Vox se opone a que los parlamentarios tengan que hacer públicas sus reuniones con representantes de los grupos de interés o lobbies, como figura en el nuevo Código Ético de diputados y senadores aprobado el pasado día 1 por las mesas de las dos cámaras. El partido ultra alegó, en el escrito en el que se oponía a este código, que la obligación de que diputados y senadores publiquen su agenda de citas en el portal de transparencia “penaliza la parte sustancial de la tarea representativa del parlamentario”.
Esta no es la única pega que el partido ultra ha puesto a la nueva norma que rige la conducta de los miembros de las Cortes. Para Vox, todo el código de conducta, que califica como un “código de sospecha”, supone, en su afán de transparencia, “una presunción indecorosa y casi ofensiva para la institución y sus miembros”.
El Congreso ya tenía un código ético desde 2019, pero no el Senado. Ante la necesidad de dotar a la Cámara alta de un instrumento de este tipo, siguiendo las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), se decidió aprobar una única guía de conducta para diputados y senadores. El texto, negociado a lo largo del verano, contó con el respaldo de todos los grupos, salvo Vox, que presentó una enmienda a la totalidad en forma de voto particular.
Sorprendentemente para un partido nuevo que se presenta como regenerador de la vida pública frente a la corrupción, la formación de Abascal se ha opuesto a cualquier avance en la transparencia que vaya más allá de la normativa vigente.
Así, asegura en su escrito que la obligación de presentar (antes de febrero) una “declaración de intereses económicos”, en la que se detallen las actividades económicas desarrolladas en los cinco años anteriores a la obtención del escaño, los regalos y donaciones recibidos y las fundaciones y ONG con las que se haya colaborado, socava “la presunción de honorabilidad de los miembros de las cámaras”. Como máximo, Vox se muestra dispuesto a aceptar una “declaración de intereses profesionales” para aquellos parlamentarios que pidan compatibilizar el escaño con una actividad privada.
El partido ultra rechaza incluso las definiciones de conflicto de interés (“cuando un miembro de las Cortes Generales tenga un interés personal […] que pueda poner en duda su objetividad e independencia”) y lobby (“aquellas personas físicas o jurídicas” que intenten “influir sobre cuestiones relacionadas con iniciativas legislativas”) incluidas en el código ético.
Argumenta que en la legislación española no hay ninguna definición de lo que es un lobby y considera “de una gravedad extrema” que cualquier parlamentario pueda pedir a la Presidencia de la Cámara la apertura de un procedimiento para determinar si se da un conflicto de intereses en algún compañero de escaño.
Para Vox, ya existe “un régimen suficiente de exigencias y publicidad para que los parlamentarios hagan manifestación expresa de actividades y bienes en términos de total transparencia” y “no hay ninguna razón perentoria que imponga la aprobación” del nuevo código ético, “más allá de cumplimentar compromisos de imagen de carácter supranacional”, apostilla, en alusión al Consejo de Europa.
Vox se quedó solo en su rechazo al código ético, que incluye entre otras novedades la limitación a 150 euros del valor máximo de los obsequios que pueden ser aceptados por diputados y senadores, por lo que este se aprobó por mayoría y entrará en vigor en cuanto se publique en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG).
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