En su despedida como Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro Arturo Zaldívar criticó el nepotismo y la corrupción del Poder Judicial y advirtió que la justicia es “una palabra vacía para la gran mayoría del pueblo”.
Ante los Plenos conjuntos de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Zaldívar Lelo de Larrea reconoció que el acceso a tribunales para defender los derechos de las personas es “una promesa sin cumplir” para la población mexicana.
Al rendir su cuarto y último informe, Zaldívar también pidió “un México justo e igualitario, sin discriminación, clasismo ni racismo” en el que no se condene a la gente a la marginación por su color de piel, su origen étnico, su pertenecencia a la diversidad sexual o su nivel económico.
“Por ese México seguiré trabajando sin descanso, hasta el límite de mis fuerzas, y a donde quiera que me lleve la vida. No hay costo personal o político que no valga la pena pagar por ello”, afirmó.
Frente al Presidente Andrés Manuel López Obrador, el ministro Zaldívar dijo que durante su gestión le tocó enfrentar “a las redes de corrupción y tráfico de influencias que imperaban en la judicatura”, primero con sanciones y luego con acciones preventivas.
Destacó que por primera vez, el Consejo de la Judicatura con un sistema de control interno que permite analizar la evolución patrimonial de los servidores públicos, mediante la comparación de ejercicios, altas, bajas y otro tipo de cruces de información que permiten conocer la integridad patrimonial de los funcionarios judiciales.
Agregó que derivado de las políticas anticorrupción del CJF, en lo que va del 2022 se sancionó a 17 titulares de tribunales y juzgados, se impusieron sanciones económicas por más de 16 millones de pesos, y se judicializaron tres carpetas de investigación en contra de funcionarios públicos del Poder Judicial de la Federación.
Zaldívar también presumió que en cuatro años logró erradicar el nepotismo en la carrera judicial, por lo que ahora los ascensos se logran solamente por méritos y en igualdad de oportunidades.
Explicó que para identificar los casos de nepotismo se implementó un buzón de quejas y denuncias, una plataforma electrónica para la identificación de redes familiares y el cambio de reglas para la asignación de plazas laborales.
“A lo largo de esta administración se llevaron a cabo 197 readscripciones de personas juzgadoras federales por razón de nepotismo, lo que da cuenta tanto de la magnitud del fenómeno, como de la firmeza para erradicarlo”, sentenció.
Además, se continuó con la revisión y liberación de la segunda fase del Padrón Electrónico de Relaciones Familiares, que permite llevar el registro de relaciones familiares hasta el 5to grado y brinda información en tiempo real actualizada sobre cada servidor público del Poder Judicial de la Federación.
“Hoy en día, al Poder Judicial no se ingresa por relaciones ni compadrazgos; no se asciende por dedazo; las plazas no se intercambian por favores de ningún tipo. Solo la aptitud y el mérito, bajo una perspectiva de igualdad sustantiva, son determinantes”, enfatizó.
En materia de equidad de género, resaltó que en sólo cuatro años, el Consejo de la Judicatura Federal otorgó nombramiento a 273 Juezas de Distrito, cifra que representa el 51% de las juezas que habían sido nombradas desde 1995 hasta el 2018.
Con estos nombramientos, el porcentaje de mujeres en cargo de juezas aumentó del 23% a un 40%, superando todos los máximos históricos desde que existe la carrera judicial.
Además, destacó que en el mismo lapso de tiempo se nombraron 81 magistradas, con lo que el porcentaje de mujeres en el citado cargo pasó del 18% al 24%, incremento que resultó menor al de los nombramientos de juezas, derivado de la propia brecha que existía en materia de juzgadoras federales.
Zaldívar también dijo que la reforma judicial dio sus primeros frutos al disminuir la carga de trabajo de las Salas de la Suprema Corte, particularmente con una mayor discrecionalidad para que se puedan desechar los amparos directos en revisión y eliminando el recurso de reclamación en contra de esta determinación.
“Hoy los resultados son contundentes. Mientras que en 2018 las Salas resolvieron 7,728 asuntos en sesión, este año la cifra fue de 2,387: una reducción de casi el 70% en la carga de trabajo, lo que permite a las ponencias centrar sus esfuerzos en la argumentación de las sentencias y en acercar los derechos humanos a la vida cotidiana de todas las personas”, concluyó.
Por último,dio a conocer que la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura del PJF, creada durante su gestión, recibió más de 5,000 denuncia por tortura o malos tratos.
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