25 de julio de 2019. A las 9.03 en Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pone al teléfono desde la residencia privada en la Casa Blanca. El equipo de transcripción de la sala de operaciones, conocida como situation room, se prepara para tomar notas de su conversación con el presidente electo de Ucrania, Volodímir Zelenski. “Enhorabuena por una gran victoria”, empieza Trump. La conversación acaba a las 9.33. Es, en principio, una llamada protocolaria al próximo jefe del Estado de un país estratégico en la contención de Rusia en Europa.
Fuera de contexto, es difícil entender su importancia. Pero los servicios de inteligencia de EE UU, diplomáticos y funcionarios de la Casa Blanca, tras conocer su contenido, saben exactamente qué significa esa llamada. Uno de ellos lo pondrá por escrito en una queja formal en un documento que hoy forma parte de la historia de Estados Unidos.
Dos meses después, esa llamada es la base para iniciar el proceso de impeachment de Trump que ha culminado este miércoles. En ese tiempo se desarrolla una trama de espías y papeles que en la era de Twitter ha sido investigada y narrada por la Cámara de Representantes y por la prensa y prácticamente en tiempo real, en comparación con las dos investigaciones parlamentarias similares más recientes (1998 y 1974).
En retrospectiva, hay una serie de fechas clave anteriores a aquella llamada cuyo significado no ha encajado en la historia hasta mucho después. El 20 de marzo anterior, el fiscal general ucranio había declarado que el vicepresidente Joe Biden había presionado al anterior presidente de Ucrania para despedir a su antecesor y frenar así una supuesta investigación por corrupción sobre una empresa gasística que opera en el país. Por entonces, era evidente que Biden planeaba presentarse a las elecciones presidenciales para enfrentarse a Trump.
El 21 de abril, Trump y Zelenski hablan por teléfono. La conversación es muy breve y básicamente es para felicitarle por la elección. Trump le dice que le quiere invitar a la Casa Blanca. El 6 de mayo, el Departamento de Estado anuncia el cese de la embajadora en Ucrania, una experimentada funcionaria llamada Marie Yovanovitch. El 9 de mayo, The New York Times cuenta que el abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, planea un viaje a Ucrania. Al día siguiente, este anuncia que lo cancela.
El 21 de julio Giuliani tuitea que el presidente Zelenski “aún no ha dicho nada sobre la investigación acerca de la interferencia ucrania”. Se refiere a una teoría conspirativa, desacreditada por los servicios de inteligencia, según la cual no fue Rusia, sino Ucrania, quien lideró el ataque contra las elecciones presidenciales de 2016 que favoreció a Trump. Para entonces, es vox populi que el entorno de Trump trata de promover esta teoría por todos los medios y que pretende que Ucrania le ayude a darle cobertura oficial. Pero nadie sabe que eso está teniendo consecuencias en uno de los pilares de la política exterior y de seguridad de Estados Unidos en Europa.
El Congreso empieza a notar algo extraño. La ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania, imprescindible para fortalecer a ese país frente a la amenaza rusa, no se ha entregado. La orden de retener esa ayuda (unos 400 millones de dólares; 364 millones de euros) viene del presidente.
El 25 de julio, se produce esa segunda llamada. Hablan de la ayuda militar, que Zelenski necesita desesperadamente. En un momento dado, Trump dice: “Sin embargo, nos gustaría que nos hiciera un favor”, menciona las investigaciones en cuestión y le dice que hable con Giuliani. En la conversación queda claro que el presidente está condicionando la ayuda militar y la posible visita a la Casa Blanca a que las autoridades de Ucrania le den cobertura oficial a su relato de corrupción sobre el hijo de Biden y la teoría conspirativa sobre las elecciones de 2016.
En los días siguientes dimite el director nacional de inteligencia, Dan Coats. Hay baile de sillas en los servicios de espionaje. El 12 de agosto, un miembro de los servicios de inteligencia, cuya identidad aún se desconoce, escribe una queja formal por el canal de denuncias anónimas en la que afirma que el presidente está poniendo en riesgo la seguridad nacional. En la denuncia, todos esos fragmentos de información semipúblicos cobran sentido. Esa llamada y esa frase, tienen sentido. El inspector general de los servicios de espionaje está obligado a entregar ese papel al Congreso. No lo hace. En su lugar, consulta con la Casa Blanca.
El 9 de septiembre, el Comité de Inteligencia de la Cámara, que preside el demócrata Adam Schiff, anuncia una investigación para saber qué está pasando entre Trump, Giuliani, Zelenski y la ayuda militar, y exige ese papel. El día 11, la Casa Blanca libera la ayuda militar. El 18 de septiembre, The Washington Post asegura que hay una queja de un denunciante anónimo sobre una llamada de Trump con un líder extranjero. La historia evoluciona hasta que el 20 de septiembre The Wall Street Journal pone todo junto en un titular: “Trump presionó repetidamente al presidente de Ucrania para que investigara al hijo de Biden”.
El 24 de septiembre, la Casa Blanca desclasifica el contenido de la llamada en un intento de rebajar la presión y aparentar transparencia. Consigue todo lo contrario. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que se ha negado durante meses a iniciar un proceso de impeachment contra Trump a pesar de la presión de los electos demócratas, anuncia el inicio de una investigación con vistas a la destitución del presidente. Lo hace con una frase: “Los tiempos nos han encontrado”.
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