidios y cuatro años después, en 2021, hubo 147. Es decir, el presupuesto aumentó mil por ciento, pero los feminicidios solo cayeron dos por ciento, lo que plantea dudas sobre la eficiencia en su ejecución.
Dina Portal, adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo de Perú, advierte que la falta de articulación con los gobiernos locales y problemas estructurales impiden que la inversión tenga mayor impacto. “Si no tenemos una policía libre de estereotipos de género, no vamos a asegurar una muy buena atención, y eso repercute en toda la cadena de resultados”, argumenta.
El mayor peso en la tarea de evitar o disminuir los feminicidios recae sobre la Policía Nacional, la entidad que, paradójicamente, menos recursos ha recibido del programa de lucha contra la violencia familiar.
En el especial “Las siguen matando”, realizado por El Búho y CONNECTAS, se profundiza en esta situación. Esa investigación revela que la política para combatir el feminicidio en el Perú no ha considerado factores culturales que afectan a toda la cadena del sistema de justicia. Por ejemplo, en el caso de Maribel Barrera de nada sirvieron sus cinco denuncias en la policía o que se haya cambiado de casa a una más cercana a la comisaría de su poblado en Huacho, Lima. Cinco horas después de haber sido asesinada por su expareja, llegó un policía con un papel en la mano para notificar a las partes que el juez había dictado una medida de protección para ella. Justamente la demora institucional es uno de los problemas que más denuncian las organizaciones.
En México, como en Perú, la inversión también crece, pero solo en el papel. El Gobierno de Andrés López Obrador aseguró que nunca se habían destinado tantos recursos para apoyar a las mujeres. Pero, al analizar los cerca de 100 programas que reciben fondos del llamado Anexo 13 —rubro del presupuesto para promover la igualdad entre mujeres y hombres y programas contra la violencia de género— esta investigación detectó que únicamente el 4,06 por ciento del total del presupuesto se invirtió en temas de género.
Casi la mitad del total se asignó al programa de pensiones para el bienestar de adultos mayores. Un tema importante, pero que no tiene que ver con equidad o prevención de la violencia.
Uso de los recursos del Anexo 13 en México
El 96% de los recursos federales destinados para prevenir y erradicar la violencia de género fueron utilizados para programas sociales que no están relacionados con el bienestar de las mujeres y niñas del país.
Al vaivén del gobierno de turno
La baja prioridad estatal respecto a programas contra la violencia se ve también reflejado en el abandono de iniciativas que en su momento fueron pioneras o que gobiernos mostraban como símbolos del avance hacia una sociedad más igualitaria.
En 2011, El Salvador abrió la primera sede de Ciudad Mujer, una iniciativa que pretendía mejorar los servicios públicos enfocados en las mujeres. El proyecto arrancó en medio de elogios internacionales, fue replicado por su vecino Honduras, y recibió las visitas de la entonces directora de ONU Mujeres, Michelle Bachelet, y de la primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama. Pero una década más tarde se le recortó el presupuesto, disminuyó la cantidad de servicios que entrega y ni siquiera es mencionado por el actual Gobierno de Nayib Bukele.
Para las organizaciones feministas, Ciudad Mujer “atendía uno de los problemas medulares: la ruta de la denuncia”, dice Mariana Moisa, activista salvadoreña. Las organizaciones confiaban en derivar casos a estas casas. “Tenían gente que estaba capacitada para no revictimizar”, añade.
Pero Ciudad Mujer, que llegó a tener seis sedes operando, ya no es lo que era. No promociona sus servicios, ni siquiera tiene página web y su presupuesto disminuyó. En 2016, ya con todas las sedes en operación, llegó a tener asignados 7,7 millones de dólares. En 2022 su presupuesto es de 5,7 millones.
El programa Ciudad Mujer empezó como un ejemplo en Latinoamérica, lo que lo llevó a ser replicado y elogiado. Pero hoy ni siquiera tiene página web (Fotografía: La Prensa Gráfica).
Carrillo, que además es exdiputada, recurrió en diciembre de 2021 a un Tribunal de Feminicidio guatemalteco para eludir la fiscalización de la prensa. Para ello, denunció persecución del diario La Hora, que había publicado reportajes cuestionando su labor. Como medida cautelar, la jueza Yadira Barrios ordenó que los periodistas no pueden “perturbar” a la agraviada ni a ninguno de sus familiares. Tampoco pueden acercarse a su lugar de trabajo, a pesar de que es un edificio público.
Ya antes, en 2019, Sandra Torres, ex primera dama y excandidata presidencial, utilizó la misma táctica en contra de El Periódico. En 2014 la vicepresidenta Roxana Baldetti hizo lo mismo, y también contra ese medio. Baldetti fue finalmente condenada por corrupción, mientras que Torres tiene una causa pendiente.
