La dependencia indicó que toques de queda, retenes, ataques físicos, cierres de carreteras y otras medidas impuestas durante la emergencia sanitaria, violan derechos humanos.
La Secretaría de Gobernación (Segob) llamó a los gobiernos estatales, municipales y autoridades comunitarias a respetar los derechos humanos durante la aplicación de medidas sanitarias para frenar la propagación del Covid-19.
El exhorto ocurrió luego de que la dependencia documentó que en 340 municipios de 15 estados, las autoridades locales restringieron el tránsito de personas para evitar contagios de coronavirus.
Las autoridades locales implementaron desde toques de queda o retenes hasta ataques físicos y cierres de carreteras y fronteras, de acuerdo con el informe de la Segob denominado “Observaciones sobre violaciones de derechos humanos durante la contingencia sanitaria por Covid-19”.
“Los Gobernadores, como autoridad sanitaria, están facultados para dictar medidas sanitarias en el ámbito de sus competencias. Sin embargo, algunas acciones adoptadas, además de rebasar ese ámbito, pueden representar riesgos para la protección y garantía de los derechos humanos. La emergencia sanitaria no representa el establecimiento de un estado de excepción”, indica el documento.
Datos incluidos en el informe detallan que en al menos 31 municipios de Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, Yucatán, Jalisco, Baja California, Sonora, Chihuahua, Morelos, Nuevo León y Coahuila, se implementó un toque de queda como medida sanitaria contra el coronavirus.
Otros estados como Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, cerraron sus fronteras con estados vecinos y se impusieron medidas estrictas para limitar el tránsito en los 21 puentes fronterizos con Estados Unidos.
En entidades como Jalisco, Michoacán y Sonora se decretó el aislamiento obligatorio y se impusieron multas, arrestos y trabajo comunitario a quien incumpla con tal disposición.
Los estados con mayor número de accesos restringidos por el número de municipios son Campeche, Guerrero,Veracruz y Oaxaca.
No obstante, la Segob reprobó dichas medidas al enfatizar que el libre tránsito está garantizado en la Constitución.
“En un país donde la mitad de la población trabaja en el sector informal y alrededor del 42 por ciento vive en la pobreza, estas medidas no son eficaces, sino severas y desproporcionadas”, apunta el informe.
Además, advierte que los accesos controlados por pobladores o autoridades indígenas no suelen contar con las medidas adecuadas de salubridad ni el manejo adecuado ante Covid-19. Por ello, su presencia no garantiza minimizar riesgos y, por el contrario, pone en riesgo a las personas que participan en ellos.
En algunos casos, señaló que puede ser una justificación para la violación de derechos. Por ejemplo, se puede generar una crisis si les es impedido el ingreso a las personas migrantes que retornan masivamente a sus comunidades de origen.
La Segob alertó que cualquier acción de servidores públicos que cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona, puede constituir el delito de tortura y reprobó que la Policía Comunitaria Tecampanera en el municipio de Teloloapan, Guerrero, impusiera penas corporales y golpeara a jóvenes que incumplieron con el confinamiento obligatorio.
En 12 entidades federativas, reporta que se han registrado movilizaciones de diversos sectores económicos exigiendo diversas demandas frente a la pandemia de coronavirus.
Por ejemplo, Grupo Salinas se ha negado a cerrar sus negocios con servicios no esenciales y existen denuncias en, diarios de circulación nacional, sobre despidos injustificados y contagios por Covid-19 entre sus empleados.
En Ciudad Juárez, Chihuahua, se reportó la movilización de 340 trabajadores de tres maquiladoras, exigiendo paro técnico para evitar contagios. En tanto, el IMSS confirmó 13 fallecimientos de mujeres en la maquiladora Lear Corporation, de esa entidad.
Otro ejemplo es Baja California, donde se registran 60 casos confirmados de trabajadores de maquilas que contrajeron Covid-19.
