El convenio que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, firmó el 4 de julio con el gobierno de Oaxaca para que el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) defienda a indígenas en reclusión que han sufrido violaciones a su debido proceso, posibilita la excarcelación de 7 mazatecos de Eloxochitlán de Flores Magón, que llevan de 4 a 8 años sin sentencia, incriminados por homicidio en grado de tentativa por la ex legisladora morenista Elisa Zepeda Lagunas.
El director del IFDP, Netzaí Saldoval, expresa que si bien no conoce sus expedientes existe la posibilidad de que el Instituto a su cargo intervenga porque el convenio “abre la puerta para que podamos llevar los casos de personas indígenas que han sido criminalizadas y han sufrido violaciones de derechos humanos en sus procesos penales”.
El convenio, cuya copia tiene esta reportera, dice que a petición de la parte interesada: “El Instituto podrá brindar la representación subsidiaria que corresponda cuando se advierta que las personas en situación de vulnerabilidad, especialmente las pertenecientes a las comunidades indígenas y afromexicanas, se encuentran o puedan quedar en estado de indefensión y se haya actualizado alguna violación a sus derechos humanos”.
La abogada Argelia Betanzos, hija del profesor Jaime Betanzos, uno de los 7 indígenas presos, señala que Morena ha cobijado a la ex presidenta de la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia de la LXIV Legislatura de Oaxaca sin conocer las inconsistencias de sus declaraciones por las que las 34 personas que ella ha imputado han obtenido 13 amparos y 25 sentencias de libertad.
Sin embargo, puntualiza que todas han enfrentado “dilaciones sistemáticas dolosas por parte de los propios juzgados, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), los cuerpos de seguridad”.
Familiares de los presos políticos en Eloxochitlán durante una manifestación en 2019.
Los hechos de violencia sucedieron en Eloxochitlán el 14 de diciembre de 2014, originados por la toma del palacio del ayuntamiento por parte de Manuel Zepeda Cortés, padre de la ex legisladora, que había culminado su gestión como presidente municipal. La Asamblea Comunitaria lo acusó de atacar con armas una de sus reuniones dejando seis heridos de bala, lo que detonó una riña en la que la exdiputada y su madre fueron golpeadas, y su hermano y uno de los atacantes armados resultaron muertos.
La abogada Betanzos precisa que los obstáculos y dilaciones que padecieron los 5 primeros años del proceso judicial se agravaron a partir de la liberación de Miguel Ángel Peralta, antropólogo de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), que había sido sentenciado a 50 años de prisión.
El mazateco fue liberado el 14 de octubre de 2019 y quince días después el Congreso Federal emitió un punto de acuerdo, que no se difundió en los medios de comunicación, en poder de la reportera, en el que se pide que los hechos sean juzgados con perspectiva de género, y valida la versión de la ex presidenta municipal al tiempo que cuestiona la liberación de Peralta sin desarrollar argumentos.
Lo firmaron 42 diputadas y diputados de Morena y el Partido del Trabajo (PT), entre los que están figuras de peso político como Tatiana Clouthier, actual titular de la Secretaria de Economía; Pablo Gómez Álvarez, hoy al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera; Dolores Padierna Luna, diputada federal por el partido Morena; y Gerardo Fernández Noroña, diputado federal por el Partido del Trabajo (PT).
“En 2020 y 2021 nos han negado todo, ha sido brutal el bloqueo”, manifiesta la abogada Betanzos pues dice que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca (TSJEO) les negó siete apelaciones, el Ministerio Público apeló 4 autos de libertad y una sentencia absolutoria, en tanto hubo “declinaciones de competencia” de parte de los jueces en los trámites de amparo.
La abogada Argelia Betanzos y su madre, Eusebia Zepeda, quienes están viviendo en un plantón afuera del Consejo de la Judicatura Federal para exigir la liberación de los 7 presos mazatecos de Eloxochitlán.
Como recurso de presión para agilizar el debido proceso de los 7 presos, 5 mazatecas familiares de los mismos, entre ellas Argelia Betanzos, iniciaron un plantón a las afueras del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) a partir del 26 de mayo del 2021 sin que obtuvieran respuesta.
Luego de darse a conocer el convenio del ministro Zaldívar con el gobierno de Oaxaca, las mazatecas le hicieron llegar una carta, fechada el 5 de agosto, en la que le solicitan que el IFDP “debe con urgencia examinar y representar este caso de fabricación de delitos que es obstaculizado por consigna y porque existen elementos de cargo”.
Netzaí Sandoval especifica que en el marco del convenio con el gobierno de Oaxaca la defensa pública del IFDP no es compatible con la defensa privada, por lo que solo pueden asumir la representación legal de los casos si la persona renuncia a ésta o la revoca.
La abogada Betanzos explica que buscan la intervención del Instituto para un recurso separado del juicio principal, cuyo destino será una sentencia que esperan recibir el segundo semestre de 2022, para presentar un amparo federal indirecto que reclame el respeto a sus derechos humanos como el haber excedido la prisión preventiva de dos años.
La defensora legal recordó que durante la presentación del convenio, Zaldívar destacó que la fabricación de pruebas y el encarcelamiento de personas indígenas por no haberse podido defender al carecer de un servicio de traducción en su lengua originaria en su debido proceso como dos de las razones de peso para la creación del convenio.
Sobre la primera, expuso que abundan evidencias de la fabricación de pruebas de parte de la ex diputada, como lo muestra la declaración Fernando Ramírez Carrera, uno de sus testigos de cargo que se negó a declarar contra los imputados.
En su declaración ministerial, que integra el Expediente 02/2015, cuya copia tiene la reportera, manifestó:
“….que él en ningún momento declaró ante el ministerio público pero que sí es su firma porque se la llevaron a firmar no recordando las fecha en que la firma, así mismo manifestó que la credencial de elector que aparece en copia certificada al final de la declaración antes aludida, sí corresponde a su credencial pero que no sabe como existe la copia de la que se le dio vista, porque nunca la proporcionó”.
De la segunda señaló el caso del mazateco Francisco Durán Ortíz, detenido en 2018, al que se le negó sistemáticamente el acceso a una persona traductora en su lengua materna, como lo mostró la negativa del Ayuntamiento de Eloxochitlán para proporcionarlo, según lo prueba el número de oficio 13/2019 que posee la reportera.
“Y eso fue muy doloroso, hasta el año Francisco Durán supo por qué estaba detenido y pudo rendir su declaración preparatoria”, detalla.
El titular del IDPF, por su parte, considera como uno de los principales logros del mismo el haber aumentado de 39 a 148 las variantes de lenguas indígenas que cuentan con personas traductoras especializadas durante su gestión.
Diversas discordancias de las declaraciones de la ex legisladora quedaron igualmente asentadas en el expediente penal 02/2015, cuya copia tiene la reportera, como aumentar de 2 a 34 el número de personas imputadas en la golpiza que dijo sufrir en su domicilio. Además contradijo la declaración de su padre, testigo central de su alegado ministerial, pues en entrevista videograbada negó que él hubiera atestiguado el evento, como lo documenté en Diputada de Morena se contradice en declaraciones contra 8 presos indígenas publicada en Aristegui Noticias.
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