A paso lento, la Iglesia mexicana comienza a reaccionar ante la avalancha de acusaciones de pederastia. En marzo, tras ser espoleados por la histórica cumbre sobre abusos a menores en el Vaticano, el episcopado mexicano hizo públicos los primeros resultados del único registro sobre sus investigaciones internas. Este martes, en el tradicional encuentro de Año Nuevo con la prensa, la jefatura eclesial actualizó los datos de sus pesquisas -426 sacerdotes han sido investigados en la última década por delitos relacionados con la pederastia- y lanzó un mensaje al poder terrenal mexicano: “los obispos nos pronunciamos a favor del levantamiento de la prescripción del delito de abuso sexual”.
Con el macabro estigma del encubrimiento durante décadas de depredadores como Marcial Maciel, fundador mexicano de los Legionarios de Cristo, el episcopado de la segunda comunidad católica más grande del mundo tras Brasil, se suma a una las reclamaciones históricas de las víctimas. El silencio que suele envolver a los abusos sexuales, que en ocasiones se convierte en décadas, está en el centro las demandas de eliminación o ampliación del periodo de prescripción de estos delitos.
En México, el plazo es de 10 años. “Es injusto porque el mal perdura a lo largo de la vida de aquel que ha sido víctima”, afirmó el arzobispo Rogelio Cabrera López, presidente del episcopado. La ampliación del periodo de prescripción ya ha sido contemplada en varias iniciativas de ley a nivel federal y estatal en México, en línea con otras propuestas de países como España, Francia o Alemania. En Reino Unido, en algunas entidades de Estados Unidos o, como se plantea aplicar Chile, no prescriben nunca.
Organizaciones como Save the Children defienden que las legislaciones deberían contemplar que los delitos contra la libertad e indemnidad sexual comiencen a prescribir cuando la víctima alcance los 50 años de edad. Según sus estimaciones, la mayoría de las víctimas comienzan a hablar a partir de los 35.
De los 426 sacerdotes investigados por pederastia, más de la mitad, 271 corresponden directamente a delitos de abuso sexual, según las cifras actualizadas. Los otros 155 están relacionados con pornografía infantil, revelación de sigilo sacramental (confesión) y otras infracciones derivadas. De la cifra total, 173 curas tienen un proceso en curso, 253 ya los completaron y 217 sacerdotes han sido expulsados del orden clerical.
Poco antes de la sacudida de la cumbre en el Vaticano, cuatro días de tormenta de ideas entre 190 líderes religiosos para cerrar la herida de los abusos sexuales a menores por la que se desangra la Iglesia, el episcopado mexicano ya había acelerado el paso. En enero anunció la instalación de una comisión para investigar la pederastia y romper el silencio. Se reunió con víctimas, anunció la suspensión de los 152 sacerdotes y tendió la mano a la Fiscalía General de México para colaborar con la apertura y transparencia de sus propias pesquisas.
Alfonso Miranda Guardiola, secretario general de la organización eclesial, anunció este martes que 155 casos de pederastia han sido ya notificados a las fiscalías y que ya van 14 comisiones diocesanas para la protección del menor. Pero que, de momento, no cuentan con un registro del número de víctimas.
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