Durante la Mesa de Análisis de Aristegui en Vivo, la periodista Ana Lilia Pérez consideró que el caso Bartlett “dejó al descubierto los grandes vacíos que se tienen desde el área de la función pública”.
Luego de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) deslindara de responsabilidad a Manuel Bartlett, por no declarar las 25 propiedades de sus hijos y su pareja, la periodista Ana Lilia Pérez consideró que son los vacíos en las leyes existentes los que permiten una discrecionalidad en la aplicación de las declaraciones patrimoniales.
Durante la Mesa de Análisis de Aristegui en Vivo, Pérez consideró que el caso Bartlett “dejó al descubierto los grandes vacíos que se tiene desde el área de la función pública”.
“Pero también el que los funcionarios parecen no muy dispuestos a decir toda la verdad. Todavía se deja ese margen de discrecionalidad para que el funcionario público decida, o no, actuar de forma transparente”.
La periodista precisó la inexistencia de auditorías preventivas, instrumentos que resultan particularmente eficaces en personas !”políticamente expuestas”, como los funcionarios de alto nivel.
También mencionó las declaraciones de evoluciones patrimoniales, otros instrumentos de transparencia que “se ha descuidado permanentemente en México”.“Bartlett debería ser el principal interesado que se transparente toda esa evolución patrimonial, sobre todo por el voto de confianza tan importante que le ha dado el presidente. Pero creo que también es una cuestión moral, una cuestión de ser congruente con los principios que está planteando el propio presidente”.
En ese sentido, Fabrizio Mejía dijo que, tras la suspicacia generada por las denuncias de la riqueza de Manuel Bartlett, la Secretaría de la Función Pública tiene que dejar constancia que no son iguales a los anteriores regímenes, y en este caso la carga de la prueba recae en el gobierno.
Al comparar el caso Bartlett con el escándalo de la Casa Blanca, Mejía afirmó que la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, representa la opuesto a Virgilio Andrade, toda vez que este último fue nombrado ex profeso para exculpar a Peña Nieto, mientras que Sandoval actuó conforme a lo que marca la ley.