El Ejecutivo ultima el borrador de la nueva ley de memoria histórica para llevarla a primera lectura en el Consejo de Ministros. Las Administraciones públicas asumirán la búsqueda de los desaparecidos, se creará un banco de ADN para los represaliados y se elaborará un censo oficial de víctimas de la Guerra Civil. El Gobierno incorporará a la nueva ley las recomendaciones hechas en los últimos años por la ONU e incidirá en el aspecto pedagógico para transmitir “el aprendizaje de la memoria democrática en las escuelas”, según fuentes conocedoras del texto.
Más de 400 personas han participado en la consulta pública del Gobierno para recibir sugerencias sobre la nueva ley de memoria, que ahora se llamará de memoria democrática. Muchas de ellas eran de familiares de represaliados contando sus propios casos, como Hilda Farfante, que, a punto de cumplir 90 años, expuso al Ejecutivo que se le acababa el tiempo para recuperar los restos de sus padres, ambos fusilados. La norma pretende incorporar viejas reivindicaciones de los colectivos de memoria así como las recomendaciones hechas en 2014 por el relator de Naciones Unidas Pablo de Greiff.
El Ejecutivo acaba de comprometerse tras el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU a aceptar las recomendaciones planteadas por Francia y Suiza para “garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del franquismo”. El Gobierno pone la memoria histórica de nuevo en la agenda política. La vicepresidenta Carmen Calvo, de cuyo departamento depende la secretaría de Estado de memoria democrática, acaba de visitar la fosa de Pico Rejo, en Sevilla —donde anunció que el Ejecutivo contribuiría con 250.000 euros a la identificación de restos—, y este lunes tenía previsto desplazarse a París para participar en un homenaje a víctimas del fascismo y a los héroes de la nueve, la compañía que liberó la capital francesa durante la Segunda Guerra Mundial, pero la prolongación de la cumbre europea obligó a suspender el viaje. Aún no hay un texto definitivo, pero estas son las líneas maestras de la nueva ley.
Pedagogía. En su informe sobre España, el relator de Naciones Unidas dedicó un apartado específico a la Educación. De Greiff explicaba cómo “algunos libros de texto” continuaban refiriéndose a la Guerra Civil “en términos genéricos, perpetuando la idea de una responsabilidad simétrica”. El secretario de Estado para la memoria democrática, Fernando Martínez, ya anticipó en una entrevista en EL PAÍS su convicción de que la represión franquista debe estudiarse en las escuelas. Ese afán “pedagógico” es la principal novedad de la nueva ley, según fuentes que trabajan en su redacción. No solo desde el punto de vista curricular, sino en la elaboración de contenidos que los profesores puedan descargar para compartir con sus alumnos, charlas de víctimas en institutos y en el uso de nuevas tecnologías para facilitar la transmisión de ese conocimiento a los más jóvenes.
Exhumaciones, censo y banco de ADN. El forense Francisco Etxeberria, que asesora al Gobierno en la elaboración de la ley, calcula entre 20.000 y 25.000 las víctimas que se podrían recuperar en fosas comunes en cuatro o cinco años. La ley de 2007 establecía un sistema de subvenciones de forma que eran las asociaciones de familiares las que asumían todo el proceso. Esa ha sido la principal crítica de Naciones Unidas, que hablaba de “privatización” de las exhumaciones y “abandono” de las víctimas. El Gobierno pretende corregir eso involucrando a todas las Administraciones y al Ministerio Fiscal. Además se elaborará un censo oficial de víctimas, reuniendo información ahora dispersa y dándole un carácter oficial a la cifra del episodio más trágico de la historia contemporánea española: la Guerra Civil.
También habrá un banco de ADN. Un programa informático permitirá crear un repositorio de forma que cada laboratorio pueda subir los perfiles genéticos de familiares y de los restos recuperados en las fosas para realizar cotejos e identificaciones.
Sanciones y archivos. La nueva ley incorporará sanciones por incumplimiento para castigar a Administraciones o entidades que hasta ahora habían remoloneado, por ejemplo, a la hora de retirar símbolos franquistas. La nueva ley también pretende proteger documentos relativos a la Guerra Civil y facilitar su acceso. Uno de los mayores problemas en este sentido es la Fundación Francisco Franco, que custodia más de 30.000 documentos históricos. El Gobierno busca mecanismos para ilegalizar a entidades que hagan apología del franquismo, aunque la fórmula podría ser a través de la ley de fundaciones en lugar de la de memoria democrática.
Valle de los Caídos. La exhumación de Franco fue el primer paso para resignificar el monumento.En todo el complejo no hay un solo cartel que explique que fue construido por presos o que alberga los restos de más de 33.800 víctimas, entre ellas, republicanos llevados allí sin el consentimiento de sus familiares. El Ejecutivo quiere trasladar la tumba de José Antonio Primo de Rivera, ahora junto al altar, a las capillas laterales, con el resto de víctimas, pero si la familia desea llevarse los restos, no pondrá objeciones. El propósito es convertir el Valle de los Caídos en un lugar de memoria y “pedagogía democrática”.
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