Si se persigue a estas empresas, vamos a ver persecuciones contra fantasmas; se debe ir contra las firmas que las adquirieron, consideró.
El primer paquete de denuncias contra 43 empresas factureras que defraudaron al fisco por 55 mil 125 millones de pesos durante el ejercicio fiscal 2017 es bueno, pero será difícil recuperar ese dinero, opinó Gabriel Reyes Orona, exprocurador fiscal de la Federación.
Durante la Mesa de Análisis de Aristegui en Vivo, señaló que lo que se dio a conocer en la conferencia matutina del martes es positivo porque permitirá conocer a estas empresas, y al mismo tiempo mandará el mensaje de que no se debe acudir a este tipo de prácticas.
No obstante, sostuvo que el tema no debe ser visto como un objetivo de recaudación o como algo que pueda aliviar las presiones sobre la situación fiscal.
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“Todo aquí tiene que ver con pruebas. Aquí hay imputaciones que dicen que no se prestó un determinado servicio o no se expidió o adquirió alguna determinada mercancía. Aquí lo importante va a ser la prueba que se pueda llevar a cabo ante las autoridades judiciales, pero lo lamentable es que se da en un entorno de un nuevo esquema en la reforma constitucional que tiene como característica el ser autoritario”, expuso.
“El derecho de audiencia de los particulares se ve vulnerado de manera muy importante primero porque se ha estado ligando esta facultad de la investigación de lavado de dinero con la persecución fiscal. Para que pueda haber persecución en materia de lavado de dinero tiene que haber certeza en una simple conjetura sobre la duda del origen de dinero”, agregó.
Durante la mañanera, Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Federación, señaló que desde 2010 se crearon empresas factureras con el objeto de bajar los impuestos o no pagarlos.
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Además, dio a conocer que se presentarían siete querellas contra los grupos principales de estas factureras para intentar cuadrar dos delitos: defraudación fiscal y lavado de dinero para tratar de equiparar a delincuencia organizada.
Al respecto, Reyes Orona aclaró este modus operandi no surgió hace 10 años, sino antes, pero sí consideró que durante el sexenio de Felipe Calderón este asunto se le salió de las manos a las autoridades.
“Hace 10 años se generalizó, pero este asunto de utilizar facturas venía ya del pasado desde las falsas figuras del outsourcing ya que gradualmente se fueron dando cuenta que las sociedades cooperativas y después los sindicatos, servían bien para expedir comprobantes que no estaban amparando un bien o servicio”, explicó.
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También indicó que las empresas factureras por definición son fantasma porque en la mayor parte de las ocasiones los socios son personas o prestanombres que carecen de cualquier respaldo económico, ni los activos ni la existencia patrimonial que permita responder por estas persecuciones.
“Perseguir a la facturera se ve poco probable. En realidad hoy en día el proceso se va a llevar contra las empresas que las adquirieron”, manifestó.
“Lo importante es si estas siete denuncias son en contra de las factureras, porque si así lo es, lo más probable es que vamos a ver persecuciones en contra de fantasmas, en contra de sujetos que no van aparecer”, abundó.
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Sobre los tres meses que dará el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a los contribuyentes que adquirieron facturas falsas para que cumplan y se regularicen, Reyes Orona apuntó que es importante que México no pierda credibilidad en sus procesos.
Por lo anterior, externó que se deben mantener procedimientos equitativos en los cuales no se presione o amague al particular con un congelamiento de cuentas o fusilamiento financiero antes de darle oportunidad de probar si hubo en efecto la venta de bienes y servicios.