El líder de Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha activado la batalla para mantener su condición de víctima en el caso Villarejo. El dirigente del partido de izquierdas ha presentado un recurso para tumbar la decisión del juez Manuel García-Castellón de dejar de considerarlo “perjudicado” en la línea de investigación abierta por el robo del teléfono móvil a una de sus antiguas asistentes y cuyo contenido acabó publicado en varios medios de comunicación. El miembro del Ejecutivo, que ya tramitó unas primeras alegaciones ante el propio magistrado que fueron rechazadas, ha elevado ahora el tiro y pide directamente a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que anule su exclusión de la causa.
En un escrito presentado este mismo jueves, al que ha tenido acceso EL PAÍS, Iglesias rechaza la tesis esgrimida por García-Castellón para retirarle la condición de víctima. El juez aseguró que no ha quedado acreditado que existiese un complot liderado por el comisario jubilado José Manuel Villarejo para perjudicarle ante la opinión pública por fines políticos. E, incluso, le reprochó que “ocultase” durante meses una tarjeta que contenía una copia del contenido robado a su colaboradora, Dina Bousselham, y que Iglesias había recuperado a través de Antonio Asensio, presidente del Grupo Zeta y editor de la extinta revista Interviú, a la que llegó ese dispositivo supuestamente de forma anónima tras su robo.
“En forma alguna se ha acreditado, ni indiciariamente, que [se] ocultase a cualquier otro perjudicado elemento alguno”, destaca el líder de Podemos en su recurso, donde añade que, “más allá de que se tardase más o menos tiempo” en entregar la tarjeta a su asistenta, finalmente se lo dio sin que ella lo hubiera pedido. Además, el escrito insiste en que, como ha expuesto Bousselham, existe entre ambos una “relación de amistad, más allá de la relación laboral o política”. Según explicó el partido, Asensio le dijo que era la única copia y, por eso, el actual vicepresidente dio por zanjado el tema y no informó a Bousselham hasta verano de 2016, cuando Okdiario publicó uno de los chats privados donde Iglesias se refería a una presentadora de televisión con la expresión “la azotaría hasta que sangrase”.
A este respecto también se ha pronunciado la antigua colaboradora del líder de Podemos, que ha presentado otro recurso ante la Sala de lo Penal contra la decisión del juez: “Ante las incesantes preguntas de todas las partes sobre si le pidió explicaciones a Iglesias respecto a que este mantuviera la tarjeta en su poder durante un tiempo, mi representada afirmó que no le dio importancia y que no le ha pedido explicaciones. Es decir, que no efectúa reproche alguno respecto a este extremo”, explica su abogada en el escrito enviado a la Audiencia Nacional. A su vez, Iglesias ha decidido cambiar de letrado, ya que hasta ahora compartía defensa con Bousselham y el juez pidió que no tuviesen el mismo.
Informe de Asuntos Internos
Esta línea de investigación, bautizada como Pieza Dina, se abrió después de que los agentes localizaran en una casa de Villarejo una “importante cantidad de documentos” pertenecientes a Bousselham, sobre la que la trama también habría recabado datos confidenciales de forma irregular, según sospecha un informe de Asuntos Internos de la Policía Nacional incorporado al sumario. En este escrito policial, fechado el pasado 11 de febrero, consta un listado de más de 100 personas sobre los que se cree que la trama del comisario jubilado obtuvo información a través de bases de datos de acceso restringido a los investigadores, como números de teléfono, matrículas de coche o DNI. Entre ellos, se encuentran la propia asesora de Iglesias y su pareja, que estaban juntos cuando le sustrajeron el teléfono a ella en noviembre de 2015.
La Fiscalía expuso que lo hallado en el domicilio de Villarejo “parece provenir de una extracción de datos de un móvil utilizado por Dina” y trata de averiguar si el comisario jubilado se encuentra detrás del robo del teléfono y de la difusión posterior de su contenido. Entre este material, por ejemplo, se encontraron cinco informes de carácter interno de Podemos sobre su estrategia electoral y varias capturas de pantalla de chats de Telegram, que acabaron publicados en varios medios de comunicación, como la web Okdiario.
Pero, según García-Castellón, las pesquisas “no han permitido concluir que la fuente de Okdiaro fuese Villarejo”. Así, la propia Bousselham admitió que había hecho capturas de pantalla de esas conversaciones y las había reenviado. Interviú también tuvo acceso al contenido. Según afirmó su último director, Alberto Pozas, les llegó en un sobre anónimo y, tras analizarlo, descartaron publicar nada por carecer de interés informativo. Entonces, avisaron a Iglesias y le dieron la tarjeta, aunque los jefes de Interviú dicen que le entregaron también una copia a Villarejo.
El dispositivo en poder de Iglesias lo entregaría finalmente Bousselham a la Audiencia Nacional. Pero llegó dañado, lo que ha levantado las sospechas del magistrado, que trata ahora de averiguar en qué momento se rompió. En el recurso de este jueves, el líder de Podemos insiste en que no existen indicios de que estuviera estropeado cuando se lo dio a Bousselham. De hecho, la excolaboradora también lo exculpa y, en su respectivo recurso, dice que la recibió “en buen estado y funcionando”. “En ningún momento la tarjeta presentaba daños físicos cuando se la entregó, ni se la dio destruida”, recalca el escrito, antes de decir que debió romperse a posteriori.
Mientras tanto, la oposición aprovecha el caso para arremeter contra el integrante del Ejecutivo. “Le han retirado a usted la condición de víctima porque no había cloacas del Estado, porque el señor Villarejo no le robó a usted la SIM. ¿Por qué ha tardado tanto en entregar esa SIM y la ha entregado además destruida?”, le preguntaba Edmundo Bal, portavoz adjunto de Ciudadanos, este miércoles en el Congreso. El PP ha pedido, por su parte, la comparecencia en el Parlamento de Iglesias y la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, tras acusar al ministerio público de haber filtrado datos a Podemos. La Fiscalía, que ya archivó una primera investigación, ha abierto otra para abordar el asunto.
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