La Comisión Europea ha pedido a los países miembros que restrinjan, incluso excluyan, a los proveedores de la red 5G que consideren de “alto riesgo” para la seguridad de la infraestructura de telecomunicaciones más compleja diseñada hasta el momento. La inquietud no es discutible. La red 5G es un sistema que permitirá avances tales como la integración de comunicaciones en ciudades inteligentes, las operaciones quirúrgicas a larga distancia o controlar y coordinar el transporte, además de su elevadísima velocidad de transmisión. Será una red implicada e imbricada en sistemas sanitarios, de defensa, de seguridad o en centros de decisión económica y, lógicamente, no debe poder ser manipulada desde Gobiernos ajenos.
La proclama de la Comisión pretende ser una respuesta moderada a las acusaciones emitidas persistentemente desde Washington de que el proveedor chino Huawei es un agente infiltrado en la tecnología occidental por el Gobierno de Pekín. De hecho, Washington ha prohibido la participación de Huawei en las redes públicas estadounidenses. Bruselas no comparte ese rechazo tan radical. Reclama a cada país las medidas de seguridad necesarias para proteger la Red, siguiendo una detallada relación de causas por las cuales puede ser rechazado un suministrador de 5G y reclama que antes del 30 de abril los socios hayan adoptado las medidas clave para garantizar esa seguridad; pero ni ha prohibido la presencia de Huawei ni la de otros proveedores, como ZTE.
Y no lo ha hecho, en primer lugar, porque la Comisión es consciente de que una parte de las hostilidades desatadas entre la Administración de Trump y Huawei responden a las escaramuzas de una guerra abierta entre Estados Unidos y China por conseguir el dominio de las tecnologías de vanguardia. Y, en segundo lugar, porque si Bruselas impugna a Huawei, sufrirá un retraso considerable en la tecnología comunicativa del futuro respecto a Estados Unidos, la propia China o el Reino Unido, que no ha renunciado a los servicios de Huawei, aunque, eso sí, como “proveedor de alto riesgo”. A finales de este año 138 ciudades europeas podrán operar ya con 5G; frenar ahora equivale a retrasar la posición tecnológica europea entre dos años y un lustro.
También puede interpretarse que la Comisión ha puesto la llamada “en espera”: está ganando tiempo hasta que se conozcan las decisiones que toman otros países o hasta que los socios, sobre los que recae la responsabilidad de señalar a los “proveedores de alto riesgo” —la etiqueta que permite sortear el veto—, se pronuncien sobre los nombres que deben ser excluidos y los límites de la exclusión. La decisión final queda postergada. Aunque hoy la probabilidad de un 5G europeo sin Huawei es muy baja.
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