El exilio no es aquel lugar dorado que algún día le contaron. Juan Francisco Sandoval, quien hace menos de un mes era el fiscal anticorrupción de Guatemala, está en Washington sin trabajo, sin dominar el inglés y tratando de digerir la idea de comenzar de cero en un nuevo país. El pasado 23 de julio Sandoval fue destituido. Según denunció en una rueda de prensa aquel día, el despido era ilegal y lo ordenó la fiscal general, Consuelo Porras, para proteger a amigos potencialmente afectados por las investigaciones que él encabezaba en la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). Horas después, el abogado de 39 años cruzó la frontera hacia El Salvador en un coche con matrícula diplomática acompañado del procurador de derechos humanos y del embajador sueco. Ni siquiera pudo despedirse de su familia, pero sus colaboradores le convencieron de actuar rápido por su seguridad.
“Van a tratar de destruirme moralmente, aunque ya estoy muy afectado. La cuestión es casi darle la muerte civil a uno, desprestigiarlo, criminalizarlo. No ha sido suficiente la expulsión sino que quieren mi detención”, lamenta Sandoval desde Washington, a donde llegó gracias a un salvoconducto. Allí se unió a otros juristas de alto perfil guatemaltecos reconocidos por su lucha anticorrupción que, tras denunciar amenazas y presiones, huyeron para evitar represalias. Su principal pecado: atacar o perseguir causas que evidenciaron, entre otras cosas, desvíos de fondos públicos, corrupción y ataques a la independencia de las instituciones.
Como Sandoval, la exfiscal general Thelma Aldana, la exmagistrada de la Corte de Apelaciones Claudia Escobar, el exfiscal de la FECI Andrei González y la magistrada electa de la Corte de Constitucionalidad (CC) Gloria Porras se fueron de Guatemala porque sintieron que su vida estaba en riesgo y acabaron en la capital de Estados Unidos. EL PAÍS conversó con ellos. Todos culpan de su situación a las “mafias” o al “pacto de corruptos”, dos términos con los que los guatemaltecos se refieren a los sectores de poder que, desde su perspectiva, han cooptado a las instituciones del Estado para que actúen a su favor.
Algunos han pedido asilo, otros han conseguido visas que les permiten vivir y trabajar y otros, como Gloria Porras, siguen decididos a agotar todas las opciones legales para recuperar las posiciones de las que fueron inhabilitados para que se haga justicia. “Como abogada creo que tengo la responsabilidad de luchar por que las cosas funcionen correctamente”, justifica Porras, quien ejerció durante diez años como magistrada de la CC, donde le abrieron decenas de procedimientos judiciales por decisiones que tomó a favor de los derechos humanos y en contra de la corrupción.
De la esperanza a la “captura de las instituciones”
La última vez que Claudia Escobar tuvo esperanza fue en 2015. Ella abandonó Guatemala junto a su familia a principios de ese año por las presiones que recibió por un caso que promovió y que terminó con el entonces presidente del Congreso, Gudy Rivera, en prisión por tráfico de influencias. La exjueza de la Corte de Apelaciones emigró a EE UU mientras el Ejecutivo hacía campaña en su contra y la Corte Suprema amenazaba con llevarla a un juicio por un supuesto delito de sedición luego de que acusara la falta de transparencia en el proceso de elección de jueces para la corte. Pero vino lo que se conoce como la primavera judicial. Y Escobar volvió a creer.
La exjueza recuerda con ilusión cuando, en septiembre de 2015, cayó el entonces presidente Otto Pérez Molina y su número dos, Roxana Baldetti, por casos de corrupción. “En ese momento, la gente sale a las calles a pedir justicia, hubo esperanza”, relata. Luego llegó Jimmy Morales a la presidencia del país. El intento inicial de su Gobierno para reformar la Constitución con el fin de fortalecer la justicia pronto chocó con las negativas del Congreso, quedó en la nada, y la descomposición de las instituciones se aceleró.
La esperanza desapareció como un auto abandonado al que le van robando sus partes. El deterioro ha sido paulatino, explica el exfiscal Sandoval: primero se desprestigió a la misión de Naciones Unidas contra la impunidad, la CICIG, cuyo mandato no se renovó en 2019; luego se criminalizó a Thelma Aldana; después expulsaron al colombiano Iván Velásquez, quien estaba al frente de la misión de la ONU; y, finalmente, cuando Consuelo Porras fue nombrada fiscal general en 2018, le tocó a la institución en la que él trabajaba, la FECI. “Fue la guerra total (…) La gente está trabajando bajo condiciones de intimidación”, advierte el exjefe de esa fiscalía mientras trata de contener las lágrimas. Ahora, dice, teme por el bienestar de sus compañeros que se quedaron en Guatemala.
Andrei González, quien fue su compañero en la FECI y llegó a Estados Unidos como refugiado tras huir de Guatemala en 2019, asegura que Porras tiene “estrechos compromisos” con el crimen organizado y lamenta que, a pesar de que ha tenido las herramientas para trabajar de manera independiente en la fiscalía, está obstruyendo la justicia y “utilizando a su favor y con objetivos perversos la ley que la protege”. EL PAÍS ha contactado al Ministerio Público para conocer su posición ante estas acusaciones pero no ha obtenido respuesta.
