Vox recibió este martes la felicitación pública del PP y el partido de Santiago Abascal agradeció a su vez el “trabajo valiente” que desempeñó hace un año Cayetana Álvarez de Toledo, entonces portavoz popular. Álvarez de Toledo se erigió en marzo de 2020 en una de las voces más enérgicas contra lo que calificaba de “cierre del Congreso”: la decisión de la Mesa, con los votos en contra del PP y Vox, de restringir las actividades de la Cámara en medio del confinamiento más severo. Fue, sin embargo, el partido de Santiago Abascal quien llevó el asunto al Tribunal Constitucional, que le acaba de dar la razón al considerar que se vulneraron los derechos de los diputados. Ha sido el segundo triunfo de la extrema derecha en el Constitucional en los últimos tres meses y sus dirigentes lo celebraron pidiendo la dimisión de la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, por lo que elevan a la categoría de “golpe de Estado institucional”.
En marzo de 2020, Vox fue el primer partido en pedir públicamente la declaración del estado de alarma. Y cuando la solicitud de su prórroga se sometió al Congreso, votó a favor. A pesar de todo eso, el partido de extrema derecha la llevó al Tribunal Constitucional y consiguió que el pasado julio este desautorizase el estado de alarma. También en esta ocasión, tras lograr que el mismo tribunal impugnase las decisiones tomadas el año pasado por la Mesa del Parlamento, se han esgrimido precedentes parecidos contra la actitud de Vox. En un comunicado hecho público tras la sentencia, Batet se remitió al escrito presentado por ese partido una semana antes de los acuerdos de la Mesa, el 10 de marzo, en el que pedía la suspensión del pleno siguiente al encontrarse sus diputados en cuarentena por haber dado positivo uno de ellos, Javier Ortega Smith. Vox replicó a la presidenta que al día siguiente había enviado otra comunicación para informar de que, tras hacerse las pruebas sanitarias, la mayoría de sus diputados estaba dispuesta a volver.
El acuerdo de la Mesa del 19 de marzo, ahora anulado por el Constitucional, reducía la presencia de los diputados en la Cámara e instauraba el voto telemático, además de suspender los plazos obligatorios para la presentación de iniciativas y para que el Gobierno diese respuesta a solicitudes de la Cámara. Esa suspensión se prolongó hasta el 7 de abril, “por lo que solo estuvo vigente 18 días hábiles”, resalta Batet en su nota.
La presidenta expresa su “respeto” a la decisión del tribunal, al tiempo que defiende las decisiones tomadas en aquel momento para “hacer posible la continuidad de las actividades parlamentarias” y las “funciones constitucionales” de la Cámara, al mismo tiempo que se atendían los requerimientos de las autoridades sanitarias. Sin citarlo expresamente, la presidenta del Congreso alude al caso de los parlamentos autonómicos que sí estuvieron cerrados durante el confinamiento más severo. “El Congreso de los Diputados, a diferencia de otras cámaras legislativas, siguió reuniéndose sin que se interrumpiese su actividad”, resalta Batet, quien recuerda que ese mes solo se suspendió un pleno y el presidente del Gobierno compareció dos veces, además de otras cuatro en abril y otras tantas en mayo.
Para la portavoz de Vox, Macarena Olona, la sentencia del Constitucional demuestra que la Mesa “cerró y secuestró” el Parlamento “cuando más se demandaba de los diputados”, por lo que pidió la dimisión de la presidenta. Y cargó contra un Gobierno al que acusó de “expropiar derechos de los españoles”. También Cuca Gamarra, la portavoz popular, tras felicitar a Vox por su recurso, acusó al Gobierno de “vulnerar de forma sistemática” los derechos de los diputados. El PP anunció que aprovechará la sentencia para exigir de nuevo que se acabe con la “situación anómala” del Congreso, que mantiene el voto telemático y un límite del 75% para la presencia de los parlamentarios. Los populares ya han anunciado que ellos acudirán todos y aluden al caso del Senado, donde ya se ha restablecido la total normalidad.
Tanto PSOE como Unidas Podemos mostraron su apoyo a la presidenta. El portavoz del socio minoritario del Gobierno, Pablo Echenique, lo combinó con una crítica al tribunal: “No sé si el Constitucional quería que viniésemos todos aquí para contagiarnos y luego difundir el virus a los españoles en nuestros territorios”.
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