La activista trans chilena Camila Bolocco no pudo estar en la marcha del orgullo porque a inicios de mes fue asesinada en su departamento en la Colonia Juárez, en Ciudad de México. Su cuerpo fue encontrado a unas cuadras de donde este sábado inició la multitudinaria manifestación que cada año conmemora la lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en el mundo. Casi un mes después del asesinato, las autoridades no han informado de avances ni posibles responsables. Con más de 70 casos registrados en 2021, México es el segundo país con más crímenes de odio por diversidad sexual y de género, tan solo después de Brasil, según datos del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT de la Fundación Arcoíris.
Aún muerta, Bolocco sigue siendo violentada. Sus restos llevan más de tres semanas en un congelador del Instituto de Ciencias Forenses de Ciudad de México y no han sido repatriados con su familia, como ella hubiera querido. Su identidad pudo ser conservada gracias a que activistas con los que colaboraba alertaron a la policía y se dirigieron a su casa luego de cuatro días sin que atendiera el teléfono, según explica Ferrán Baños, integrante de Existimos, un colectivo de hombres trans en el Estado de Hidalgo. Después de dos horas de carretera, recuerda que llegaron al mismo tiempo que los agentes y pudieron estar presentes durante las diligencias. “Lo más importante era que Camila se fuera con su identidad”, destaca.
El siguiente reto es cumplir su última voluntad de volver a su tierra. Sin embargo, la embajada de Chile se ha negado a asumir los costos la repatriación, según advierte la directora de la asociación Casa de las Muñecas Tiresas, Kenya Cuevas, quien también acompaña el caso. Las únicas opciones que les han dado ha sido encargarse del traslado del cuerpo, pero no de los gastos funerarios, o enterrarla en México y regresarla dentro de siete años a su país. “Tiene un trasfondo de transfobia porque cuando se enteran de que somos mujeres trans o de la diversidad sexual, ponen un tope. He conocido personas cisgénero que han muerto aquí y la embajada reacciona de manera inmediata, pero eso no sucede con las mujeres trans”, advierte.
Desde que asesinaron a su amiga Paola Buenrostro frente a sus ojos en 2016, Cuevas no ha parado de luchar por los derechos de las mujeres trans, las más violentadas de la comunidad LGTBIQ+. De los 70 crímenes de odio por diversidad sexual y de género registrados por la organización Letra Ese en 2021, 46 fueron perpetrados contra ellas. Sin embargo, estos asesinatos, de los que organizaciones advierten de un subregistro, son apenas la punta del iceberg de un sinfín de violencias que las persiguen.
Seis años después del crimen de Buenrostro, el asesino sigue prófugo, advierte Cuevas. Ella misma lo detuvo y lo entregó, pero horas después quedó en libertad. “A los 15 días obtuve una orden de aprehensión que hasta el día de hoy no se ha ejecutado”, expone. En respuesta, la activista ha sido víctima de amenazas y atentados, por lo que ahora cuenta con un escolta personal por parte de la Fiscalía. “Me atacaron con una navaja en mi trabajo sexual y después fue un atentado con arma de fuego, y a los dos meses, yo salí de viaje y a mi compañera la mataron en mi cama y tuve que salir desplazada de ese domicilio”, recuerda.
Frente a la adversidad, la activista ataca con una sonrisa. “Mi mayor venganza va a ser que todas seamos felices”, expresa. “Después de haber vivido todas las injusticias habidas y por haber: estuve presa, vivo con VIH desde los 13 años, estuve en la calle 20 años, fui trabajadora sexual 30. Ahora como activista he intentado impactar en la vida de las mujeres, empoderarlas, que sean felices y con esa felicidad colectiva nadie va a poder”, comparte.
Kenya Cuevas y Mahia Mishelle, integrantes de la asociación Casa de las Muñecas Tiresas, en un parque de Ciudad de México.Maria Julia Castañeda
La activista ha logrado recuperar alrededor de 50 cuerpos de mujeres trans asesinadas no identificadas, de los cuales aún no ha podido localizar a la familia de 12. “Cuando abrí el acta constitutiva de la asociación civil, puse una cláusula para poder rescatar cuerpos de mujeres en violencia y abandono y brindarles servicios funerarios dignos”, detalla. “Eso me da una representación jurídica con los cuerpos y si encuentro a la familia, se les entrega todo, pero ya no llegan a una fosa común o una universidad para investigarlos”, señala.
Aunque en 2019, logró que el asesinato de su compañera se convirtiera en el primer transfeminicidio reconocido por las autoridades en México, entre otros retos, la activista advierte de que muchos asesinatos de mujeres trans son clasificados como homicidios. “Ya los nombran como transfeminicidios, pero ante un juez o en los papeles oficiales, mientras no tenga su cambio de identidad jurídico legal, tiene que quedar como homicidio”, señala.
Por otro lado, la activista trans Jazz Bustamante considera que más allá de la figura jurídica del transfeminicidio, es urgente contar con datos desagregados de toda la comunidad LGTBIQ+. “Las mujeres trans son mujeres, eso ya lo sabemos, pero estamos en una etapa en México, donde necesitamos información desagregada y eso se va a lograr creando un protocolo específico para las disidencias sexuales, donde se pueda clasificar correctamente la identidad de género, la orientación sexual y la expresión de género. Si lo metemos con el de feminicidio se perdería su importancia”, comenta.
Apenas el pasado 31 de marzo, durante su ponencia en el primer festival de la visibilidad trans celebrado en Hidalgo, Camila Bolocco destacaba la urgencia de aumentar la expectativa de vida de las mujeres trans. “¿Qué sacamos de educarlas y darles un cupo laboral si ni siquiera podemos mantenerlas vivas?”, exponía. “Según varios estudios, la vida de las mujeres trans es hasta los 35 años porque son asesinadas por crímenes de odio, por crímenes transfóbicos, por grupos neonazis, por los mismos clientes. Muchas compañeras trans también mueren por enfermedades y por ignorancia y fallas en los sistemas de salud”, alertaba la activista de 43 años.
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