El pasado 15 de agosto se publicó un decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México por el que se abroga la desincorporación de una fracción de terreno del vivero “Nezahualcóyotl”, que se iba a destinar para la construcción de un cuartel de Guardia Nacional.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez afirmó que esta revocación es un logro de la lucha de las y los habitantes de pueblos, barrios y colonias de Xochimilco que desde 2020 han defendido el medio ambiente, sus recursos naturales y un territorio libre de militarización.
El 9 de diciembre de 2022, el Gobierno de la Ciudad de México emitió un decreto para ceder parte del vivero Nezahualcóyotl en Xochimilco al Gobierno Federal, con el propósito de construir un cuartel de la Guardia Nacional, esto a pesar de su condición de Área Natural Protegida y su relevancia para las comunidades indígenas.
En respuesta, miembros de distintos pueblos y barrios originarios de Xochimilco llevaron a cabo acciones de defensa del territorio, incluida una demanda de amparo contra las autoridades de la Ciudad de México. Reclamaron la falta de consulta previa, libre e informada, la vulneración a sus derechos a la tierra y al territorio, además de destacar que se ignoraron los beneficios ambientales y la importancia cultural del vivero, infringiendo su derecho a un ambiente saludable.
Ante ello, el Poder Judicial emitió una suspensión definitiva, como medida cautelar durante el juicio de amparo, lo que detuvo la construcción del cuartel hasta que se evaluara su impacto en los derechos de la comunidad.
El 15 de agosto de 2023, el Gobierno de la Ciudad de México revocó el decreto original mediante uno nuevo, cancelando así la cesión del terreno del vivero. Esta decisión se fundamentó en la inviabilidad del terreno para albergar las instalaciones de la Guardia Nacional.
El logro de las y los habitantes Xochimilco es un ejemplo para otras comunidades que continúan luchando por la defensa de su territorio y por su derecho de mantener sus territorios libres de militarización, afirmó el Centro Prodh.
Las y los vecinos y organizaciones acompañantes instamos al Poder Judicial a mantener su protección de los derechos de estas comunidades y alentamos al Gobierno de la Ciudad a adoptar un enfoque de seguridad ciudadana, en lugar de la profundización de la militarización en la capital del país.
Hicieron el llamado a distintas comunidades para que continúen supervisando las construcciones de cuarteles en la alcaldía y la capital, para garantizar la legalidad y respeto a los derechos, así como otras obras que ha realizado el Gobierno de la Ciudad de México sin consultar a las y los habitantes; también recordaron sus demandas para garantizar el derecho al agua y a proteger los recursos naturales de la alcaldía.
Las y los pobladores recordaron que continúan luchas como la que han llevado a cabo en San Luis Tlaxialtemalco, en la alcaldía xochimilca, y en la Unidad El Rosario, en Azcapotzalco, para exigir a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México que admita las quejas por la construcción de dos cuarteles militares en sus comunidades, que vulneran los derechos de los habitantes de estas comunidades.
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