Durante 2020 la Fiscalía General de la República y la Comisión de la Verdad sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, dieron a conocer avances en las investigaciones que desmontaron la llamada ‘verdad histórica’ defendida por el gobierno de Enrique Peña Nieto.
La desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, volvió a ocupar la agenda informativa nacional durante 2020, al registrarse avances en las investigaciones y por la demanda permanente de justicia por parte de los familiares.
A más de seis años de los sucesos de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, el tema cobró un nuevo impulso luego de que la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa presentara un informe de sus avances. El pasado 26 de septiembre durante un acto en Palacio Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) y el gobierno federal coincidieron en el fin de la llamada “verdad histórica” impuesta durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).
En ese marco, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se ejecutarían órdenes de aprehensión contra militares y que no habrá impunidad. Dos días después refrendó su dicho durante su conferencia matutina, e hizo un llamado a los detenidos para que colaboren e incluso puedan ser considerados como testigos protegidos si aportan información veraz sobre los hechos.
El fiscal Alejandro Gertz Manero dijo el 26 de septiembre que ya no cabe la menor duda de que el gobierno anterior “en todas sus instancias, desde la cúspide del poder hasta los operadores más elementales: encubrieron, mintieron, torturaron, realizaron falsas diligencias y trataron de ocultar con impunidad y con escándalos mediáticos una trama que ahora se ha logrado exhibir con toda su crudeza y realidad”.
Acusó que el entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, “se convirtió en encubridor y en vocero del Ejecutivo para tratar de orquestar este engaño mediático masivo y para eludir las responsabilidades que eran ineludibles”.
Gertz había declarado el fin de la “verdad histórica” el 30 de junio, a través de un vídeo en el que anunció que se habían solicitado 46 órdenes de arresto contra funcionarios municipales de Guerrero.
El pasado 10 de diciembre, el presidente López Obrador prometió a los familiares de los desparecidos que habrá más avances en el caso. Tras un encuentro con motivo del Día de los Derechos Humanos, el ejecutivo aseguró que trabajará “hasta encontrar a los 43 jóvenes y que se haga justicia, porque se trata de una prioridad de Estado”, un compromiso principal de su administración y un caso doloroso que afecta a todos los mexicanos.
José Martínez Crespo, primer militar preso en relación con el caso
El 12 de noviembre se dio a conocer la detención del capitán José Martínez Crespo por su presunta implicación en la desaparición de los normalistas, lo que lo convirtió en el primer militar aprehendido en relación con estos hechos.
Crespo ingresó a la prisión del Campo Militar 1-A de la Ciudad de México, luego de que se presentara de manera voluntaria. No obstante, la acusación formal es por el delito de delincuencia organizada y no por desaparición forzada, según informó a diversos medios su abogado Conrado López Hernández.
Martínez Crespo era mando del 27 Batallón de Infantería con base en Iguala, Guerrero, cuyos miembros son investigados en torno a su papel en la desaparición de los estudiantes. De acuerdo con un reportaje de los periodistas Anabel Hernández y Steve Fisher, publicado por Proceso en 2015, el militar acudió a la comandancia de la policía de Iguala con 12 elementos del batallón, la noche de los sucesos.
Uno de los líderes de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado ‘El Chino’, aseguró que el militar trabajaba para su grupo.
El 17 de diciembre, el periódico El País publicó un reportaje en el que indicó que fuentes cercanas a la investigación revelaron que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no ha atendido las peticiones de información de la FGR.
El diario destaca que los investigadores apuntan en sus pesquisas “a unos 30 militares entre los que estuvieron en Iguala y la cadena de mando”. En esa lista se encuentran los generales José Rodríguez, responsable del batallón de Iguala en 2014, y Alejandro Saavedra, encargado de la zona militar del estado de Guerrero.
Tomás Zerón está en Israel, según las investigaciones: FGR
La FGR señala que Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal y quien fue encargado de la indagatoria, participó en el encubrimiento del caso a cambio de un pago que le permitió robarse más de mil millones de pesos de la extinta PGR.
Las investigaciones lo sitúan en Israel, país al que se le solicitó el apoyo para que regrese a México y se cumpla con la orden de aprehensión que existe en su contra desde junio, por los delitos de tortura, desaparición forzada, alteración de la escena del crimen, pérdida y ocultamiento de pruebas.
A principios de diciembre, el periodista Mathieu Tourliere, de la revista Proceso, reveló una fotografía de Zerón que circula en el ámbito de la inteligencia en Israel.
Tomás Zerón de Lucio. La imagen de la derecha se corresponde con la imagen actual del prófugo. Foto: Proceso.
La fotografía apareció en el contexto del ‘Proyecto Cartel’, impulsado por la organización Forbidden Stories, en el que 60 reporteros de 25 medios y 18 países continuaron con los temas de investigación de periodistas asesinados en México, como Javier Valdez o Regina Martínez.
Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, Tourliere explicó que la imagen fue recibida por una persona que es parte del mercado de inteligencia y fue obtenida de un amigo del exfuncionario.