Navegando “con la bandera de la esperanza”
La salida de estos hombres y mujeres que en su día simbolizaron el compromiso de Guatemala en la lucha contra la corrupción ha provocado protestas en el país. Los ciudadanos ven cómo esos esfuerzos quedan en el olvido mientras los niveles de pobreza y desigualdad se agravan en medio de una pandemia para la que apenas han llegado vacunas. “Hoy Guatemala está viviendo un drama humano con la pandemia, con la corrupción, con la pobreza. Es increíble la falta de sentimiento de quienes nos gobiernan”, lamenta Thelma Aldana, quien huyó de su país en 2018, el día después de dejar de ser fiscal general, y meses después pidió asilo en EE UU. “Siempre ha habido una expresión para quienes han salido al exilio: ‘Cómo duele Guatemala’, dicen. Y es cierto”.
Después de su salida del país, el Ministerio Público emitió dos órdenes de captura en su contra por casos de corrupción que, según su testimonio, fueron fabricados por sectores afectados por sus investigaciones. En febrero de 2020, EE UU le concedió asilo y ahora trabaja en WOLA, una organización que promueve los derechos en las Américas. Pero el proceso no ha sido fácil. “Una siente que está renunciando a su país, a su vida, a su familia”, explica. Al principio, la exfiscal tuvo que sobrevivir con donaciones después de que en su país le bloquearan las cuentas. Ahora vive en un estudio en la capital estadounidense, un apartamento de un solo ambiente muy lejano de la casa grande que compartía con su familia en Guatemala. Aldana quiere usar su experiencia para ayudar a los llegados en los últimos meses a Washington. “Estamos tratando de apoyarles, dándoles esta vivencia nuestra para que tomen conciencia de que hay que quedarse. No es lo que uno quisiera, pero solo EE UU nos ofrece la seguridad que buscamos”, afirma.
Entre los juristas exiliados se ha generado una red informal de ayuda que, para Sandoval, ha sido lo mejor en medio de la incertidumbre. A Thelma Aldana y Claudia Paz —la fiscal general que enjuició al dictador Efrain Ríos Montt y que ahora está exiliada en Costa Rica—, las considera mentoras y apoyos fundamentales. De Andrei González, con quien compartió largas jornadas en la FECI, dice que en las dos semanas que lleva en EE UU se ha convertido en un “hermano” que le ayuda con las traducciones o le lleva a donde necesita en Washington. Mientras que de Claudia Escobar dice que le ha presentado a su familia y le ha hecho sentir como en casa.
“Ahora estoy analizando si pido asilo. Los que recién salimos navegamos con la bandera de la esperanza”, afirma el exfiscal anticorrupción. “Quizás, si no quisiera tanto a mi país, dijera: ‘Borrón y cuenta nueva. Voy a empezar de cero. Voy a lavar platos o voy a ver a qué me dedico’, pero así como Andrei González, Thelma Aldana, Claudia Escobar y Gloria Porras, yo tengo la convicción de que es imposible [ahora estar] en mi país. Pero no significa que no podamos aportar algo para que haya un avance en la recuperación del estado de derecho”, afirma.
Gloria Porras coincide en que a todos les une la idea de no claudicar en su intento de que en Guatemala se haga justicia, aunque sea desde lejos. “Advierto también un sentido de satisfacción por el deber cumplido y a ninguno he escuchado decir, a pesar de que no es una situación fácil, que se arrepiente de haber jugado el rol que le correspondía dentro de las funciones que realizó”, afirma la magistrada electa de la CC.
Las soluciones para desarticular un proceso tan complejo de corrupción enquistada en los poderes públicos, para la mayoría de ellos, pasan por que los ciudadanos ejerzan su fuerza, tanto en las calles como en las urnas, y en que la comunidad internacional apoye al país. “Estamos enfrentándonos a redes criminales internacionales con muchos recursos, con mucho poder. Un país donde las instituciones están cooptadas y capturadas en el sector justicia no puede salir solo adelante”, dice la exmagistrada Escobar. Para ella, la comunidad internacional debería pedir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras o implementar sanciones hacia su país por no hacer lo suficiente para luchar contra la corrupción.
El mes pasado, la destitución de Sandoval generó reacciones fuera de Guatemala. Estados Unidos, que este mismo año lo había condecorado por su lucha anticorrupción, anunció que congelaba temporalmente la cooperación con el Ministerio Público guatemalteco alegando que había perdido la confianza en la fiscal general. Para Escobar, con este caso, su país envió el mensaje de que no le importa la opinión de la administración de Joe Biden, que ha vinculado su cooperación con Centroamérica para frenar la migración a la lucha anticorrupción.
Además, la exmagistrada cree que urge ampliar las relaciones regionales y crear parámetros internacionales que incidan directamente en las instituciones. Un primer paso sería que la Organización de Estados Americanos (OEA) tuviera un rol más protagonista a la hora de buscar soluciones. “Creo que [el presidente Luis] Almagro podría involucrarse en Centroamérica. Le ponen mucha atención a Nicaragua y Venezuela. Tenemos que entender que este es un problema de la región”, afirma.
Por su parte, Thelma Aldana cree que los guatemaltecos en el exterior pueden tener un rol activo para generar conciencia del problema de su país. “Las mafias guatemaltecas saben guardar las formas, aparentan legalidad y usan la ley a su beneficio para la impunidad, para la corrupción, para criminalizar y tienen toda una estructura que va con campaña de desinformación, de criminalización, de desprestigio y eso puede confundir muy bien dentro del país y fuera de Guatemala”, explica. “Es labor nuestra, especialmente de quienes estamos fuera del país, hablar de esa verdad porque a pesar de que podamos sufrir por la venganza de la mafia, no llegan hasta donde estamos”.
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