Un funcionario público, dos trabajadores de una empresa de bolígrafos y un contable convertido en taxista llegaron a Ceuta entre el 17 y el 18 mayo aprovechando que los guardias marroquíes miraban hacia otro lado mientras miles de personas intentaban llegar a la ciudad autónoma. Estos cuatro yemeníes, exiliados de un país devastado por la guerra donde el 80% de su población necesita ayuda humanitaria, se dirigieron a las autoridades españolas al grito de: “¡Yemení, asilo! ¡Yemení, asilo!”. En menos de 24 horas, y en diferentes momentos, los cuatro fueron arrastrados y golpeados hasta la frontera, según denuncian a EL PAÍS desde diferentes ciudades de Marruecos.
Marlaska defiende la legalidad de todos los retornos en la crisis de Ceuta, pero Acnur denuncia posibles devoluciones ilegales
El pasado viernes, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, volvió a insistir en que los más de 7.000 retornos —forzosos o voluntarios— que se realizaron durante la crisis respetaron la ley. El ministro mencionó además que Acnur, la agencia para los refugiados de la ONU, estuvo desde el “primer momento” en las inmediaciones de la frontera ayudando a los cuerpos de seguridad del Estado a identificar a los migrantes más vulnerables. Estos perfiles, como es el caso de los potenciales refugiados, tienen reconocida una especial protección en la ley española y en los convenios internacionales que España ha firmado. Su expulsión no puede ejecutarse sin que antes se analice su caso y su demanda de asilo.
Tras las palabras del ministro, Acnur se desmarcó rápidamente: “No podemos confirmar que todas las devoluciones se hayan hecho conforme a la legalidad o de forma voluntaria puesto que hemos recibido algunos testimonios de personas que nos trasladaron su interés en pedir asilo y que habían sido devueltas de manera forzosa y, en algunos casos, con violencia”. Después de conocer estos “hechos graves en materia de protección internacional”, la organización pidió formalmente a las autoridades españolas la apertura de una investigación. Fuentes del Ministerio del Interior aseguran no tener conocimiento de ninguna petición de investigación en ese sentido. “Interior está siempre disponible y prestará toda su colaboración en cualquier investigación abierta sobre posibles hechos irregulares”, aseguran las mismas fuentes. La Fiscalía de Menores de Ceuta, por su parte, investiga la devolución en caliente de menores.
Una de esas personas que, según su testimonio, Acnur identificó como potencial refugiado y que acabó arrastrado hasta la frontera, es Khaled, de 28 años. Este funcionario público, que huyó de Yemen al estallar la guerra en 2015, entró por la playa del Tarajal en las primeras horas del 18 de mayo. Nadie lo interceptó y estuvo buena parte de la noche deambulando por la ciudad hasta que decidió acercarse a las naves donde la Cruz Roja atendía a los recién llegados. En ese espacio, donde los primeros días reinó el caos y cientos de personas aguardaban sentadas en el suelo, él y otros dos yemeníes contaron su caso a una trabajadora de Acnur. “Le dijimos que queríamos pedir asilo, hizo una foto de nuestros pasaportes, vimos cómo hablaba de nosotros a los jefes de la policía y del Ejército y nos dijo que estuviésemos tranquilos”, relata Khaled en una videollamada. “Pero cuando ella se marchó, llegaron dos militares y cinco policías a recriminarnos que hubiésemos hablado con Acnur”, denuncia. “¡Ahora, a Marruecos!”, asegura que le dijo un policía.
Según Khaled, pasadas las ocho de la noche del martes 18, los militares los sacaron a la fuerza de las naves. “En el camino a la valla nos empujaron y nos pegaron con la porra. Enseñábamos los pasaportes y les gritábamos asilo, pero dio igual”. El Ministerio de Defensa, preguntado por estas actuaciones, ha declinado hacer comentarios.
El caso de Khaled también llegó a la ONG Coordinadora de Barrios que ha denunciado las expulsiones forzosas de solicitantes de asilo ante el Defensor del Pueblo. La ONG entrevistó además a otros seis yemeníes, tres de los cuales también han contado a EL PAÍS secuencias parecidas a la que describe Khaled.
Ahmed, de 32 años, y Amar, de 39, que trabajaban en el departamento de marketing de una empresa de bolígrafos, huyeron juntos de Yemen en 2019. “Allí no tenemos muchas opciones. O eres parte de la guerra o te marchas”, cuenta Ahmed. El plan de los dos era, en realidad, entrar a España por Melilla, pero empezaron a leer en Facebook que abrirían las fronteras en Ceuta y tomaron un taxi de Nador a Castillejos. Entraron en la ciudad autónoma el lunes 17. “Cuando llegamos buscábamos un lugar donde nos ayudasen. Estábamos con la ropa mojada, teníamos hambre y estábamos muy cansados”, recuerda Amar. Los dos acabaron también en las naves del polígono del Tarajal. “Los militares nos pegaron con porras, nos tiraron al suelo y nos pusieron el pie en la espalda. Después de pegarnos, nos echaron”, describe Ahmed indignado. Los dos aseguran que mientras mostraban sus pasaportes gritaron en varias ocasiones en español “¡Asilo, yemení!”.
Hussein, de 27 años, un contable que trabajaba como taxista en Yemen, también denuncia que lo expulsaron a la fuerza. Él entró nadando junto a Khaled, pero ya en la ciudad se separaron. “Fui atacado y golpeado. Un militar apuntó el arma hacia mí y roció una sustancia roja. Olía como a pimienta”, detalló. Acabó encontrándose con sus compatriotas al otro lado de la frontera. “Pensaba que por venir de un país en guerra tendría un trato distinto al que recibí”, lamenta.
Más allá de los yemeníes, varias mujeres de la República Democrática del Congo, con al menos tres niños, denunciaron su expulsión a Coordinadora de Barrios. Su abogada, Patricia Fernández Vicens, mantiene que las devoluciones realizadas en Ceuta infringieron la Convención de Ginebra para los refugiados y la Convención de los Derechos del Niño, además de la propia legislación española. “Lo que ocurrió en Ceuta pone de manifiesto que no es posible realizar rechazos en frontera, o las llamadas devoluciones en caliente, con las garantías debidas”, asegura.
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