En agosto de 1985, el papa Juan Pablo II estaba en Kenia, había casado a 32 parejas en Nairobi y desde allí dio una homilía condenando la poligamia, los métodos anticonceptivos y el aborto. España acababa de aprobar la ley que despenalizaba la interrupción del embarazo en tres supuestos —violación, riesgo de malformación o para la salud física o mental de la madre—. La tensión en una sociedad que se dividía entre el avance en la libertad sexual y reproductiva de las mujeres y la cultura católica y conservadora empezó a verse reflejada en los grupos de personas que se apostaban a los alrededores de las clínicas privadas que comenzaron a practicar interrupciones voluntarias del embarazo. La ley que penaliza ese acoso a las mujeres que han decidido abortar entra en vigor este jueves, pero el hostigamiento, a veces las agresiones físicas, y siempre los insultos, no son nuevos. Llevan ocurriendo casi 37 años.
Al teléfono, Laura Berja, la portavoz de Igualdad del PSOE en el Congreso, de donde partió esta nueva legislación, habla de cómo, entre las distintas alternativas, tomaron como referencia la legislación francesa, que cuenta este acoso como un delito concreto: “Registramos la proposición de ley en el Congreso y dijimos lo que ahora ya es ley, que esta obstaculización a los derechos de las mujeres es un tipo penal específico”. El debate en la Cámara sobre la modificación del Código Penal que requería esta propuesta tuvo lugar el pasado 21 de septiembre. Fue también ese día, durante ese debate, cuando el diputado de ultraderecha José María Sánchez García llamó “bruja” a Berja desde la grada. “Recen ustedes cuanto quieran, pero dejen a las mujeres ejercer sus derechos”, le contestó la portavoz socialista.
Todos los partidos, excepto PP y Vox, estuvieron a favor de la reforma. Llegó al Senado el pasado 6 de abril y salió adelante por 154 votos a favor, 105 en contra y ninguna abstención. Este martes fue publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Y a partir de este 14 de abril ya es ley: acosar a las mujeres que deciden abortar es un delito en España. “El acoso a los centros sanitarios donde las mujeres interrumpen voluntariamente sus embarazos es una constante desde la aprobación de la Ley Orgánica 9/1985″, comienza el preámbulo de esa norma. “Esta ley orgánica ofrece proporcionar seguridad jurídica tanto a las mujeres que quieren interrumpir el embarazo como a los profesionales que participan“, se lee al final de ese primer párrafo.
“Actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos”
La norma modifica el Código Penal en un artículo, el 172 quater. Por él, se penará con prisión de tres meses a un año o con trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días a quienes acosen a una mujer mediante “actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben su libertad”. Las mismas penas para quienes cometan ese acoso contra “los trabajadores del ámbito sanitario en su ejercicio profesional o función pública y al personal facultativo o directivo de los centros habilitados para interrumpir el embarazo con el objetivo de obstaculizar el ejercicio de su profesión o cargo”. Establece también el texto que, según “la gravedad, las circunstancias personales del autor y las concurrentes en la realización del hecho, el tribunal podrá imponer la prohibición de acudir a determinados lugares por tiempo de seis meses a tres años”.
Y, el último artículo, el 5, fija que para “la persecución de los hechos descritos no será necesaria la denuncia de la persona agraviada ni de su representación legal”. Las mujeres que van a abortar, explica Berja, “no solo han tenido que tomar esa decisión, que ya es bastante compleja, sino que después probablemente hayan tenido que pasar por ese acoso. Si además tienen que pensar en meterse en una denuncia y un procedimiento judicial… Ya es bastante difícil y duro ese momento como para añadir más daño”. Y, tanto esa cuestión concreta como la normativa en sí, “es un primer paso fundamental y contundente”, dice la portavoz.
Lo dice también José Antonio Bosch, asesor jurídico de ACAI (la asociación de clínicas de interrupción voluntaria del embarazo): “Venimos padeciendo acoso desde 1985 y es magnífico que se reconozca este problema como uno específico contra las mujeres, con entidad propia, y que se intente poner remedio. Hay algunos sectores que dicen: “Bueno, la coacción ya está prevista en el Código Penal, ¿qué necesidad de una nueva?’. Afortunadamente hay una sensibilidad social y política que va reconociendo problemas y les da relevancia”.
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Esa organización, junto a otras 61 entidades feministas, sindicales y civiles, se agruparon en 2019 en la Plataforma Pro-Derechos para denunciar ese hostigamiento y pedir la creación de un nuevo tipo penal para actuar contra “los grupos antiderechos y antielección”. Calculaban entonces que alrededor de 8.000 mujeres habían sufrido esas “coacciones” desde que entró en vigor la ley de plazos del aborto, en 2010. Aseguraban que se producían un centenar de veces al año, y eso, “siendo conservadores en las cifras”. Alertaban también de “su intensificación”.
