El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cerrará este miércoles un acuerdo para cubrir seis puestos clave del Tribunal Supremo, según fuentes del órgano. Están en juego tres plazas de magistrado de la Sala de lo Penal y las presidencias de tres Salas de las cinco que tiene el Supremo: la Sala Tercera o de lo Contencioso, la Cuarta o de lo Social, dedicada al ámbito laboral, y la Quinta o de lo Militar. El pacto ya alcanzado entre los sectores conservador y progresista es que estas seis plazas de ningún modo pueden quedar vacantes, aun asumiendo que habrá críticas por no congelar los nombramientos mientras el CGPJ no sea renovado.
El Consejo está en una situación de mandato prorrogado porque tendría que haber sido renovado en su composición —previo acuerdo de los partidos políticos— hace casi dos años. Pero el criterio que se ha impuesto en el órgano de gobierno de los jueces es que eso no implica que le falte legitimidad para acordar los nombramientos mientras siga en plenitud de funciones. Y las designaciones son importantes, porque las plazas de la Sala de lo Penal son hasta la jubilación, y las presidencias de las Salas son para los próximos cinco años.
La presidencia más disputada es la de la Sala de lo Contencioso, que puede quedar en manos de Pilar Teso o César Tolosa, que representan respectivamente a progresistas y conservadores. Es un cargo de especial importancia porque la jurisdicción contenciosa decide asuntos de gran repercusión económica y, con frecuencia, también política. Basta recordar el caso de los impuestos de las hipotecas o los recursos contra el traslado de los restos de Franco, por ejemplo. Esta presidencia está de algún modo asociada a la de la Sala Quinta o de lo Militar, ya que también en esta están en liza un candidato conservador, el exfiscal general Julián Sánchez Melgar, y uno progresista, Jacobo Borja de Quiroga López. El punto de partida del pacto consiste en que ni la izquierda ni la derecha judiciales pueden obtener las dos presidencias.
En cuanto a la Sala de lo Penal se da por prácticamente segura la elección del progresista Javier Hernández, actualmente en el Tribunal Superior de Cataluña y expresidente de la Audiencia de Tarragona. La segunda plaza sería para Concha Espejel o Ángel Hurtado, respectivamente presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y magistrado de esta misma instancia. Para la tercera plaza de la Sala de lo Penal del Supremo figuran, entre otros, José de la Mata, Jesús Barrientos y Lorenzo del Río. La Sala Social será presidida por María Luisa Segoviano o Lourdes Arestey, la primera conservadora y la segunda de la Asociación Francisco de Vitoria, el centrismo de la carrera judicial. Lo seguro, por tanto, es que por primera vez en la historia del Supremo la presidencia de una Sala quedará en manos de una mujer.
Source link