La eficaz utilización de la ley por las funcionarias para eludir la fiscalización de sus actuaciones contrasta con la atención que pone el estado guatemalteco a los programas para evitar la violencia de género. Según directoras de organizaciones que ayudan a mujeres, los principales problemas son la poca transparencia en la inversión pública, los retrasos en los pagos a las instituciones que atienden a las víctimas y que los gobiernos de turno no dan continuidad a los programas. Claudia Hernández, directora de la Fundación Sobrevivientes, explica que su presupuesto cambia año a año y que incluso en un periodo no recibieron dinero, por lo que tuvieron que cerrar una casa de servicio.
El Centro de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia (Caimus) es otra organización civil que vela por las mujeres, y de las pocas a las que también el Estado de Guatemala les asigna una partida mínima de dinero para su funcionamiento. Atiende un promedio de 12.000 mujeres al año. Sin embargo, aunque esas partidas ya están establecidas, los fondos “llegan tarde o no llegan”, según su directora Giovana Lemus.
La marca de la impunidad
Mientras los programas de protección carecen de recursos y de buena ejecución, a las mujeres latinoamericanas las siguen matando y sus familiares deben enfrentarse a un sistema judicial lento, muchas veces sin enfoque de género y que no ofrece garantías de justicia.
Según cifras del estatal Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, 652 mujeres fueron asesinadas de forma violenta en 2021, 145 víctimas más que en 2020. Esto contrasta con la cantidad de sentencias condenatorias y la lentitud de los procesos, los que pueden durar más de 5 años. Durante el primer semestre de 2022 solo hubo 48 sentencias condenatorias por casos de feminicidios.
La madre de Daniela aún no conoce la justicia. El feminicidio de su hija no tiene condenados, principalmente por los errores que se cometieron en la investigación (Foto: Mexicanos contra la Corrupción).
Desde enero de 2017 hasta junio de 2022, en todo México se han registrado 19.025 asesinatos de mujeres, más de 6.000 de los cuales fueron tipificados como feminicidios. Pero mientras este sigue siendo uno de los mayores problemas nacionales, en 2021 el presupuesto de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas disminuyó 3,6 por ciento.
Esto en el país en el que ocurren crímenes como el sonado caso de Dehbani Escobar, cuyo cuerpo fue encontrado en la cisterna de un motel de Nuevo León. En la investigación se cometieron una serie de errores durante su búsqueda, lo que ha impedido llegar al o los autores del feminicidio. Esto derivó en la remoción de dos fiscales. O el de Daniela Mabel Sánchez Curiel, en cuyo caso las instituciones estatales cometieron tantos errores que en agosto de 2022 ofrecieron una disculpa pública a su familia.
La joven desapareció en marzo de 2015 en Tlalnepantla, poco después de regresar a vivir con su expareja. Cuando la madre de Daniela, Laura Curiel, quiso denunciar su desaparición, en el Ministerio Público le dijeron que debían pasar 24 horas, en contra de los estándares internacionales de actuación en estas situaciones. Cuando volvió a intentarlo, la acompañó la expareja de Daniela y el Ministerio Público decidió que él tenía que quedar como denunciante, pese a que la madre consideraba que debía ser visto como sospechoso. Así que durante un tiempo él tuvo el acceso a la carpeta de investigación que, a ella, su madre, le negaban. Hasta hoy el caso no está aclarado judicialmente.
Según el reportaje “Las sobrevivientes olvidadas por la justicia” de EmeEquis, La Lista, Animal Político, Ruido en la Red, Proceso y CONNECTAS, los vacíos legales en México permiten que de 1.7 millones de ataques violentos contra mujeres registrados en ocho años, solo se juzgaran 781 casos como intento o tentativa de feminicidio, es decir el 0.04 por ciento. El resto son clasificados como lesiones dolosas o violencia familiar. Entre esos casos está el de Jeysol, quien fue apuñalada 37 veces por parte de su expareja, pero la Fiscalía solo tipificó el ataque como “lesiones”. Al momento de publicar ese reportaje, seis años después del hecho, su agresor seguía libre.
En Cuba, donde el feminicidio no está tipificado, las únicas cifras que se conocen sobre muertes provocadas a mujeres, las publica el Anuario Estadístico de Salud bajo el término “agresiones”. En el periodo 2014-2015 perdieron la vida 293 mujeres por “agresiones”.
Este año se discutió el código penal cubano en su asamblea nacional, y nuevamente el feminicidio no fue incluido a pesar de las solicitudes de los grupos feministas Yo Sí Te Creo, Alas Tensas y Red Femenina de Cuba, entre otras.
En Bolivia, la investigación “Víctimas condenadas al olvido”, de El País de Bolivia, Acceso y CONNECTAS, expuso que la Fiscalía rechaza y absuelve más casos de violencia de género que los que logra condenar. Esto debido a que no hay un eficiente manejo de las pruebas y el personal es insuficiente.
Combatir un problema sin tener datos fiables
La recopilación de datos es uno de los puntos destacados por la ONU que deben mejorar los países en la lucha contra el feminicidio. Latinoamérica justamente muestra vacíos importantes en ese aspecto. No son pocos los países que simplemente carecen de cifras oficiales de feminicidios, o cuyos números no son confiables, según distintas oenegés. Entre los que no cuentan a sus víctimas están Venezuela, Cuba y Haití.
