Las fuerzas de seguridad habían propuesto hasta la medianoche del lunes 1.005.187 sanciones —más de 15.200 diarias— por burlar el confinamiento, según el Ministerio del Interior. La inmensa mayoría son por desobedecer o resistirse a las órdenes de los agentes. Durante todo 2019, solo se incoaron 14.747 expedientes por esta causa. El Defensor del Pueblo investiga la política sancionadora de Fernando Grande-Marlaska, partidario de la mano dura con los “insolidarios”.
En los primeros 66 días del estado de alarma, las policías locales son las que mayor número de propuestas de sanción han hecho, con 366.051, seguidas por la Guardia Civil (287.754), la Policía Nacional (266.974) y, a bastante distancia, los Mossos d’Esquadra (68.825). En el extremo opuesto están la policía canaria, con 809 multas, la Policía Foral de Navarra (2.697) y la Ertzaintza (12.077). En las últimas 24 horas, se contabilizaron 8.956, una cifra sensiblemente inferior a las registradas durante las primeras semanas del estado de alarma, cuando las medidas de confinamiento eran estrictas e idénticas en todo el país y cuando se proponían más de 18.000 sanciones diarias de media.
Un portavoz del Ministerio del Interior asegura que parte del elevado número de multas se explica en “el alto grado de reincidencia” que afirma que han detectado los agentes. Y recuerda el caso de un vecino de Elche (Alicante) que al cumplirse el primer mes de confinamiento ya había sido propuesto para sanción en 47 ocasiones, 28 por agentes locales y las 19 restantes por la Policía Nacional. “Algunos de estos multirreincidentes han terminado detenidos y acusados de un delito de desobediencia”, recalca.
La aplicación durante el estado de alarma de la ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, ha provocado tensiones en el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos. Esta norma, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015 fue duramente criticada por el PSOE cuando se encontraba en la oposición porque deja en manos de la Administración unas multas que solo tienen control judicial si se recurren en la vía contenciosa. Unidas Podemos ha abogado por recurrir a otra norma, la ley de Seguridad Pública, para castigar a los infractores. Sin embargo, el ministro del Interior ha rechazado esa posibilidad, además de restar importancia al elevado número de sanciones. “Si se dividen por días y provincias, no son tantas”, aseguró en el Congreso el 23 de abril.
La decisión de sancionar a todo aquel que se encuentre en la calle sin justificación ha provocado también críticas de juristas y ONG, que auguran una lluvia de recursos. La Abogacía del Estado emitió en abril un informe en el que cuestionaba el modo en el Interior estaba aplicando el artículo 36.6 de la ley, que contempla multas que van desde los 601 a los 30.000 euros por “la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones”. La Abogacía consideraba que la policía solo puede actuar contra los que se han saltado el encierro si, cuando se les advierte de su infracción, mantienen su actitud. También plantearon sus dudas algunas Fiscalías, como la de Benidorm, así como la Subdelegación del Gobierno en Alicante y la Delegación del Gobierno en Madrid, como reconocía un documento policial. Amnistía Internacional también ha denunciado que la ley mordaza otorga “una gran discrecionalidad” a los policías “a la hora de interpretar qué conducta podía constituir una infracción”.
Las dudas del Defensor
El Defensor del Pueblo pidió a Interior en abril toda una batería de datos sobre las multas tramitadas por las diferentes policías al amparo de la ley de Seguridad Ciudadana durante el confinamiento, así como las instrucciones que habían recibido los agentes al respecto. “El objetivo es llevar a cabo un análisis global del régimen sancionador durante el estado de alarma, con el fin de compulsar si se ha actuado de manera correcta y proporcional”, subrayó entonces en un comunicado. En su último informe, hecho público la semana pasada, la institución que preside en funciones Francisco Fernández Marugán volvió a insistir “un año más” en la necesidad urgente de “reformar algunos aspectos” de la ley mordaza. El ministro Grande-Marlaska ya anunció a finales de abril en el Congreso que la intención del Gobierno es acometerlos, aunque dejó claro que “hay artículos que siempre tendrán que estar en la próxima ley”, en referencia al artículo 36.6, el aplicado para sancionar a los que burlan el confinamiento.
Los propios agentes también tuvieron sus dudas. A finales de marzo, la Dirección General de la Policía elaboró una “nota informativa” interna en la que insistía a sus agentes que aplicaran la ley mordaza por considerarla “ágil y contrastada”. La nota defendía que esta norma permite denunciar los dos supuestos a los que con más frecuencia se estaban enfrentando los agentes: el de los ciudadanos que deambulan incumpliendo las normas de confinamiento y el de los que se resisten o se niegan a identificarse. El propio Grande-Marlaska incidió semanas después en usar esta norma en una guía con la que pretendía unificar criterios tanto en la actuación de los agentes como en la tramitación de los expedientes en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. El documento recalcaba que los policías deben reflejar la “actitud del denunciado hacia los agentes” para fijar la cuantía final de la multa. Si esta es de “aceptación resignada”, el texto consideraba que no era necesario hacerla constar. “Por el contrario, sí se consignará si el infractor ha reaccionado con menosprecio, jactancia o mala educación o […] haya proferido insultos o amenazas contra/hacia los agentes por si se deduce intimidación o amenazas”. Las multas podían ascender entonces hasta los 10.400 euros.
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