El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, en conferencia de prensa en Budapest el pasado 12 de junio.Bernadett Szabo / ReutersLa sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que ha declarado ilegal la ley aprobada por el Gobierno de Viktor Orbán para restringir la financiación de las ONG por parte de donantes extranjeros manda un mensaje inequívoco de freno a la deriva autoritaria del primer ministro húngaro. Más allá de los aspectos concretos de la resolución, el fallo judicial muestra que las instituciones europeas no están dispuestas a ceder en aspectos básicos sobre los que se fundamenta el proyecto común.El texto legal fue aprobado en 2018 e imponía estrictas condiciones de límite en las aportaciones y exigía la identificación completa de los extranjeros que contribuyeran con más de 1.400 euros a una ONG húngara. El alto tribunal europeo ha dictaminado que la disposición impulsada por el mandatario ultraconservador viola la Carta de Derechos Fundamentales de la UE en lo referido a libertad de asociación, derecho a la privacidad y protección de datos, así como los tratados europeos sobre la libre circulación de capitales. Se trata, pues, de un revés en toda regla a un proyecto de carácter xenófobo y antidemocrático que apelaba a la retórica de la conspiración extranjera de la que el mandatario húngaro ha hecho una de sus banderas políticas.A pesar de ser advertido repetidamente durante este tiempo por Bruselas, Orbán ha hecho oídos sordos con el argumento de que la ley facilita la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. Esta impermeabilidad constante a las recomendaciones de la UE no es nueva en el mandatario, empeñado en presentar ante su electorado a la Unión como un poder externo y no como lo que es: una comunidad democrática de cooperación de la que Hungría es miembro de pleno derecho. La sentencia obliga a Budapest a suspender la ley, pero, si Orbán opta por ignorarla, colocará a la UE ante la tesitura de iniciar un proceso que puede culminar con la imposición de sanciones económicas. Una situación indeseable y extrema de la que el único responsable sería el primer ministro húngaro.Con sus ataques sistemáticos a valores europeos como las libertades de educación, información y asociación, a Orbán no se le puede acusar de esconder sus intenciones. Por eso es bueno —para la UE y para Hungría— que las instituciones europeas muestren firmemente, cada una según su capacidad de actuación, los límites que no puede sobrepasar. Pero sería mejor si los partidos conservadores de Europa dejaran de tener una actitud ambigua y optaran por la más que justificada expulsión de Fidesz, la formación de Orbán, de las filas del Partido Popular Europeo. Orbán es, por voluntad propia, un detractor de la Unión, pero Hungría es parte de ella.
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