El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha abierto diligencias previas contra Francisco Serrano, el que fuera cabeza de lista de Vox a la Junta de Andalucía, por un delito de fraude de subvenciones o de estafa. Así lo ha acordado la Sala Civil y Penal en un auto fechado el 21 de julio por el que considera que la documentación aportada por la Fiscalía “hace imprescindible” comprobar si el diputado y su socio -también investigado- constituyeron una sociedad “con aportaciones no dinerarias ficticias o inexistentes” con el fin de ser beneficiarios del apoyo financiero a la inversión industrial que el Ministerio de Industria convocó en marzo de 2016 “generando una apariencia de capital social suficiente para alcanzar los umbrales mínimos de viabilidad económica y financiera y para servir de base para el importe de la ayuda solicitada (2.489.000 euros)”.El 30 de marzo de 2016 Serrano constituyó junto a su entonces socio Enrique Pelegrín Díaz la sociedad limitada Bio Wood Niebla, con un capital social de 1,2 millones de euros. A través de esa entidad solicitaron al Ministerio de Energía una ayuda para instalar en Niebla (Huelva) una fábrica de pellets (prensado a base de madera). El proyecto recibió el 1 de diciembre de ese mismo año una subvención pública de 2,5 millones de euros a devolver en 10 años, con tres de carencia.De la investigación practicada por la Fiscalía de Sevilla en noviembre de 2019, se concluye que “no consta la realización del proyecto comprometido para la fabricación de pellets para la que se solicitó la ayuda ni el reintegro del préstamo”. La fabrica nunca llegó a constituirse. La sociedad solo depositó sus cuentas en el Registro Mercantil en 2017. De acuerdo con la orden ministerial por la que se concedieron las ayudas a Serrano y su socio, el plazo para su devolución terminaba el 24 de agosto de 2018. Industria reclamó el pago y al no recibir respuesta inició el procedimiento de reintegro del préstamo que se resolvió el 5 de junio de 2019. El 20 de julio de ese año el caso pasó a la Agencia Tributaria.En la querella que presentó la Fiscalía a principios de julio al TSJA y que ha sido admitida a trámite, se constata que, de los casi 2,5 millones recibidos en ayudas, 438.000 euros se destinaron a “préstamos a terceros, retiradas en efectivo, pago de facturas y gastos varios, ninguno de ellos relacionados con la finalidad para la que fue concedido”, según el ministerio público, que les atribuye un delito de fraude de subvenciones públicas. En su auto los magistrados explican que la investigación judicial tratará de esclarecer “si esas cantidades fueron empleadas total o parcialmente para fines distintos a aquellos para los que se concedió el préstamo público”.La presentación de la querella precipitó la baja voluntaria de su partido y del grupo parlamentario, del que era presidente, pero conservó su acta de diputado en el grupo mixto, una decisión que le permite mantener su aforamiento y, por tanto, ser juzgado por el TSJA. El juez en excedencia pretende recuperar su puesto como parlamentario de Vox, si es absuelto, una decisión que no comparte su ya expartido. Por el momento, según las fuentes judiciales consultadas, ninguno de los investigados ha sido citado a declarar.
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