La decisión del gobierno de Donald Trump de agregar una pregunta sobre la ciudadanía al censo de Estados Unidos en 2020 “amenaza los cimientos mismos de nuestro sistema democrático”, dijo el miércoles un juez federal.
El juez Richard Seeborg dictaminó que la decisión del secretario de Comercio de agregar la pregunta era arbitraria y caprichosa, y violaría un requisito constitucional de que el censo cuente a todos en el país.
La evidencia muestra que la pregunta derivaría en que no se contabilice a muchos no ciudadanos y latinos, dijo el juez.
Seeborg es el segundo juez en declarar que la medida es ilegal, pero el efecto de su dictamen es limitado. Un juez federal en Nueva York ya le había impedido al gobierno agregar la pregunta al conteo de población que se efectúa cada 10 años, y el mes pasado la Corte Suprema federal acordó revisar ese dictamen.
Un correo electrónico al Departamento de Justicia para solicitarle comentarios acerca del dictamen no fue respondido.
California y varias ciudades en el estado demandaron por la pregunta sobre la ciudadanía.
Los fiscales estatales argumentan que el secretario de Comercio, Wilbur Ross, no tomó en cuenta que la pregunta le costaría a California una cantidad importante de dinero y al menos un escaño en el Congreso al reducir el porcentaje de inmigrantes que responden al cuestionario, lo que derivaría en un conteo menor.
Las cifras del censo se utilizan para determinar la distribución de los escaños del Congreso y de miles de millones de dólares en financiamiento federal.
El Departamento de Justicia había argumentado que los funcionarios del censo toman medidas, tales como las visitas de seguimiento en persona, para tener un conteo preciso.
Los hogares que se brinquen la pregunta de ciudadanía pero que de todas formas respondan una porción sustancial del cuestionario sí serán contabilizados, dijeron los abogados del Departamento de Justicia en documentos oficiales.
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