La destitución de la Sala Constitucional de la Suprema Corte de Justicia de El Salvador y el cese del fiscal general del país centroamericano aprobados el sábado por la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, han hecho saltar todas las alarmas ante el riesgo de concentración de poderes. Detrás de la decisión está el presidente, Nayib Bukele, que hace dos meses logró en las urnas pleno control del Parlamento. En su primera sesión, la Cámara pasó de las amenazas a los hechos y apartó a nueve magistrados y al fiscal Raúl Ernesto Melara. Estos pasos le costaron al mandatario un llamado de atención de la Administración de Joe Biden, que le instó a respetar la separación de poderes.
El secretario de Estado, Antony Blinken, ha llamado este domingo a Bukele para expresarle su inquietud ante lo sucedido. “He hablado hoy con el presidente salvadoreño para manifestar serias preocupaciones ante la decisión de remover a la más alta corte de El Salvador y al fiscal general Melara. La acción democrática de gobierno debe respetar la separación de poderes por el bien de todos los salvadoreños”, ha lamentado Blinken en un mensaje difundido por Twitter. También Juan González, enviado de Biden para América Latina, transmitió el sábado por la noche su malestar con una lapidaria sentencia: “Así no se hace”.
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La Organización de los Estados Americanos (OEA) se ha sumado al repudio del relevo del Constitucional, que se consumó tras meses de desgaste y presión ejercida por el propio Ejecutivo. Bukele no aceptó que la justicia frenara unos decretos relacionados con la gestión de la crisis sanitaria del coronavirus y se deshizo de los cinco jueces titulares y los cuatro suplentes de la Sala. “La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos expresa que, ante las decisiones adoptadas ayer [por el sábado] por la Asamblea Legislativa de El Salvador, rechaza la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y la del Fiscal General, Raúl Melara, así como las acciones del poder ejecutivo que guiaron estas decisiones”, señala un comunicado del organismo multilateral.
El pronunciamiento del secretario general de la organización, Luis Almagro, sin embargo, también ha recibido críticas por quedarse corto. El director para las Américas de la ONG Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, ha instado a Almagro a “aplicar el artículo 20 por alteración del orden constitucional y convocar al Consejo Permanente de la OEA”.
El rotundo triunfo del presidente en los últimos comicios legislativos, con un margen que no tenía precedentes desde que terminó la guerra hace casi tres décadas, multiplicó las facultades de Bukele, que a través del Parlamento y su partido, Nuevas Ideas, puede impulsar decisiones como la del sábado sin necesidad de negociar. Es decir, el mandatario puede deshacerse de los contrapoderes que caracterizan una democracia por el mero hecho de no coincidir con sus resoluciones.
Ese fue precisamente el motivo que ahondó el enfrentamiento con la justicia. “La Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la normativa legítimamente establecida, en relación a la contención de la pandemia”, justificó en un hilo de Twitter el perfil oficial de la Asamblea Legislativa, como si de un órgano partidista se tratara. “Los magistrados han generado, con sus pronunciamientos y con sus sentencias arbitrarias, un fraude a la Constitución”, manifestó.
Bukele, aupado al Gobierno por el descontento en 2019, ha estado en numerosas ocasiones en el centro de la polémica por sus cuestionadas recetas contra las maras, que le han costado señalamientos por violaciones de los derechos humanos. Y este episodio confirma su voluntad de afianzarse en el poder.
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