Un tribunal de La Habana dejó el martes visto para sentencia el juicio contra el artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara y el rapero Maykel Castillo, las dos cabezas más visibles del opositor Movimiento San Isidro (MSI), para quienes la Fiscalía solicita penas de 7 y 10 años de cárcel, respectivamente. Los activistas están acusados de los delitos de “atentado”, “desacato”, “desordenes públicos” e “incitación a delinquir”, entre otros, aunque diversas ONG y sus compañeros del MSI aseguran que se los procesa solo por su activismo político y por defender su derecho a la libre expresión y a criticar al Gobierno, por lo que exigen su liberación inmediata. La sentencia se dará a conocer en los próximos días.
El juicio contra Alcántara y Castillo se celebró a puerta cerrada, sin acceso de la prensa extranjera ni de diplomáticos —personal de las embajadas de Alemania, Suecia, República Checa, Países Bajos, Noruega y Reino Unido intentaron acceder a la sala donde se realizaba la vista oral, pero no recibieron permiso de las autoridades—, mientras diversos activistas disidentes y periodistas independientes denunciaron que durante los dos días de sesiones un operativo policial les impidió salir de sus casas. Solo un reducido número de familiares de los procesados pudieron entrar al tribunal, que en todo momento estuvo acordonado por la policía.
Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo llevan en prisión provisional desde el año pasado y son considerados presos de conciencia por Amnistía Internacional. Ambos son los líderes más visibles del denominado Movimiento San Isidro, integrado por un pequeño grupo de artistas, creadores y periodistas opositores que, desde hace algo más de cuatro años, han promovido distintos performances críticos, acciones de calle, encierros y huelgas de hambre para visibilizar la falta de libertades en la isla y denunciar el acoso policial por su disidencia.
Ambos fueron detenidos en decenas de ocasiones antes de su arresto definitivo el año pasado. En 2020 participaron en una huelga de hambre para exigir la excarcelación de uno de los miembros del MSI, que tuvo gran repercusión internacional y que terminó cuando la policía irrumpió por la fuerza en el local donde se hallaban encerrados. Esto motivó un inédito plante de jóvenes artistas ante las puertas del Ministerio de Cultura, el 27 de noviembre de ese año. Desde entonces, el MSI y sus activistas fueron criminalizados por las autoridades, que acusaron a sus miembros de ser “mercenarios al servicio de EE UU” para provocar “shows mediáticos” y la “desestabilización interna” con el objetivo de propiciar un “cambio de régimen” en la isla.
En abril de 2021, ambos protagonizaron otra inusual protesta pública cuando un grupo de vecinos impidió que la policía detuviera a Castillo. Este escapó en bicicleta con unas esposas puestas en un brazo y se reunió después con Alcántara en la sede del MSI. Allí, arropados por los transeúntes, gritaron consignas contra el Gobierno y el presidente y cantaron la canción Patria y Vida —en cuyo videoclip participó Castillo, uno de sus autores— que se convirtió después en himno de la oposición durante las históricas manifestaciones del 11 de julio. “Es por estos sucesos que a ambos se los juzga ahora en el mismo expediente”, denunció la también miembro del MSI y pareja de Castillo, Anamely Ramos, a quien las autoridades no permiten el regreso a Cuba después de haber salido a cursar estudios en México.
El rapero Mykel Castillo, más conocido artísticamente como Osorbo, fue detenido en mayo. Por aquella huida de la policía, también se lo ha acusado del delito de “evasión de presos” en el juicio celebrado esta semana. Por su parte, Otero Alcántara fue arrestado el 11 de julio tras convocar por las redes sociales a la población a manifestarse en La Habana. Tanto Amnistía Internacional como Human Rights Watch y otras ONG han pedido la liberación inmediata y sin condiciones de ambos.
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“Maykel Castillo Pérez y Luis Manuel Otero Alcántara están siendo procesados por ejercer su derecho humano a criticar a su Gobierno”, dijo Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch. “Los gobiernos latinoamericanos no deberían permanecer callados cuando artistas son amenazados con penas de prisión, una muestra de intolerancia extrema típica de las brutales dictaduras que gobernaron la región en el pasado”, aseguró. Por su parte, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas, indicó que “en un país donde más de 700 personas, incluidos algunos menores de 18 años, están encarceladas simplemente por expresarse, es de suma importancia que estos juicios estén sujetos al escrutinio internacional”.
Los juicios contra Alcántara y Castillo se producen 10 meses después de las masivas protestas contra el Gobierno del 11-J que conmocionaron Cuba, y por las que cientos de personas han sido condenadas a elevadas penas de prisión, en algunos casos de hasta 30 años por sedición. En los últimos días, a una docena de los condenados que presentaron recursos de casación ante el Tribunal Supremo se les han rebajado las sentencias y a otros se les ha cambiado la medida por trabajo correccional sin internamiento.
Familiares de los encausados, así como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, han denunciado que las autoridades cubanas han ofrecido en repetidas ocasiones liberar a Castillo y Otero Alcántara a cambio de que abandonen el país indefinidamente. “Se trata de una práctica que el Gobierno cubano ha llevado a cabo históricamente y con otros críticos en los últimos meses y que viola el derecho humano de toda persona a entrar a su país de origen”, indicaron estas ONG. Otero Alcántara ha rechazado públicamente la oferta en varias ocasiones. Según fuentes de la disidencia y de las familias, durante el proceso se trató de demostrar en todo momento que ambos “no eran artistas sino simples delincuentes”, por lo que no dudan de que los activistas puedan ser objeto de “castigos ejemplarizantes” para frenar la contestación social.
La pareja de Castillo denunció que el rapero se tuvo que defender a sí mismo después de que le quitaran la abogada dos días antes de que comenzara el juicio. “Menos de 72 horas antes del juicio, la abogada llegó diciendo que el bufete le había restringido los juicios hasta el primero de agosto y que, por tanto, no iba a poder estar en el juicio de Maykel”, indicó a la agencia AFP. “Prácticamente Maykel tuvo que defenderse solo”, sin testigos a su favor, añadió en un mensaje de WhatsApp.
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