Con el agua que se extrae de forma ilegal en cuatro de los acuíferos más sobreexplotados de España para cultivar cebollas, melones, frutos rojos, ajos, uvas o maíz se podría llenar 65.000 piscinas olímpicas o dar de beber a la mitad de los hogares de la Comunidad de Madrid durante un año, según concluye una investigación de la organización conservacionista WWF. La ONG calcula que en 2019 se sacaron casi 220 millones de metros cúbicos de agua subterránea para regar 88.000 hectáreas de terrenos que carecen de permiso, sin dar tregua a unos acuíferos exhaustos que no tienen tiempo para recargarse. Esos cuatro acuíferos, las masas de agua subterránea que alimentan la agricultura en Daimiel (Castilla-La Mancha), Doñana (Andalucía), Campo de Cartagena (Mar Menor, Murcia) y Los Arenales (Castilla y León), se encuentran en lugares de un gran valor ecológico y cuentan con figuras de protección, lo que convierte la situación en insostenible.
Para obtener estas cifras, WWF ha desarrollado una investigación durante un año en la que ha “medido la superficie de las parcelas ilegales y la cantidad de agua que autorizan las confederaciones hidrográficas para cada tipo de cultivo [cuando es legal] para su riego”, explica Rafael Seiz, técnico del Programa de Aguas de WWF. Así se ha obtenido una estimación que da una dimensión del problema, porque “la Administración no hace públicos esos datos”.
“Si lugares como las marismas de Doñana, las Tablas de Daimiel o el mar Menor se encuentran en semejante situación, ¿qué ocurrirá en zonas en las que ni siquiera se mira?”, se plantea Seiz. “En un escenario de cambio climático como el actual, el agua subterránea es una garantía de suministro”, añade. Por eso, asegura, habría que poner freno a la producción de alimentos con un consumo de agua “desmesurado”, sobre todo porque en muchas ocasiones las cosechas se quedan sin recoger: al caer los precios de mercado no interesa, “pero el agua ya se ha utilizado”, matiza.
Las consecuencias para el medio ambiente de estos abusos sobre los acuíferos son nefastas. Una de las situaciones más dramáticas se vive en el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, una llanura de inundación única rodeada de agricultura intensiva. Allí se están regando, al menos, 51.465 hectáreas de forma ilegal, el equivalente a 62.300 campos de fútbol, según las estimaciones de la ONG. El total de superficie de riego (legal e ilegal) es de 174.514 hectáreas. El humedal no recibe agua del acuífero desde los años ochenta y su estado actual es tan desastroso que a finales de septiembre apenas quedaban 21 hectáreas de terreno inundadas de las 1.750 totales, lo que ha obligado a poner en marcha los pozos de emergencia. Así se evitará que la turba de la cubeta entre en combustión y recuperar algo del humedal para que las aves migratorias no aterricen en un secarral.
Para extraer agua subterránea es necesario obtener un permiso a la Administración pública, lo que da derecho a utilizar una cierta cantidad. Pero en estos cuatro acuíferos, que WWF ha tomado como ejemplo de lo que sucede en otros muchos, se riegan parcelas sin contar con esa autorización. Es decir, se roba el agua. Lo peor, puntualiza la ONG, es que las Administraciones responsables desconocen qué cantidad se extrae por encima de lo autorizado, porque carecen de los recursos suficientes para la vigilancia. A esta circunstancia se suma que ha sido la propia Administración la que “ha alimentado tradicionalmente esta sobreexplotación” concediendo derechos de uso de agua “muy por encima” de lo que pueden soportar las reservas, indica la organización.
Algo que está ocurriendo también en la meseta castellanoleonesa, donde se regaron con agua robada del acuífero de Los Arenales 23.975 hectáreas (29.000 campos de fútbol) durante 2019. En este caso, WWF ha estimado que se han robado casi 98 hectómetros cúbicos (el 30% de la cantidad autorizada legalmente) para plantar cereales, maíz, patata, alfalfa, remolacha… “Lo que está pasando aquí es especialmente sangrante, porque se está repitiendo el esquema de Daimiel al permitir la Administración pública pasar de cultivos de secano a regadío”, aclara Seiz. En los últimos años, el nivel del acuífero ha bajado tanto que, en Tierra del Vino, la zona más afectada, está por debajo de los 25 metros.
Doñana y el mar Menor
De los acuíferos de Doñana y Aljarafe se extrae el agua para cultivar la mayor parte de las fresas y frutos rojos del mercado, además de arroz, algodón, remolacha, cebollas, tomates, calabazas… En este espacio clave para la biodiversidad, se usaron 21 hectómetros cúbicos para regar de forma ilegal 4.729 hectáreas (5.700 campos de fútbol) en 2020, indican los cálculos de la ONG. Las consecuencias son muy graves: Doñana ha perdido más del 80% de sus marismas y el 90% de sus lagunas estacionales desde principios del siglo pasado debido al avance de la agricultura intensiva. El Ministerio para la Transición Ecológica ha cerrado 170 pozos desde 2019, pero, aun así, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluyó que, “las extracciones desmesuradas de agua subterránea” en Doñana incumplen el derecho comunitario, por lo que ha condenado al Estado español.
El acuífero que fluye bajo el Campo de Cartagena y descarga en el mar Menor se encuentra en una situación completamente diferente: está demasiado lleno debido a que estos campos se riegan con el agua del trasvase Tajo-Segura y de desaladoras. Esto provoca que la descarga del acuífero en el mar Menor sea continua y el agua que sale está llena de nitratos procedentes, sobre todo, de la agricultura. Esta contaminación, que también llega a la laguna desde otros puntos, ha provocado episodios de falta de oxígeno en la laguna con mortandades de toneladas de peces. La última crisis ocurrió en agosto. La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha reconocido la existencia de 8.460 hectáreas ilegales (10.200 campos de fútbol), de las 43.071 que existen en regadío. Sin embargo, la investigación de WWF ha detectado que “el uso ilegal del agua se extiende más allá de los límites que ha marcado la CHS”.
Esta gestión del agua subterránea provoca una reducción drástica de aportes a ríos y humedales, lo que afecta a la importante biodiversidad que sustentan debido a que los niveles freáticos (altura del agua) bajan cada vez más y no llegan a la superficie, de tal forma que no se abastece el ecosistema, mantiene el informe. También aparece contaminación salina o de sustancias procedentes de la actividad agraria, como los nitratos en el mar Menor, y hundimientos del terreno. WWF exige a las autoridades que se combata “este delito ecológico”, cerrando todas las extracciones ilegales, modificando la Ley de Aguas y ampliando las plantillas y los recursos de los organismos que vigilan el regadío.
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