Varias organizaciones no gubernamentales (ONG), algunas de alcance internacional como Greenpeace y Amnistía, denuncian que sus actividades en India corren peligro después de que el gobierno haya congelado sus cuentas bancarias, obligándolas a reducir su personal y su ámbito de actuación. El Ejecutivo indio del nacionalista hindú Narendra Modi ha cancelado la licencia de más de 20.000 organizaciones sin ánimo de lucro en los últimos cuatro años, acusadas de recibir financiación ilícita procedente del extranjero. Amnistía Internacional denuncia que las medidas son parte de una “campaña de difamación” contra la reputación de organizaciones y activistas disidentes ante determinadas políticas gubernamentales.
“No podemos pagar los salarios. Por lo que hemos tenido que tomar decisiones difíciles”, afirma Aakar Patel, director de Amnistía Internacional en India, que ha dejado en suspenso el pago de medio centenar de nóminas después de una redada en su oficina india en octubre. Desde entonces, la Dirección para la Aplicación de la Ley, agencia del Gobierno indio encargada del control financiero, bloqueó las cuentas de la conocida organización en defensa de los derechos humanos. Amnistía ha impugnado el caso ante los tribunales y critica que se le trate “como una empresa criminal”.
La agencia del Gobierno indio asegura que Amnistía “sorteó la FCRA [Ley de Regulación para las Contribuciones Extranjeras] mediante una entidad comercial flotante” que “ha recibido donaciones extranjeras por rutas comerciales de hasta 360 millones de rupias [4,3 millones de euros]”. En 2016, la licencia de Amnistía India fue cancelada en base a esa ley, por lo que su central en Reino Unido abrió una compañía privada para dar servicios a la filial en el país asiático. Esta es una práctica común ante gobiernos que endurecen su control sobre ONG. “Todas las transacciones [entre la sociedad limitada y la sede en Londres] se han hecho cumpliendo las leyes indias. No hay queja formal contra nosotros”, resume Aakar Patel, cuya casa también fue registrada.
Un día antes de la redada, Amnistía había exigido una “investigación imparcial, independiente y efectiva” sobre la muerte de siete civiles en la región de Cachemira administrada por India. Semanas antes, las autoridades investigaron las oficinas de Greenpeace India y cancelaron sus cuentas alegando prácticas similares. “El Gobierno acusa a Greenpeace India de violar una sección de FEMA [Ley de Administración de Divisas] pero no da ninguna prueba sobre cómo hemos infringido esa provisión”, explica Nandikesh Sivalingam, el director de campaña de la organización dedicada a la preservación del medio ambiente.
Al igual que Amnistía, Greenpeace Internacional fundó una start-up para la colecta de fondos en 2015, cuando el Gobierno canceló la licencia de su sucursal india alegando que “suponía una amenaza potencial para la seguridad económica nacional”.
Ese mismo año, se filtró un informe confidencial de la Oficina de Inteligencia dirigido al recién electo primer ministro, Narendra Modi, alertando de que un “número significativo de ONGs indias [financiadas por EEUU, Reino Unido, Alemania, Holanda y los países escandinavos]” realizaban “actividades anti-desarrollo” cuyo “impacto negativo en el crecimiento del PIB se estimaba en 2%-3% al año”. Greenpeace contrarresta la acusación señalando el daño que para la economía india tienen las agresiones al medio ambiente: “La contaminación y la degradación del suelo reducen el PIB de India más del 5% según el Banco Mundial. Las alegaciones [del Gobierno] no tienen sentido”, razona Sivalingam.
Desde entonces y hasta finales de 2016, el Ejecutivo canceló las licencias de alrededor de 20.000 organizaciones; entre ellas, Cáritas, reduciendo su número a un tercio según medios locales. El Ministerio del Interior, por su parte, cifra en 4.872 las organizaciones cuyas licencias han sido canceladas en los últimos tres años.
La mano dura fue respondida por una carta-denuncia firmada por una veintena de ONG, entre ellas Amnistía, mientras que expertos de la ONU llamaban a que el Gobierno anulase la ley y la revista Forbes titulaba que Modi estaba convirtiendo a la democracia más grande del mundo en un Gran Hermano. La persecución de las voces críticas no se ciñe a las filiales indias de grupos internacionales. La financiación de los grupos locales en defensa de comunidades tribales y de los intocables -los más pobres en el sistema de castas hindú- se ha paralizado y se ha detenido a activistas, incluidos abogados.
Uno de los casos más sonados es el de la activista Teesta Setalvad. Ella y su marido, periodista, fueron denunciados en 2018 por defraudar cerca de un millón de euros – posteriormente recibieron medidas de protección contra su arresto del Supremo – y medios afines al Gobierno les acusan de “antipatriotas” e “incitadores al odio contra los hindúes”.
Teesta desciende de una conocida familia de abogados – su abuelo fue el primer fiscal general del país – y recibió el premio Padma Shri, uno de los mayores honores del país, hace una década. Pero su reputación cayó en desgracia cuando inició un proceso legal contra el Estado de Gujarat por instigar la violencia religiosa que causó más de mil muertos en la región en 2002. El Centro para la Justicia y la Paz, una de las organizaciones que ella dirige, busca procesar al actual primer ministro, Narendra Modi, porque en aquella época era jefe del Gobierno de Gujarat. Desde que empezó la investigación, se han cancelado las licencias de las ONG que ella fundó. “El Gobierno ha usado la ley para una vendetta contra Teesta y su investigación sobre la limpieza étnica en Gujarat”, cuenta a su marido, Javed Anand.
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