Un juzgado de Salamanca ha iniciado una investigación a raíz de un escrito anónimo que relata posibles delitos de coacciones, falsedad documental y financiación ilegal del PP de Castilla y León en relación con las elecciones primarias de la formación celebradas en marzo de 2017. En este proceso Alfonso Fernández Mañueco, candidato del PP a la Junta de Castilla y León, venció al alcalde de León, Antonio Silván, con el 67,5% de los votos. La apertura de la investigación coincide con las negociaciones para formar gobierno en esa comunidad. En las pasadas elecciones autonómicas, Mañueco, exalcalde de Salamanca, quedó en segundo lugar tras el PSOE. El PP necesita el apoyo de Ciudadanos para no perder una comunidad en la que gobierna ininterrumpidamente desde 1987.
La denuncia, firmada con nombre ficticio, relata que Mañueco, junto con dos concejales salmantinos, supuestamente pagó, en parte con dinero negro procedente de comisiones ilegales, las cuotas de unos 1.500 afiliados del PP provincial. Así, estos pudieron participar en el proceso de primarias, que exigía estar inscrito en el censo y al corriente del pago de las cuotas. El resto de las cuotas se recabó reclamando 500 euros en el caso de los cargos electos y 300 euros en el caso de los asesores. La alta participación de los afiliados salmantinos decantó la votación interna a favor de Mañueco.
“Las supuestas donaciones, que dentro del partido llamamos con ironía impuesto revolucionario, se hicieron en metálico y sin mediar documento, factura o acuse de recibo por escrito” y “las llevaron a cabo directa y personalmente tanto Carlos García Carbayo como Fernando Rodríguez”, sostiene la denuncia. Estos concejales del equipo de Mañueco “se encargaron de recoger el dinero con sus propias manos” en coordinación con alcaldes, cargos y diputados provinciales y “cubrieron el resto con el dinero B”, señala la denuncia, firmada con el pseudónimo de Andrés Sánchez Santa Mónica.
El denunciante afirma que algunos ediles y diputados pagaron la cuota “con pocas ganas y sintiéndose presionados”. La denuncia cita los nombres de varios cargos que “se vieron obligados a aportar los 500 euros en dinero negro”. Según el escrito, no tuvieron reparos en votar a favor de Mañueco pues “es bien sabido que [los afiliados] tienen colocados a un sinnúmero de familiares en la extensa red institucional que gobierna desde hace más de 30 años”.
El juez decano de Salamanca, Juan Rollán, ha abierto este miércoles una investigación, que ha declarado secreta, sobre esta denuncia. En una resolución separada, el magistrado ha dado los primeros pasos de las pesquisas, a las que solo tiene acceso la Fiscalía. “La denuncia anónima es legal, si bien los juzgados han de actuar con la máxima prudencia en la investigación de la información que se aporta confidencialmente”, razona el magistrado. “En atención a la máxima prudencia y seriedad que exige el Tribunal Supremo (…) deviene imprescindible declarar el secreto total de las actuaciones”, señala.
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