ERC, la formación del presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, ha sumado a siete partidos y a Unidos Podemos, que gobierna en coalición con el PSOE, a la lectura conjunta este martes en el Congreso de los Diputados de una declaración en la que denuncian la gravedad del espionaje contra el móvil de la segunda autoridad catalana y en la que insisten en reclamar la creación de una comisión de investigación sobre “las cloacas del Estado” y de los medios de comunicación.El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha sido el primero que ha iniciado la lectura conjunta de una declaración contra el espionaje del que fue objeto Roger Torrent mediante el programa Pegasus, desarrollado por la compañía israelí NSO y que solo pueden comprar Gobiernos y fuerzas de seguridad estatales para combatir el crimen y el terrorismo, según ha adelantado hoy EL PAÍS. Luego se han sucedido en la intervención para leer otros párrafos del manifiesto los portavoces en la Cámara baja de otros partidos como JuntsxCat, la CUP, EH-Bildu, PNV, Más País, Compromís, Equo, BNG y Unidas Podemos.Rufián ha aludido así a las informaciones publicadas por EL PAÍS que revelan un presunto espionaje al president del Parlament, Roger Torrent, la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, fugada a Suiza, y a otros representantes del independentismo, así como a las investigaciones e informaciones referidas al caso Villarejo, y ha recalcado que los partidos firmantes denuncian tanto “la gravedad de estos hechos” como exigen “que se investiguen hasta el final”. El Ministerio del Interior ha asegurado que ni este organismo, ni la Policía Nacional, ni la Guardia Civil han tenido nunca “ninguna relación con la empresa NSO, y por lo tanto nunca han contratado ninguno de sus servicios”. “Las actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se enmarcan siempre en el escrupuloso respeto a la legalidad”, según aseguran fuentes de Interior. Informa Óscar López- Fonseca. Tras Rufián, el diputado de JuntsxCat, Sergi Miquel i Valentí, ha subrayado que al uso del programa espía Pegasus solo pueden acceder Gobiernos y fuerzas policiales para perseguir graves delitos, que eso implica poder acceder al contenido del teléfono e intervenir las comunicaciones, así como monitorizar las conversaciones que se estén manteniendo a su alrededor y ha concluido que su utilización “por motivos políticos para perseguir la disidencia es intolerable e impropio de un estado democrático y de derecho”.Jaume Asens, de Unidas Podemos, ha lamentado que con este caso “una vez más, las cloacas del Estado actúan contra la disidencia política con herramientas opacas y antidemocráticas que vulneran derechos fundamentales” y ha indicado que “no es la primera vez que se recurre a la guerra sucia para perseguir a adversarios políticos”.La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha recordado así que en el Congreso ya se “constató la existencia de una policía patriótica dedicada a atacar a los rivales políticos que contaba con su brazo mediático y su brazo judicial” durante la comisión de investigación de la etapa en el Ministerio del Interior del Gobierno del PP y ha advertido que ahora esas formaciones firmantes no están dispuestas a resignarse “a vivir en un Estado donde te pueden espiar en función de tus ideas políticas”.Aitor Esteban, del PNV, ha destacado en esa línea que “en una sociedad que se pretenda democrática no puede tener cabida la persecución de rivales políticos con el uso de métodos ilegales, como lamentablemente hemos constatado en demasiadas ocasiones” y ha asegurado que eso debería “preocupar a todos los demócratas”.Por Más País y Equo, la diputada Inés Sabanés, ha exigido al Gobierno “que investigue los hechos, depure responsabilidades y adopte medidas drásticas para garantizar que nadie será víctima de espionaje por defender un determinado proyecto político”.El portavoz del BNG, Néstor Rego, ha propuesto así que el Congreso investigue nuevamente la existencia de las llamadas cloacas del Estado, pero “también en su dimensión mediática, en el marco de una comisión amplia en la que puedan comparecer todos los implicados e implicadas”. Y, finalmente, el diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha recalcado que no cejarán en exigir responsabilidades, que los hechos sean investigados y en la exigencia democrática de que no se normalicen “prácticas ilegales que vulneran derechos fundamentales”. El comunicado ha sido suscrito también por la CUP, aunque ninguno de sus dos diputados ha podido estar presente presencialmente en el acto de la tarde de este martes, y por Equo.
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