El sector de las renovables de México ha dado un puñetazo sobre la mesa al lanzarse en una batalla legal contra el Gobierno. Seis empresas, entre ellas gigantes como la italiana Enel, presentaron el martes sendos amparos frente a un cambio en el mercado energético que consideran ilegal y perjudicial para sus operaciones. Es el primer gran acto de rebeldía de un sector cuyos cimientos ha trastocado la política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La decisión llega tres semanas después de que el Ejecutivo cambiara las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CELs), un instrumento concebido para potenciar la inversión privada en el sector. La modificación permite a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa eléctrica pública, emitir certificados con plantas antiguas. Antes, solo podían hacerlo centrales con inversión posterior al 2014, lo que excluía la mayoría de plantas de la CFE y beneficiaba a los generadores privados.
El cambio tiene el potencial de añadir una gran cantidad de CELs al mercado y de reducir su precio y, en consecuencia, las ganancias con que contaban las empresas al decidir invertir en el país. Tras el anuncio a finales de octubre, la principal asociación patronal, el Consejo Coordinador Empresarial, emitió un duro comunicado en el que avisaba de que el cambio vulneraba la inversiones y ponía en peligro más de 9.000 millones de dólares en contratos.
Los amparos presentados el martes están ligados a 14 proyectos eólicos y fotovoltaicos generadores de CELs, en operación o a punto de entrar en funcionamiento. Las empresas denunciantes consideran que se ha vulnerado el principio de legalidad y el derecho a un medioambiente sano, establecidos en la Constitución del país. Además, acusan al Gobierno de cambiar las reglas de manera retroactiva y de saltarse el procedimiento habitual para hacerlo. “El cambio viola la ley, el debido proceso y distorsiona el mercado”, asegura el director adjunto de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), Julio Valle.
La abogada ambientalista Anaid Velasco, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), defiende que hay una base “razonable” para los amparos. “Cualquier cambio en una disposición administrativa se tiene que publicar en un portal, dar espacio suficiente para que las partes interesadas den su opinión e ir acompañado de un manifiesto de impacto regulatorio”, explica la experta, que no participa en los amparos. “El Gobierno decidió que esos lineamientos no causaban impacto económico, se saltó ese paso y la consulta pública fue muy expedita”.
Las empresas denunciantes son pesos pesados del sector. Una de ellas, la multinacional italiana Enel, es una de mayores energéticas del mundo y suministra a unos 70 millones de clientes en 34 países. Participó activamente en las subastas energéticas, el mecanismo establecido por el Gobierno anterior para licitar contratos de suministro de energía limpia a la CFE y que redujo el precio de la electricidad a mínimos -la misma Enel marcó un récord en 2017 al comprometerse a vender a 17,7 dólares por MWh-. En las tres convocatorias que ha habido, la empresa ha invertido alrededor de 1.800 millones de dólares en ocho proyectos eólicos y fotovoltaicos que producen más de 1.700 megavatios, suficientes para cubrir las necesidades anuales de unos cuatro millones de hogares, según sus estimaciones.
Además de Enel, el grupo demandante está formado por la francesa EDF, la estadounidense AES Corp, la británica Cubico, y las mexicanas Zuma Energía y Balam Fund, según fuentes del sector conocedoras de las denuncias -ninguna de ellas se ha pronunciado todavía públicamente al respecto-. Juntas poseen más del 50% del volumen de CELs. Las asociaciones del gremio esperan que en los próximos días se unan más empresas hasta llegar al 80%.
No todos los actores del sector se han subido al barco. Algunos tienen proyectos anteriores a la reforma energética que estableció el mecanismo de las subastas y el mercado de CELs, por lo que no se ven afectados de igual modo por la medida. Iberdrola, una de las líderes en generación eólica, se ha descolgado de la denuncia. Julio Valle, de AMDEE, apunta a que “cada empresa tiene una exposición distinta” al cambio de reglas, según la importancia de los certificados en su portafolio.
Antes de la presentación de los amparos, la CFE intentó calmar las aguas con la promesa de no vender el excedente de CELs que no utilizara para así evitar un desplome de los precios. Una promesa que no ha resultado suficiente para las empresas demandantes.
La batalla legal se prevé larga, entre uno y dos años, según Anaid Velasco, de CEMDA. Por ahora, los denunciantes esperan obtener del juez una suspensión provisional que paralice el cambio de normas. La Secretaría de Energía no se ha pronunciado de manera oficial sobre la presentación de los amparos. Un portavoz ha asegurado a este periódico que las empresas “están en su derecho de hacerlo” y ha insistido en que se van a respetar los contratos.
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