El último informe de ACAI, de 2018 y cuyas cifras recoge la nueva ley, mostraba que un 89% de las mujeres que acudieron abortar se habían sentido acosadas y un 66% amenazadas: “Miles de mujeres, se han visto increpadas, insultadas, coaccionadas o amenazadas de algún modo”. Los grupos “abordan a las mujeres con fotografías, fetos de juguete y proclamas contra el aborto antes de que entren en la clínica. El objetivo es que las mujeres modifiquen su decisión a través de coacciones, intimidación y hostigamiento”, explica el preámbulo de la normativa. Sin embargo, ninguna de esas mujeres cambió su decisión. Y lo único que frenó durante un tiempo el acoso fue la pandemia, el confinamiento.
Tras las primeras olas, los grupos volvieron a colocarse alrededor de los centros. En 2021, la campaña 40 Días por la vida (filial española de la organización de origen estadounidense 40 Days for life), consistió en 40 días de rezos ininterrumpidos frente a esas clínicas. En Madrid, quienes más sufrieron ese acoso fueron las mujeres que acudían a Dátor, la primera que obtuvo acreditación en España para practicar la interrupción voluntaria del embarazo. Llevan 37 años ayudando a las mujeres a ejercer su derecho al aborto, y el mismo tiempo sufriendo desde gritos hasta amenazas.
Intensidad creciente
Sonia Lamas, su portavoz, cuenta que son “conscientes de que con estos grupos, que son contrarios a los derechos de las mujeres y al derecho al aborto, va a haber una acción-reacción”. “Venimos diciendo que el nivel de acoso está llegando a unos límites bastante altos, poniendo en peligro la integridad de las personas a las que se dirigen, mujeres y profesionales”, añade. Hace solo tres días, recuerda, una mujer entró a la clínica a llamarles “asesinos”. Denunciaron. Y ahora, “con la ley en la mano, a ver qué respuesta se da a estos grupos”.
En su caso, la situación además se ha “dificultado”. El pasado 8 de marzo, mientras miles de mujeres y hombres caminaban hacia las manifestaciones, la organización de ultraderecha Hazte Oír inauguraba frente a Dátor un local para ofrecer un espacio de reunión y organización a los distintos grupos antiabortistas. “Y de la sede central del acoso a la clínica no hay más de 50 metros”, calcula Lamas.
En 1987, solo dos años después de la despenalización del aborto, Javier Salmean escribía una tribuna en este diario, era el jefe del servicio de Obstetricia y Ginecología del hospital Severo Ochoa de Leganés, en Madrid: “Merece la pena reflexionar sobre el comportamiento de las minorías que, amparadas en una serie de garantías propias de toda sociedad democrática, son capaces de negar derechos inalienables que corresponden a las mayorías en su decisión individual […] Todos necesitamos respeto a la mujer y tolerancia en el aborto que viene”.
El futuro y la aplicación de la ley
La nueva norma ahora deberá aplicarse y, aunque el último párrafo del preámbulo establece que “se considera imprescindible garantizar una zona de seguridad alrededor de los centros sanitarios que facilitan la interrupción voluntaria del embarazo de forma que quede garantizada la intimidad de las mujeres, su libertad y seguridad física y moral, así como su derecho a la libre circulación y de este modo garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”, el texto no recoge de forma concreta un perímetro. Eso, dice José Antonio Bosch, el asesor jurídico de ACAI, le “falta”.
“Metros, simplemente eso. Al no tener un ámbito geográfico concreto de la acción, un radio de 50 metros desde la puerta clínica, por ejemplo, puede haber problemas a la hora de aplicarla”, explica. Asegura que en ello tendrán que ver las “sensibilidades” de las autoridades: “La del mando policial es determinante a la hora de persecución de esos delitos, y esto [la norma] va a empujar esa sensibilidad, o eso esperamos. Y también en los tribunales, porque cuando la norma requiere interpretación de la acción entra en juego la ideología de cada uno y esa sensibilidad”.
Tanto Bosch como Sonia Lamas, la portavoz de la clínica Dátor, en Madrid, creen que si se hubiese marcado la zona de seguridad en metros –como ya han hecho otros países como Irlanda y como ya ha planteado en España tanto el Defensor del Pueblo como ACAI y otras organizaciones civiles y feministas–, “se hubiese facilitado tanto la intervención policial como los resultados en los juzgados”. Bosh está convencido de que los grupos antiabortistas “van a buscar todas las rendijas para seguir intentando frenar los derechos de las mujeres” y “habrá que ir afinando los instrumentos” para contrarrestarlo.
Laura Berja, la portavoz socialista de Igualdad en el Congreso, explica que fue una opción que se valoró, pero que suponía una modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana: “Consideramos prioritario el Código Penal y valorar más adelante que ese cambio se pudiese incorporar”.
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