Serafín Romero, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, asegura haber asistido “atónito”, como el resto de ciudadanos, al rifirrafe en público que han mantenido en los últimos días el Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid. Como la mayoría de los expertos consultados, asegura que es necesario fijar una serie de “criterios únicos para todo el país”, un “escenario común para todos” que pueda evitar estos vaivenes que tienen que ver más con la política que con la ciencia. Es evidente, afirma también, que Madrid tendría que estar tomando medidas más restrictivas, “similares a las de la primera ola”. Pero no solo Madrid: comunidades como Navarra y La Rioja van registrando cifras cada vez más preocupantes, añade. “No queremos que se repita lo acontecido en marzo y abril”.
En conversación con EL PAÍS, Romero recordó también que su organización apoya la petición que han hecho varios expertos en la revista científica The Lancet para que se lleve a cabo una evaluación “externa, profesional, científica” de la gestión de la pandemia en España. Cree que se actuó tarde, pero entonces se desconocía la magnitud que iba a tener. El 29 de febrero el consejo general pidió a los médicos que no asistieran a congresos científicos. “Se nos tachó de exagerados. Cuánto nos hubiera gustado equivocarnos”, recuerda. Ahora, en cambio, “tenemos más conocimiento y sabiendo que viene una pandemia económica y social no deberíamos demorar las medidas más restrictivas por discrepancias políticas”, añade. Eso sí, con “un gran consenso”. “Los ciudadanos no entienden nada. Lo que piden es que se pongan de acuerdo”.
El Foro de la Profesión Médica del consejo que preside se reunió este lunes y salió con otra conclusión sobre la presunta falta de médicos que ha esgrimido Madrid para justificar el estado de la atención primaria en la región. Lo que no hay, asegura Romero, es una política de recursos humanos. Según sus datos existen unos 12.000 profesionales, entre jubilados y licenciados, que podrían incorporarse de forma “excepcional” al sistema sanitario, especialmente en atención primaria.
Romero asegura que no entiende que una región acepte confinarse solo si otras también lo hacen, y que a la hora de tomar esas decisiones pesan también otros parámetros, que deberían estar ya definidos para evitar este tipo de discusiones. “No se lo merecen los ciudadanos ni lo merecemos los profesionales”. Su organización pidió ya en agosto un “golpe de timón”: “Tomen ustedes las riendas de estas decisiones y a ser posible presenten un modelo explicativo, que es esencial”.
El escenario de ese acuerdo debería ser el Consejo Interterritorial, asegura, del mismo modo que en la reunión de ministerio y comunidades de mediados de agosto se decidió el cierre del ocio nocturno y la prohibición de fumar en la vía pública. Los criterios para aplicar restricciones, que son “decisiones políticas difíciles”, deberían haberse pactado también en ese “cogobierno” y ser de obligado cumplimiento en todo el país.
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