El ventilador está roto, así que esta familia madrileña, en pleno julio, pasa mucho calor. Clara prefiere no dar su nombre real. Cuenta su historia como si no fuera una hazaña cada final de mes superado. Pero lo es. A sus 32 años es madre de tres niñas de ocho, nueve y doce años. Vive con su abuelo y su madre. Ingresan unos 900 euros, entre la pensión de él y su sueldo como dependienta a tiempo parcial. Más de la mitad del dinero va íntegro al alquiler. Con los recibos se va apañando, retrasando los que puede, abonando los urgentes. La ropa en casa es heredada. Antes del confinamiento no tenían ordenador. Los niños hacían su principal comida diaria en el colegio. Su contrato finaliza en septiembre y está preocupada. Así lleva años. Quitándose a ella para dárselo a sus hijas. Conviviendo con el estrés de no saber qué pasará mañana.
Clara y su familia viven en situación de pobreza severa, medida como el 40% de la mediana de renta del país por unidad de consumo —la magnitud utilizada para estudiar la pobreza, según la cual se otorga un valor a cada miembro de la familia y se calcula el dinero mínimo que deberían percibir en el hogar para dejar de considerar que está en situación de pobreza—. Según los últimos datos del INE, son 5.914 euros para una persona sola. En el caso de la familia de Clara, deberían ser 17.151 euros anuales. Pero con sus 900 euros al mes, ni siquiera rozan esta cantidad. Como ella, casi 4,3 millones de personas viven en España al límite. Son el eslabón más débil de la sociedad, muchas veces invisible, que vive con ingresos muy bajos o, en el peor de los casos, sin ellos siquiera.
Un informe presentado este jueves por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN-ES) traza una radiografía de este colectivo, formado por el 9,2% de la población, con cifras de 2018 (que tienen en cuenta la renta del año anterior). El efecto de la pandemia no está recogido, por tanto, en estos números, que la organización está convencida de que empeorarán debido a la crisis de la covid-19. Pero la realidad que reflejan ya es preocupante. Hay unas 800.000 personas en pobreza severa más que en 2008. Pese a la recuperación del PIB en los últimos años tras la crisis económica, la vulnerabilidad se intensifica y se estanca.
Tres de cada cuatro personas mayores de 15 años en esta situación son españolas, según el informe. Y, a pesar de que el grupo mayoritario es de quienes están desempleados (32,8%) o tienen estudios primarios o inferiores (32,3%), casi tres de cada 10 de los mayores de 15 años (30,3%) tiene trabajo. Son alrededor de un millón de personas que, pese a contar con un contrato, no escapan de la vulnerabilidad. Además, casi cuatro de cada 10 personas mayores de 15 han acabado la segunda etapa de secundaria o tienen educación superior (36,5%): son 744.900 y 496.700 personas, respectivamente, según el estudio. Su formación no les ha salvado de la precariedad.
Clara es auxiliar administrativa, pero nunca ha ejercido, le piden experiencia así que no la contratan, cuenta ella. Tampoco ha logrado un empleo indefinido por el momento, aunque ella no ceja en su empeño. “No paro de echar currículums. También para mi madre, aunque sea por horas, para limpiar, pero es difícil, tiene 55 años”, explica. En marzo su empresa aplicó un ERTE. Hasta mayo, cobró unos 400 euros. Pagan 530 euros de alquiler, aunque sus caseros permitieron que aplazara los pagos durante el estado de alarma, así que ahora abona 630 euros cada mes, para saldar la deuda. Cerca de la mitad de las personas en pobreza severa destinan al menos la mitad de sus ingresos a los gastos de la vivienda. Este grupo de población gana de media cinco veces menos anualmente que el resto de la población. Atendiendo a la unidad de consumo, son 3.533 euros anuales por persona, frente a los 18.291 del resto de ciudadanos del país que no se encuentran en esta situación.
Clara cuenta que sus hijos consumen las proteínas necesarias porque pidió ayuda con la comida a los servicios sociales. Pero un 14,9% de quienes están en pobreza severa no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días, frente al 2,4% del resto de la población. También se han enfrentado a dificultades en los estudios. Antes del estado de alarma, no tenían ordenador, como el 23,2% de quienes viven en esta situación de vulnerabilidad (frente al 3,8% del resto de ciudadanos). “Estuvimos cerca de un mes usando mi móvil para que las tres niñas se turnaran para hacer los deberes”, dice.
La Fundación Balia les dio dos que les cambiaron la vida durante el confinamiento y les prestó un tercero. “¡Buf, ni lo pienso!”, exclama al escuchar las palabras “gasto imprevisto”. No puede permitírselo, igual que siete de cada 10 personas en pobreza severa. Tres de cada 10 tampoco pueden sustituir la ropa estropeada por otra nueva y una de cada 10 no se puede permitir dos pares de zapatos. “Yo me apaño con lo que tengo. Para las niñas afortunadamente los conocidos me dan, y van heredando de unas a otras. Con los zapatos, cuando se rompen, me espero a las rebajas”, afirma.
“El informe publicado por el relator de la ONU [que alertaba sobre la pobreza en España] no está basado en casos aislados”, ha apuntado este jueves Juan Carlos Llano, autor del informe y responsable de investigación de EAPN-ES —una red formada por más de 8.000 ONG, entre ellas, Cáritas o Cruz Roja—, sino que “corresponde a una situación estructural que se arrastra desde hace muchos años”. Carlos Susías, presidente de la organización, ha advertido de la “gran diversidad territorial”, con tasas de pobreza severa del 23% en Ceuta o del 16% en Canarias, frente al 2,6% de Navarra o al 3,6% de Aragón.
“Tener hijos es un factor de riesgo”, ha añadido Llano. El 11,4% de los hogares donde viven menores están en situación de pobreza severa, frente al 7% de las familias sin críos. “El porcentaje sube a medida que aumenta el número de niños. Una de cada cinco familias numerosas está en pobreza severa. Una de cada cuatro, en el caso de los hogares monoparentales”, ha continuado Susías, quien ha criticado que la protección que reciben es insuficiente, con un sistema de rentas mínimas desigual, que ofrece una cobertura mucho más elevada en comunidades como Navarra o País Vasco que en Castilla-La Mancha o en Andalucía.
Por ello, la organización defiende el ingreso mínimo vital aprobado recientemente, aunque pide “mejoras durante el trámite parlamentario” y “que se apruebe el reglamento que permita poner en marcha sus potencialidades”, en palabras de Susías. Así como que “las comunidades no recorten los 1.500 millones que gastan ahora en las rentas mínimas” y que se implemente la estrategia de lucha contra la pobreza aprobada el año pasado. Esta red considera que es vital actuar sobre la calidad del empleo y sobre la vivienda, con una ley estatal y con ayudas al alquiler. “Debemos recordar que tenemos más de cuatro millones de personas en situación de pobreza severa, pero se elevan a 12 si hablamos de pobreza [relativa]”, apunta. El sociólogo que elaboró el informe teme el impacto del coronavirus, aunque precisa que su magnitud dependerá de cómo se implemente el ingreso mínimo vital.
Clara, que no percibe ninguna ayuda económica, recalca que son muchos quienes están en su situación. Superando obstáculos día a día. Luchando para que sus hijos tengan oportunidades. Encara este verano con ilusión. “Mi cuñado nos ha pagado un viaje a Asturias y nos prestará su casa”, dice emocionada. “¡No me lo esperaba, después de tres años sin vacaciones!”
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