La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha advertido este miércoles de que utilizará todos los medios a su disposición para obligar al Gobierno húngaro de Viktor Orbán a rectificar la reciente ley sobre protección de la infancia que equipara la homosexualidad con la pedofilia. Von der Leyen ha calificado esa ley de “desgracia” durante su intervención ante el pleno del Parlamento Europeo. Y ha acusado al Ejecutivo húngaro de “utilizar la protección de la infancia, que es un interés legítimo, como una coartada para discriminar gravemente a las personas en función de su orientación sexual”.
Por primera vez desde que llegó al poder en 2010, Orbán parece haber cruzado una línea roja y se ha expuesto a represalias políticas y financieras que hasta ahora había esquivado con innegable habilidad. La tolerancia de Bruselas con Budapest empieza a tocar a su fin. “Europa nunca permitirá que una parte de nuestra sociedad sea estigmatizada”, ha subrayado Von der Leyen durante un debate sobre la polémica ley húngara en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo. “Cuando nos plantamos en defensa de una parte de nuestra sociedad, nos estamos plantando en defensa del conjunto de la sociedad”, ha añadido la política alemana.
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Von der Leyen ha enumerado, con tono tajante y contundente, los instrumentos de los que dispone para penalizar al Gobierno húngaro, no solo por la ley calificada como homófoba sino por el deterioro general del Estado de derecho. Y más allá de la previsible denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si Budapest no renuncia a la norma cuestionada, Von der Leyen ha esgrimido las armas legales que le permiten cortar o limitar los flujos financieros de la UE de los que depende en gran medida la política económica de Orbán.
La presidenta de la Comisión ha asegurado que aplicará a rajatabla el nuevo reglamento que permite suspender los fondos europeos a los países donde se resquebraja el Estado derecho. Y ha anunciado que iniciará los primeros expedientes en otoño, con Hungría claramente en el punto de mira, aunque la posible suspensión de fondos debería esperar a que el Tribunal de Justicia europeo resuelva, previsiblemente a finales de año, el recurso de Hungría y Polonia contra el nuevo reglamento.
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La dirigente comunitaria ha señalado, además, que aprovechará el contrato financiero que firma con cada país para el desembolso de las multimillonarias ayudas para exigir el cumplimiento de ciertas condiciones. Entre esas condiciones figura, en el caso de Hungría, como la lucha contra la corrupción y la colaboración efectiva con la Oficina de la Lucha contra el Fraude (Olaf).
Ya en 2019, cuando Orbán todavía se cobijaba bajo el poderoso paraguas del Partido Popular Europeo (PPE), la Comisión le impuso correcciones en los fondos por valor de 1.000 millones de euros tras auditar los sistemas de licitación ligados a proyectos financiados por la UE. Un tajo considerable para un país que recibió unos 6.000 millones de euros anuales en fondos estructurales entre 2014 y 2020 (25.000 millones en total).
Tras la salida forzosa del PPE a principios de este año y el patinazo de la ley contra la comunidad LGTBIQ+, a Orbán le espera un escrutinio muy riguroso que puede poner en peligro las ayudas comunitarias. La Comisión ya señalaba en las recomendaciones específicas para Hungría de 2019 que “varios indicadores sugieren que la exposición a la corrupción ha aumentado en los últimos años”. Y en las de 2020, lamentaba la falta de competencia real en los procesos de adjudicación pública de proyectos de inversión. “El elevado número de ofertas únicas socava la efectividad del sistema de licitación pública”, avisaba el organismo comunitario.
Esas recomendaciones específicas son la base para la condicionalidad del fondo de recuperación, del que Hungría espera recibir 7.000 millones de euros en ayudas, que se sumarían a los 22.550 millones de fondos estructurales y los 11.900 millones de fondos agrícolas que el país tiene asignado para el período 2021-2027.
Von der Leyen ha recordado que en los planes nacionales de recuperación se incluye “un sistema de control potente, con hitos para vigilar a dónde va el dinero”. La presidenta de la Comisión ha precisado que entre los elementos que se vigilarán para decretar un posible recorte de las ayudas figuran “la buena gobernanza, las medidas contra la corrupción y la lucha contra el fraude”.
Orbán cuenta cada vez con menos aliados para evitar la guillotina de las ayudas. En el Consejo Europeo, solo Polonia y Eslovenia apoyaron abiertamente al Gobierno húngaro durante la cumbre europea de junio ante el aluvión de críticas de la mayoría de los líderes europeos, con la alemana Angela Merkel y el francés Emmanuel Macron al frente.
El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha reconocido ante el pleno que el debate en la cumbre europea de junio sobre la ley húngara “fue difícil y a veces muy emocional”. Durante esa reunión, el primer ministro holandés, Mark Rutte, llegó a sugerir a Orbán la posibilidad de que Hungría abandone la UE si no comparte los valores del club. “Los derechos de la comunidad LGTBIQ+ no son un asunto marginal”, ha insistido Michel. Y ha sentenciado: “En la Unión Europea no discriminamos, integramos”.
Presión
En el Parlamento Europeo la presión para actuar contra el mandatario húngaro es aún mayor. Durante el debate de este miércoles, los principales grupos parlamentarios (populares, socialistas, liberales y verdes) han pedido a la Comisión que proceda de inmediato a cortar el flujo millonario del que se nutre el régimen de Orbán. Solo los euroescépticos de ID y los ultraconservadores de CRE (grupo al que pertenece Vox) han salido en defensa del Gobierno húngaro.
“Ya está bien”, ha señalado durante el debate parlamentario Iratxe García, eurodiputada y líder del grupo socialista. “La ley discriminatoria con la comunidad LGTBI aprobada por el Gobierno húngaro requiere una reacción de firmeza y me alegro de haber escuchado hoy al señor Michel y a la señora Von der Leyen la clara posición en defensa del Estado de derecho”, ha añadido García.
El líder de los populares, el eurodiputado Manfred Weber, también ha calificado como “desgracia” la ley húngara. Y desde el grupo de los Verdes, el eurodiputado Philippe Lamberts ha alertado de que la fragilidad del Estado de derecho no concierne solo a Polonia o Hungría. Y Lamberts apuna a diestro y siniestro: “Lo vemos también en el norte, como la ley del Gobierno danés en materia de asilo y migración; pienso en la corrupción y el blanqueo de dinero que vemos en la cuenca del Mediterráneo; o la captación de datos personales que vemos en un país como Francia; muchos Estados vulneran los valores fundamentales de la Unión”.
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