La plataforma Sin Tortura fue presentada este miércoles por varias organizaciones de la sociedad civil.
A pesar de la apertura de más de tres mil 600 investigaciones penales por tortura en los estados de la República durante 2018, solo dos entidades presentaron cargos ante una autoridad judicial por este delito en el mismo año; en ningún estado se dictó sentencia, de acuerdo con el Observatorio contra la Tortura.
El Observatorio presentó este miércoles la nueva plataforma Sin Tortura, para visibilizar datos sobre la implementación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, promulgada en junio de 2017.
Los datos fueron obtenidos mediante solicitudes de acceso a la información y, pese a la falta de respuesta de algunas instituciones, falta de desglose de datos y en otros casos datos contradictorios, Sin Tortura permite observar hallazgos relevantes.
Entre ellos, la plataforma destacó en un comunicado los siguientes:
- Sólo dos entidades presentaron cargos por tortura ante alguna autoridad judicial en 2018, a pesar de la apertura de más de 3 mil 600 investigaciones penales por tortura en el fuero estatal.
- Ninguna entidad reportó sentencias impuestas en casos de tortura en 2018.
- En los primeros meses de 2019, solamente la Federación y 10 entidades federativas informaron contar con Fiscalía Especial para investigar tortura conforme lo previsto en la Ley General; otras 10 entidades afirmaron contar con Unidad de Investigación y 11 entidades dijeron no contar con ninguna de las dos.
El Observatorio añadió que existen “límites importantes” en el acceso de las víctimas a exámenes médicos y psicológicos, que el número de peritos especializados es insuficiente y que muchos de ellos dependen de las procuradurías y fiscalías, lo que les resta independencia e imparcialidad.
Las organizaciones llamaron a la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Gobernación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Poder Judicial y demás autoridades federales y estatales a cumplir con los objetivos de la Ley General y garantizar el acceso a la justicia y reparación integral a las víctimas de tortura en México.
El Observatorio contra la Tortura está conformado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Documenta, Fundar y la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
