Los órganos autónomos son los grandes perdedores en el presupuesto del próximo año. El Congreso mexicano ha aprobado a primera hora de este viernes la Ley de Egresos, que prevé un recorte de más de 4.000 millones de pesos (más de 200 millones de dólares) a las instituciones con autonomía del Ejecutivo. Morena, el partido gobernante, y sus aliados han justificado que el tijeretazo obedece al combate a la corrupción y los derroches, así como a una inyección en el gasto social. La oposición ha reclamado que es un ataque contra los contrapesos al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El Instituto Nacional Electoral (INE) recibirá 1.071 millones de pesos (casi 54 millones de dólares) menos que en 2019, la mayor reducción en su historia. La Fiscalía General de la República, separada del poder presidencial en diciembre del año pasado, obtendrá 1.500 millones menos (75 millones de dólares). El Consejo de la Judicatura Federal, que vigila al Judicial, vio una caída de 1.038 millones (52 millones de dólares). El Instituto Nacional de Acceso a la Información, el máximo encargado en transparencia y rendición de cuentas, tendrá 50 millones (2,5 millones de dólares) menos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, encomendada a una activista y excandidata de Morena hace dos semanas, sufrirá una reducción de 37 millones (casi dos millones de dólares menos).
“Que se aprieten el cinturón”, ha declarado López Obrador en su conferencia matutina. “Era un gobierno mantenido y bueno para nada”, ha agregado el presidente tras quejarse de los salarios que reciben los consejeros del INE y defender su política de austeridad. Morena presentó el pasado 6 de noviembre una iniciativa para acortar el mandato de los consejeros de nueve a tres años, que fue criticada por someter al Instituto a la voluntad de los partidos más votados en las elecciones para la Cámara baja, que se realizan justamente cada tres años. “El recorte anunciado, sumado a algunas propuestas de reformas electorales que se han planteado en el Congreso, demuestra un intento por limitar a la autoridad electoral y hace que no se perfilen buenos tiempos para la recreación de la democracia”, respondió el INE en un comunicado previo a la aprobación del presupuesto. En el documento, el INE lamentó que el Congreso aprobara la reducción a su presupuesto, pero no al dinero que reciben los partidos políticos. López Obrador ha contestado que fue la oposición quien rechazó que se bajaran los fondos públicos a los partidos.
“Al final del día, lo que está en juego son los derechos de los ciudadanos”, afirma Pamela San Martín, consejera del INE. San Martín critica que los diputados no han fundamentado las razones del recorte y adelanta que el Instituto evalúa presentar una controversia constitucional para que el Legislativo explique las razones de la disminución del 9% al presupuesto del INE. La consejera afirma que hay una apertura a ser más austeros y eficientes, pero que la reducción compromete las tareas del Instituto, sobre todo frente a los preparativos de las elecciones legislativas de 2021, la más grande por el número de votantes en la historia de México. “No podemos echar para atrás los avances democráticos de los últimos 40 años”, advierte San Martín.
“Es un claro reflejo de la visión autoritaria del presidente, no le gustan los contrapesos. O los desmantela con nombramientos a modo o comprometiendo su capacidad operativa”, ha reclamado Marko Cortés, presidente del conservador Partido Acción Nacional (PAN). “El presupuesto dejó de ser un botín político”, ha revirado Mario Delgado, líder del grupo parlamentario de Morena, tras defender las políticas sociales de López Obrador como las becas para 11 millones de jóvenes y las pensiones para 8 millones de jubilados. La Secretaría del Bienestar, el brazo gubernamental para operar estos programas, recibió un incremento de 8.365 millones de pesos y fue por mucho la cartera más beneficiada.
El presupuesto tuvo que aprobarse en una sede alterna, después de que grupos de campesinos tomaran la Cámara de Diputados y bloquearan las sesiones legislativas de las últimas dos semanas. El dictamen se avaló tras nueve horas de discusión con 302 votos a favor de Morena, el Partido del Trabajo, Encuentro Social y el Partido Verde Ecologista. El Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano presentaron 65 votos en contra, mientras que hubo una abstención. El PAN, el bloque opositor más grande con 78 diputados, no acudió a la votación en protesta por el cambio de sede, salvo la presidenta de la Cámara baja, Laura Rojas.
En el umbral de cumplir su primer año en el poder, la promesa de cambio de régimen de López Obrador se ha enfrentado con varios organismos que regulan y fiscalizan al Gobierno, hasta el punto de calificarlos como instituciones de ornato: sin relevancia ni autoridad moral para cumplir sus funciones. La preocupación de distintas organizaciones sociales y políticas que no comulgan con el presidente es que se dinamite el orden institucional del país, con la advertencia de un giro autoritario entre los opositores más recalcitrantes. En la aprobación del presupuesto y tras los choques de un escenario político cada vez más fragmentado, los árbitros han sido los más perjudicados.
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