República Dominicana contabiliza, pero las oenegés no creen en sus cifras. Justamente este país es uno de los pocos de la región donde el feminicidio no está tipificado en su código penal. “Si tú te fijas, los sectores oficiales de nuestros países tienden a bajar todas las cifras que son negativas porque eso les hace ver que están en control, eso están haciendo aquí”, sostiene Susi Pola, feminista e investigadora dominicana.
¿Qué es un feminicidio?
La ONU recalca que un feminicidio no solo se trata del asesinato de una mujer por una pareja o expareja, sino también por razones sociales y culturales y relaciones desiguales de poder. Para esto clasifica a la víctima en 8 categorías:
Ya había sufrido violencias.
Se hallaba en situación de explotación ilegal.
Había sido raptada o secuestrada.
Trabaja en la industria del sexo.
Sufrió violencias sexuales antes o después del asesinato.
Su cuerpo fue mutilado.
Su cuerpo fue depositado en un lugar público.
Se conocía odio y prejuicios del autor hacia ella.
En la investigación de 2019 “Margen de Horror”, de Espacinsular y CONNECTAS, se reveló que uno de cada cuatro feminicidios en ese país no era registrado oficialmente. Por ejemplo, en 2019 hubo 73 feminicidios según el Estado, pero en el reportaje se pudo corroborar al menos 103. Ese subregistro dificulta el diseño de políticas de prevención.
Mildred Mata, feminista del Núcleo de Apoyo a la Mujer y funcionaria de la Unidad de Atención a la Violencia de Género de la Procuraduría de la República en la provincia de Santiago, al norte de República Dominicana, afirma que si una mujer es violada y asesinada no cuenta como feminicidio. Lo mismo sucede si un hombre violento mata a la hermana o abuela de su pareja. “Es que la tipificación que existe no corresponde a las convenciones internacionales”, dice.
El subregistro es un problema transversal. En Ecuador las oenegés acusan que las cifras del Estado subestiman los datos reales. Por ejemplo, en 2021 la Fiscalía General contabilizó 70 feminicidios, pero según la Alianza para el Monitoreo y Mapeo de los Femicidios en Ecuador, hubo 197. Es decir, una mujer asesinada por razones de género cada 44 horas. Ese país se vio conmocionado por el feminicidio de la abogada María Belén Bernal durante septiembre de 2022. La última vez que se le vio con vida fue ingresando a la Escuela de Policía de Quito. Su esposo, Germán Cáceres, teniente e instructor en esa escuela, al momento de publicar este reportaje aún estaba prófugo. Hay una testigo que asegura que Cáceres golpeó a la víctima y que al menos 20 policías la habrían escuchado pedir ayuda, pero nadie la socorrió.
En México solo un 20 por ciento de los asesinatos de mujeres ha sido procesado por la justicia como feminicidio, tal como lo reveló la investigación “Las muertas que no se ven” de Mexicanos Contra la Corrupción y CONNECTAS. El estado de Colima es el mayor ejemplo de este subregistro. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en esa zona no se ha cometido un solo feminicidio en todo lo que va del 2022. Pero las mismas cifras indican que se han registrado 53 homicidios cuyas víctimas eran mujeres.
Es en este mismo estado donde, el 2 de marzo del 2022, una mujer de 37 años fue asesinada con cinco disparos por un par de hombres que se dieron a la fuga. También fue en Colima donde Viridiana Tapia Cárdenas fue asesinada, arrojaron su cuerpo en la vía pública y cuando la autoridad la encontró, la envió a una fosa común donde permaneció tres años, sin que sus familiares fueran notificados.
Familias que buscan justicia por sus hijas y madres asesinadas, ya son una constante en México (Fotos: Mexicanos contra la Corrupción).
Un par de meses antes de que apareciera Tapia, el presidente Andrés Manuel López Obrador había anunciado la eliminación del Instituto Nacional de Desarrollo Social, que manejaba el programa federal de refugios para mujeres víctimas de violencia de género, lo que causó descoordinación y una demora de cinco meses en la destinación de su presupuesto. Y ese es solo un gesto más de la desidia institucional del actual Gobierno con los programas contra la violencia de género (ya el de refugios había cambiado de manos en 2019, también por decisión de AMLO).
Pero mientras esto ocurre, el hackeo al Ejército mexicano por parte del grupo “Guacamaya”, permitió conocer un documento de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional de 103 páginas, en que siete de ellas estaban dedicadas a los grupos feministas, a los que se puso a la par que grupos subversivos, anarquistas e incluso de guerrillas que tienen presencia en el territorio mexicano.
El documento filtrado reveló que, a través de informes generados por comandancias y zonas militares, el Ejército Mexicano espía y sigue de cerca las actividades de las activistas que coordinan y participan en la lucha por los derechos de las mujeres en México.
Como en el resto de América Latina, el compromiso político de la lucha contra la violencia hacia las mujeres se queda en anuncios, iniciativas ineficientes y la voluntad del mandato de turno. Así es poco probable que la violencia de género deje de ser esa “pandemia en la sombra”, como la tildó la Cepal, que año a año acaba con la vida de más de cuatro mil latinoamericanas.
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