Desde abril de 2016, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que colaboró con las investigaciones, alertó sobre las irregularidades en las diligencias realizadas por Zerón en el río San Juan en octubre de 2014, donde supuestamente aparecieron bolsas con fragmentos óseos del estudiante Alexander Mora Venancio.
En septiembre de este año, la FGR dio a conocer que los restos de Mora, cuya identidad fue confirmada por la Universidad de Innsbruck, no fueron encontrados en el basurero de Cocula ni en el río, y que cuando se hicieron las falsas diligencias ya estaban en la Ciudad de México en las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).
La Fiscalía cuenta con material que demuestra el montaje de Zerón en el escenario del río San Juan. El 28 de octubre de 2014, el exfuncionario sacó de manera ilícita de los separos al señor Agustín García Reyes. Lo trasladó en helicóptero, lo torturó, y en las orillas del río lo obligó a señalar una serie de bolsas, sin que se siguieran los procedimientos que ordena la ley.
El 13 de julio se dio a conocer un vídeo en el que se observa como Zerón interrogó y torturó a Felipe Rodríguez Salgado, alias ‘El Cepillo’, uno de los principales acusados por su involucramiento en la desaparición de los 43 y quien apuntaló la “versión histórica” de que los estudiantes habían sido incinerados en el basurero de Cocula y sus cenizas arrojadas al río San Juan. En el vídeo de la tortura, ‘El Cepillo’ aparece con la cara tapada, sentado y esposado. En un momento dado Zerón le espeta: “A la primera mamada que me digas, te mato güey“.
Prisión al ‘Mochomo’ por su presunta participación en la desaparición
El 2 de diciembre una juez federal formalizó la prisión contra José Ángel Casarrubias Salgado ‘El Mochomo’, uno de los dirigentes del grupo criminal Guerreros Unidos. Lo anterior, por delincuencia organizada y por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
María del Socorro Castillo Sánchez, jueza del Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, determinó que la FGR aportó pruebas suficientes para presumir la participación de ‘El Mochomo’ en los sucesos ocurridos en Iguala la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
La nueva acusación de la Fiscalía se enmarca en la causa penal 5/2020, que incluye más de una decena de órdenes de aprehensión, entre ellas la del capitán retirado José Martínez Crespo.
Castillo Sánchez dejó en libertad a Casarrubias en julio, en otra causa penal relacionada con el caso Ayotzinapa. Cuando salió de la cárcel, la Fiscalía volvió a aprehenderlo por una investigación relacionada con la delincuencia organizada.
En su momento el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) suspendió por seis meses a Marco Aurelio González, secretario de acuerdos del juzgado, quien elaboró el proyecto que desembocó en esta liberación. Personas cercanas a ‘El Mochomo’ ofrecieron importantes sumas de dinero al personal del juzgado a cambio de que fuera liberado, revelaron audios dados a conocer en distintos medios.
Actualmente hay dos procesos penales abiertos contra José Ángel Casarrubias. El otro proceso está en manos de un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México.
A finales de septiembre el juez lo vinculó a proceso junto con su abogado, lo que dio tiempo para que la Fiscalía presentara una acusación en su contra por desaparición forzada, con relación a su participación en la agresión, privación ilegal de la libertad y desaparición de los 43.
José Luis Abarca, preso por delincuencia organizada y lavado
A mediados de diciembre, el Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, dictó un nuevo auto de formal prisión a José Luis Abarca Velázquez, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Abarca fue presidente municipal de Iguala, Guerrero, cuando ocurrió la desaparición de los normalistas y es acusado de mantener vínculos con el grupo delictivo Guerreros Unidos, organización señalada como una de las responsables de estas desapariciones.
A principios de este mes, el exalcalde de Iguala ganó un amparo para que un juez le tomara nuevamente su declaración preparatoria. Sus abogados informaron que interpondrán nuevos recursos contra la prisión al exedil.
Las autoridades apuntan a las relaciones de Abarca Velázquez y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, con la organización Guerreros Unidos. Así lo señalaron los testigos colaboradores Sergio Villarreal Barragán ‘El Grande’ (lugarteniente de los Beltrán Leyva) y Eynar Rodrigo Lozano Mendoza (vinculado con el Cártel de Sinaloa).
El matrimonio fue aprehendido el 10 de mayo de 2015 por agentes de la entonces Policía Federal y les imputaron la muerte de seis personas. En la causa más reciente se les acusa de adquirir con dinero ilícito diversos inmuebles.
Abarca también enfrenta causas penales en Tamaulipas y en el Estados de México por diversos delitos como homicidio, secuestro y lavado de dinero, entre otros. Se encuentra preso en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 ‘El Altiplano’, en Almoloya de Juárez. Pineda Villa está en el Penal Federal Femenil de Amacuzac, Morelos.
De acuerdo con el periodista Ricardo Raphael “el curso que han seguido las investigaciones en el caso Ayotzinapa hizo que perdiera solvencia la acusación contra Abarca como autor intelectual de la desaparición de los normalistas”.
