Los problemas crecen para Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York, abogado personal de Donald Trump y nombre omnipresente en la investigación del impeachment del presidente. Al veterano abogado se le ha abierto nuevo frente, que parte de Venezuela, hace escala en Madrid, y tiene que ver con el difícil encaje de su trabajo no remunerado para el presidente y los onerosos servicios que presta simultáneamente a otros clientes.
El 25 de julio, Trump pidió por teléfono al presidente ucranio, Volodímir Zelenski, que investigara a sus rivales demócratas, y le recomendó que hablara con Giuliani. El 2 de agosto, Giuliani se reunió en un hotel de Madrid con Andrei Yermak, asistente de Zelenski, para concretar el encargo de Trump. Así lo ha reconocido el propio abogado, que dijo a The Daily Beast que Yermak se había ofrecido a viajar a Estados Unidos, pero él le sugirió Madrid, adonde tenía que viajar de todas maneras por “negocios y vacaciones”.
El principal motivo de Giuliani para viajar a Madrid, según The Washington Post, era reunirse con Alejandro Betancourt López, empresario venezolano que amasó una enorme fortuna con la crisis eléctrica sufrida por el país sudamericano a finales de la década pasada. Giuliani, según el Post, fue huésped de Betancourt en una histórica finca de su propiedad a las afueras de Madrid.
Betancourt, en una muestra de su poderío financiero, adquirió en 2012 una finca de 1.440 hectáreas en Santa Cruz del Retamar, en Toledo, apenas 50 kilómetros al suroeste de Madrid, que antiguamente albergó el castillo de Alamín. El 3 de agosto, el día después de su reunión con Yermak, Giuliani compartía en su cuenta de Twitter cuatro fotos de paisajes del “sur de Madrid”, donde encontró “bellos pueblos”, “adorables campos” y “gente maravillosa”.
Resulta, según revela el Post, que Betancourt había contratado a Giuliani para ayudarle en su defensa contra una investigación del Departamento de Justicia estadounidense sobre lavado de dinero y soborno. Se antoja una buena jugada contratar al abogado personal del presidente para defenderse de una investigación llevada a cabo por su propia Administración.
Un mes después, según las fuentes anónimas citadas por el Post, Giuliani era uno de los abogados que defendían a Betancourt en Washington y se reunían con altos cargos del Departamento de Justicia para convencerles de que el empresario venezolano no debía enfrentarse a cargos en el caso, presentado ante la justicia de Florida, sobre una trama de saqueo y blanqueo de 1.200 millones de dólares. Betancourt no se encuentra entre los ocho acusados en el caso pero, según publicó el Miami Herald, se le menciona como conspirador.
Giuliani suele jactarse de que no obtiene beneficio económico de su trabajo pro bono para el presidente. Pero casos como este revelan cómo sigue ofreciendo sus servicios, simultáneamente, a clientes extranjeros con intereses ante la Administración estadounidense. Servicio público e interés económico privado se mezclan reiteradamente en la carrera del exalcalde de Nueva York. Pero en esta ocasión, en medio del proceso de impeachment de Trump, el asunto adquiere una nueva dimensión: además de ejercer de abogado del presidente, según han declarado varios testigos, Giuliani asumía en el extranjero una suerte de representación no oficial de Estados Unidos.
The Wall Street Journal publicó el lunes que la fiscalía de Nueva York está investigando los negocios de Giuliani en el marco de una causa por financiación ilegal de campaña contra dos asociados suyos, Lev Parnas e Igor Fruman. Parnas y Fruman, empresarios inmobiliarios en Florida y de origen ucranio y bielorruso, respectivamente, trabajaron con Giuliani, además de en otros negocios privados, en sus esfuerzos para que el Gobierno de Kiev investigara a los rivales demócratas de Trump. El 9 de octubre, fueron detenidos en el aeropuerto de Dulles, junto a Washington, acusados de dirigir fondos de un Gobierno extranjero a políticos estadounidenses. Ambos, según el Post, se alojaron también en la finca de Betancourt en la provincia de Toledo, cuando viajaron para reunirse con Yermak en un hotel de Madrid.
No es la primera que Venezuela sale a relucir en las investigaciones del impeachment. La experta en Rusia del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Fiona Hill, en su testimonio a puerta cerrada previo a su comparecencia pública del pasado jueves, aludía a un vínculo venezolano. “Me dijeron que los mismos individuos que han sido imputados [Parnas y Fruman] habían estado interesados, en diferentes momentos, en inversiones de energía en Venezuela y que esto era bastante conocido”, dijo Hill, según la transcripción de su primer testimonio.
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