Es preocupante que solo seamos capaces de defender la democracia cuando sirve a nuestros intereses. Les negamos el derecho a los que piensan diferente a obtener sus triunfos electorales y, peor aún, no somos capaces de entender que las garantías que nos protegen a nosotros, también les protegen a ellos con el mismo rigor. Hace algún tiempo, el Gobierno español consiguió exhumar el cadáver del dictador del Valle de los Caídos. Lo logró tras cumplir escrupulosamente todos y cada uno de los recursos que la familia presentó ante los tribunales para impedirlo. Muchos criticaron la dilatación de los tiempos, pero visto con perspectiva, aquello fue una bendición, porque resignificó que las conquistas políticas no se logran con manotazos de autoridad, sino por la lenta racionalidad del respeto a las garantías de todas las partes en litigio. Ahora puede volver a apreciarse la histeria de los intransigentes, por mucha razón que les ampare. Cuando los tribunales de Madrid anulan las restricciones dictadas por el Gobierno, razonan su argumentación y proponen otro camino legislativo para llegar al mismo lugar. No se alzan como una resistencia política infranqueable. Como demostró el Gobierno al dictar el estado de alarma, lo que los tribunales le requerían era claridad, rigor y ajustarse a las normas.
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