En un artículo titulado “José Luis Abarca, pronto en libertad”, publicado el pasado 13 de diciembre en la revista Proceso, señaló que “Abarca Velázquez saldrá libre pronto porque la autoridad fue incapaz de probar nada. Así suele ocurrir cuando se fabrican verdades en vez de investigarlas”.
Detenidas 80 personas relacionadas con el caso: FGR
Hasta el momento se ha detenido a 80 personas relacionadas con los hechos, que incluyen a integrantes de grupos delictivos, policías y agentes del Ministerio Público. De marzo a la fecha se han obtenido más de 70 órdenes de aprehensión, de las cuales se han cumplimentado entre 30 y 40. Entre ellas se encuentran las de Carlos Gómez Arrieta, exjefe de la Policía Federal ministerial y la de Alicia Bernal, ex Ministerio Público encargada de legalizar la llamada “verdad histórica”.
Igualmente, se ratificaron los peritajes que descalificaron la supuesta quema inmediata masiva y al aire libre del basurero de Cocula y que los restos del río San Juan fueron sembrados ilegalmente por los responsables de la investigación.
En julio, la FGR en colaboración con la Universidad de Innsbruck identificó los restos de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, hallados en la barranca de ‘La Carnicería’ en el ejido de Cocula, a 800 metros del basurero municipal. De acuerdo con la Fiscalía, esto desmonta definitivamente la versión de que los estudiantes fueron incinerados en el basurero.
Además, el 18 de septiembre, el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto por el cuál México reconoce la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU para recibir y examinar casos individuales en el país.
La tesis actual de la FGR es que los jóvenes desaparecidos fueron víctimas que quedaron en medio de un choque de intereses de las fuerzas del narcotráfico asentadas en la ciudad de Iguala. Esto, por ser la localidad un centro neurálgico de distribución de la droga que se produce en la sierra de Guerrero y que es vital para quienes comercian con ella en la Zona Metropolitana del Valle de México, así como para los que trasiegan esos narcóticos hacia los Estados Unidos.
La presencia de los estudiantes se dio en un momento de choque entre los grupos delincuenciales, los encubridores y sus socios, enquistados en las policías locales, en la Policía Federal, así como en los distintos organismos y fuerzas del Estado mexicano con representación en el lugar.
La dependencia considera que las autoridades locales y federales tuvieron conocimiento de los hechos a través del sistema de comunicación C4, que debió registrar lo que estaba ocurriendo para identificar a quienes participaron y presenciaron lo ocurrido, así como las detenciones ilegales, sus traslados a las oficinas públicas, a los centros de justicia y a otros lugares donde comenzó la tortura. Tras esto, los jóvenes fueron entregados al grupo delincuencial que estaba coludido con esas autoridades.
La Fiscalía señaló que el poder judicial local ocultó vídeos que testimonian los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia estatal en Iguala, por lo que deberán rendir cuentas.
La CNDH no ha dado seguimiento al caso, denuncia exvisitador
El pasado 21 de diciembre, José Martínez Cruz, quien se desempeñó hasta septiembre como primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) denunció que el organismo no ha dado seguimiento a la revisión que entregó sobre el caso cuando dejó el cargo.
En una entrevista con el periódico Milenio dijo que su informe concluyó que “hubo un operativo de Estado que incluyó al Ejército y policías en vinculación con grupos criminales. Participaron autoridades municipales, además de la estatal y federal en la desaparición de los 43″ y hubo desaparición forzada.
Precisó que esas conclusiones fueron entregadas en un informe preliminar de 286 cuartillas junto con el acta de entrega recepción, aunque tiene conocimiento de que no hubo continuidad por parte de la CNDH.
Familiares mantienen su demanda de justicia
El 26 de septiembre, durante la presentación del informe de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa en Palacio Nacional, María Martínez Zeferino, madre de uno de los 43 desaparecidos, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que “apriete un poquito más” en las investigaciones.
Zeferino, quien es madre de Miguel Ángel Hernández Martínez, dijo que los padres y madres nunca han dejado de exigir la presentación de sus hijos desparecidos: “No hemos dejado de luchar, seguimos caminando porque aún nos faltan nuestros seres queridos en la casa”.
Narró al presidente que nunca se imaginaron estar en ese lugar, que no sabían hablar ante un micrófono, pero por amor a sus hijos aprendieron. “¿Dónde están todas esas pruebas, dónde quedaron?, ¿y cuándo le van a llegar a los militares?”, manifestó al tiempo que pidió a López Obrador que le “tape la boca” a quienes lo critican y les demuestre que es un ser humano al que le interesan las vidas y no las cosas materiales.
Al término de su mensaje, los familiares entregaron al presidente prendas hechas por las madres de los 43 estudiantes: “No es un regalo, son mensajes, para que cuando los vea se acuerde de que nos faltan nuestros 43 y miles más”.